Ciudadanos, municipios y la crisis eléctrica

El apagón de marzo de 2019 en Venezuela, producto de un deterioro del sistema y la ausencia de inversión en el mismo, como bien lo han expresado los expertos y la propia Asamblea Nacional —lo dejó claramente establecido en el Informe de la Comisión Mixta que evaluó el tema eléctrico en el año 2017—, permite reflexionar sobre el desafío institucional para enfrentar esa crisis desde el ámbito municipal.

Si se ha venido planteando como desafío el rescate del orden constitucional y democrático en Venezuela, tal vez la crisis eléctrica y en consecuencia, la crisis en la prestación del servicio de agua potable, puedan servir para concretar tal desafío a través de la participación en la demanda y defensa de servicios públicos con calidad y eficiencia.

El Municipio históricamente se ha reconocido como la unidad política primaria y la más cercana al ciudadano; en consecuencia, la ausencia prolongada de electricidad y de agua en los hogares genera un malestar social que termina reclamando y exigiendo respuestas y apoyo a las autoridades locales.

La Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico (LOSSE), cuando desarrolla el artículo sobre los destinatarios de esa Ley, reconoce al Municipio como un actor en el Sistema Eléctrico Nacional; tan es así, que el propio texto plantea la necesidad de adecuar los planes municipales relativos a la prestación del servicio eléctrico al Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

¿Cuántos municipios tienen planes en esa materia? En este mismo sentido, ¿esta crisis, consecuencia del apagón nacional, no les exige la responsabilidad de aprobar un plan de contingencia para enfrentar la situación actual?; por lo menos, la LOSSE lo exige al órgano rector del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Lo tendrá?

Pero además, el rol del municipio como actor en el Sistema Eléctrico Nacional está desarrollado en el Capítulo III del Título II de la Ley, cuando lo identifica como una de las personas que intervienen en la prestación del servicio eléctrico. Por cierto, la LOSSE no reconoce a los Estados como actores del Sistema Eléctrico Nacional.

En tal sentido, si desde 2016 la Asamblea Nacional en sus distintos acuerdos ha reiterado la necesidad de restaurar el orden democrático y constitucional en Venezuela, atendiendo al artículo 333 de la Constitución Nacional, es oportuno evaluar cómo los ciudadanos pueden exigir a las autoridades municipales que asuman desde sus atribuciones legales la reivindicación de la norma jurídica y de la institucionalidad democrática en defensa de una oportuna solución para resolver la precariedad en la prestación de los servicios públicos en el Municipio.

En el caso de la electricidad, el Municipio está llamado legalmente a participar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica en la planificación del servicio eléctrico. Pero además, ese mismo artículo 32 de la ley vigente faculta a los municipios a apoyar al Ministerio en la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico en su jurisdicción respectiva.

En consecuencia, las autoridades municipales podrían tomar la iniciativa de monitorear la crisis y en base a ella, con el apoyo de vecinos, presentar propuestas legítimas y viables para asumir la contingencia y restaurar la adecuada prestación del servicio de electricidad.

Una de las acciones que las autoridades municipales pudieran promover es precisamente la organización de los usuarios a los fines de vigilar la calidad de los servicios públicos, pues además, para la LOSSE reconoce al usuario el derecho a participar en esa vigilancia o fiscalización.

Para ello, es oportuno recordar que conforme al numeral 2 del artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), el Municipio puede convocar a una comisión de vecinos para hacer vigilancia de la crisis en la prestación del servicio eléctrico en el municipio y de allí emitir un informe a Corpoelec y a la Asamblea Nacional, que permita no solo monitorear la realidad en esta materia y valorar la crisis, sino que además facilite la inclusión de los vecinos en la defensa de un servicio público que debe ser prestado en los términos que establece la propia LOSSE.

Para esta ley, la prestación del servicio por parte del Estado debe responder a los siguientes criterios: igualdad, continuidad, flexibilidad, integralidad, imparcialidad, transparencia, participación, confiabilidad, eficiencia, corresponsabilidad, solidaridad, equidad y sustentabilidad económica y financiera, contribuyendo a lograr la mayor suma de felicidad posible.

La incorporación de los vecinos de manera institucional podría acercarnos a ese objetivo del Plan País que plantea el empoderamiento del ciudadano a través de la prestación de los servicios públicos; más concretamente, permitiría empoderar al ciudadano en la crisis y diseñar estrategias y acciones no solo para el reclamo efectivo de las denuncias, sino para levantar un diagnóstico con propuestas y abordar la necesaria sensibilización sobre la crisis para poder afrontarla con mayor efectividad.

Además, esa comisión de vecinos a que hace mención la Ley Orgánica del poder Público Municipal permitiría reivindicar la institucionalidad del Municipio, restaurando su rol de unidad política primaria. Esa comisión, por la misión que le encomendó el legislador, es el espacio idóneo para el desarrollo de la contraloría social sobre el servicio público eléctrico en el Municipio, conforme al artículo 270 de la LOPPM. De allí podría surgir el diseño del Plan de Contingencia que se requiere.

Pero la participación de los municipios no se reduce a la promoción de la participación de los vecinos en el tema del servicio eléctrico; también abarca el ámbito normativo, pues son llamados a dictar e implementar normativas municipales para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica y a diseñar acciones para formar a los usuarios en el uso eficiente y racional del servicio eléctrico.

Dos atribuciones concretas que hoy en la crisis existente resultan oportunas y útiles para ser desarrolladas en el marco de una reivindicación del principio de autonomía municipal que la Constitución garantiza. Por lo tanto, los concejales y los alcaldes están llamados a ser los promotores de una ordenanza o plan de contingencia que concrete esa atribución expresamente reconocida en los numerales 6 y 7 del artículo 32 de la LOSSE, a los fines de poder enfrentar las expectativas de los vecinos y sensibilizarlos sobre la realidad crítica del sistema.

Estas acciones que permitirían movilizar al ciudadano, canalizar su frustración, rabia e indignación, resultarían útiles para presionar a las autoridades a buscar la respuesta al problema, que en estos momentos no es otra que el cese de la usurpación.

Con estas acciones no se busca reivindicar el modelo de gestión socialista a que hace referencia la LOSSE; por el contrario, lo que proponen las mismas es restituir y recuperar el valor de la participación, de la ciudadanía y acercarnos a ese empoderamiento a que hace mención el Plan País.

Como usuarios, la LOSSE, según su numeral 2 del artículo 34, nos da el derecho a organizarnos para la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico, así como la protección y seguridad de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio eléctrico. Todo ello, sumado al derecho a recibir información oportuna y adecuada. ¿Son estos aspectos útiles a la hora de reclamar que se cumpla con la prestación del servicio en los términos de calidad adecuados?

Si los municipios no toman la iniciativa, entonces hay que denunciar una vez más la indiferencia de las autoridades electas municipales, que lejos de acompañar a los ciudadanos, les dan la espalda.

La Asamblea Nacional y Juan Guaidó, Presidente encargado, han invitado a organizarse de manera efectiva desde lo local. ¿Esta idea de hacer que la ley se active como herramienta de protesta y organización local, en términos institucionales y constitucionales, no es una forma efectiva de cumplir con el 333 de la Constitución y responder a ese llamado?

Si el municipio no responde, las Asambleas de Ciudadanos y las exigencias de Cabildo Abierto pueden resultar las mejores herramientas para dejar constancia mañana de quiénes les dieron la espalda a la democracia y a los ciudadanos.