Caracas.- El día de su detención trae amargos recuerdos a los cuatro venezolanos que fueron declarados inocentes por la Fiscalía ecuatoriana. Se les acusaba de provocar un caos en Ecuador para derrocar al presidente Lenín Moreno en octubre de 2019, pero el juez Miguel Narváez no encontró evidencias suficientes para inculparlos
Se trata de cuatro venezolanos que trabajan como taxistas y permanecían en libertad bajo régimen de presentación. Tenían prohibido salir del país. Tres de ellos recuerdan los detalles de su arresto a El Comercio.
«Nos tuvieron tres horas de rodillas. Con los brazos en alto. Nos revisaron todo, pero no encontraron nada”, relató al diario ecuatoriano uno de los venezolanos.
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Recordó que jugaba cartas con otros conductores. En ese momento, el avión presidencial aterrizaba con el vicepresidente Otto Sonnenholzner a bordo. Un grupo de policías se les acercó y les ordenó que pusieran las manos contra la pared, refiere El Comercio.
Era el 10 de octubre de 2019 y el estado de excepción regía en Ecuador. Una semana antes había comenzado el paro en contra del Gobierno. Las fuerzas de seguridad estaban en alerta máxima, y un mensaje de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en su cuenta de Twitter, anunció lo que parecía un ataque a la seguridad del Estado.
“Tal vez fue un malentendido, pero nos afectó mucho. Ahora nosotros queremos vivir en paz y cerrar ese tema. Personalmente, hasta ahora no me recupero; veo un policía y empiezo a sudar y a temblar”, afirmó otro de los conductores, que vive desde hace más de dos años en Ecuador.
Otro de los detenidos entonces contó que la Policía los presentó ante los medios de comunicación como una peligrosa banda. “Dijeron ‘estos son venezolanos‘ y eso trajo más odio para nuestro pueblo”.
Ese 10 de octubre los trabajadores venezolanos habían estacionado sus autos en una gasolinera, frente a la Sala Protocolar del Aeropuerto Mariscal Sucre.
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Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, dijo a El Comercio que desde octubre han esperado las disculpas públicas de la Ministra de Gobierno.
La nota del periódico ecuatoriano añade que la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Iredh) indicó que en este caso se violaron los derechos humanos y que el Estado promovió la xenofobia al exhibir la información de los extranjeros sin pruebas suficientes.
Tres meses después de los hechos, la Fiscalía no encontró evidencias. El pasado 14 de enero, el juez Miguel Narváez confirmó la inocencia de los sospechosos y declaró que todos eran taxistas de aplicaciones móviles.
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