Por: Angeyeimar Gil
Si leemos la Ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (LOCDOFT), sus artículos iniciales sobre el objeto de la ley y las definiciones describen sorprendentemente acciones u omisiones en las que es el Gobierno quien las ha materializado. Sin embargo, las cárceles venezolanas siguen recibiendo a hombres y mujeres acusados de terroristas. Son gente común, trabajadores, la juventud de los sectores populares. Es decir, los pobres.
Según esta ley, los actos terroristas son los que atentan “contra la vida de una persona que puedan causar la muerte”. Podemos inferir entonces que desde 2017, en el J. M. de los Ríos, los niños, niñas y adolescentes que esperan un trasplante han sido víctimas de terrorismo. La decisión del Gobierno de suspender el sistema de procura de órganos, tejidos y células, ha provocado la muerte de 70 de ellos. Es un acto claramente terrorista, de acuerdo a esa ley.
Pero resulta más útil para el régimen encarcelar enemigos usando como base la ambigüedad de una ley discrecional, en la que todas las acciones pueden ser consideradas como sospechosas y todos estamos en riesgo de ser señalados de terroristas por algún dedo vinculado al poder.
En 2012 se alertaba a la sociedad sobre las implicaciones de una norma de este tipo, con carácter autoritario y en manos de gobernantes igualmente autoritarios. Diez años tiene de vigencia ¿Pero y cuántos estarán pagando condenas como terroristas, siendo inocentes?
Vayamos más allá. La ley dice que es un acto terrorista “causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas”. Por ejemplo, lo que ha sucedido con las escuelas de país, que no tienen nada, que se caen a pedazos, en las que no hay servicios públicos y es un riesgo para NNA ir a estudiar, ahí parece haber una acción claramente terrorista.
Sin embargo, el objetivo parece claro: tener leyes ajustadas a sus intereses que puedan —como en efecto hacen— meter en prisión, acusado de terrorista, a quien sea; a la disidencia, a la oposición y todo el que afecte sus proyectos, todo ello sin cubrir las formas mínimas de justicia.
Pero al hablar de terrorismo pensamos en Bin Laden, las Torres Gemelas o grupos religiosos del Medio Oriente. Por el contrario, quienes están tras las rejas en Venezuela señalados de terroristas, esperando juicios con retrasos procesales injustificables o cumpliendo las condenas más amplias de la justicia venezolana, son jóvenes de la cota 905, de Petare, trabajadores populares, líderes sociales y presos políticos.
Según la LOCDOFT es un acto terrorista la “liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas”. Entonces, las explosiones que suceden cada cierto tiempo —con mayor frecuencia en los últimos años— en los rieles del Metro de Caracas, que han provocado incendios de vagones en los que la gente pobre, la clase trabajadora que lo usa, deba salir corriendo para protegerse, suena claramente como un acto terrorista. Algunos no han logrado salir con vida.
“La perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas”, es un acto terrorista según esta ley. En Venezuela hay sectores que pasan meses sin recibir agua y muchas familias sufren las consecuencias de un sistema de distribución de gas ineficiente, que ha ocasionado lamentables muertes, quemaduras y accidentes en viviendas de los más pobres del país. Aquellos que usan gas de bombona, los que viven en la copita del barrio y los sectores más alejados de la ciudad, padecen el terrorismo a mansalva.
Pero ha sido peor. Hace tres años todo el país quedó sin luz por cinco días en las zonas que corrieron con mejor suerte. Los más pobres, los del interior, pasaron hasta 15 días sin electricidad. Hubo muertes en hospitales por esa acción que, según la LOCDOFT, es un acto terrorista. Aquella vez achacado a un ataque electromagnético.
Todo lo descrito coincide con las definiciones de la LOCDOFT. Y todos los casos son obras del Gobierno desde hace al menos una década. Las muertes por esas acciones terroristas han ido en aumento. Sus responsables están libres y mandando. En cambio, se acusa a los pobres, a los que sufren las consecuencias de esos actos, de ser terroristas por salir a las calles a exigir al Estado la restitución de sus derechos.
Los detenidos por terrorismo, hoy, son los que alzan su voz contra el terrorismo del Estado. Los acusan de terroristas si son luchadores sociales que desenmascaran al gobierno y siembran en el pueblo ideas de justicia, lucha y libertad. Son esas ideas políticas las que los llevan a ser señalados como terroristas, pero no por que encajen en alguno de los delitos tipificados en la norma, sino porque causan terror en las alturas del poder. Le toca entonces a la sociedad emprender la lucha por liberar a los luchadores sociales, convertidos en presos políticos, acusados hoy de “terrorismo”. Y que a los verdaderos terroristas les caiga todo el peso de la ley.
ANGEYEIMAR GIL | @angeyeimar_gil
Docente de la Escuela de Trabajo Social de la UCV. Trabaja como investigadora en la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redhnna)
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