La joven venezolana de 18 años que fue abusada sexualmente presuntamente por su empleador en Argentina, declaró junto a su madre, Thays Campos, ante la justicia de dicho país cómo fueron los hechos.
La víctima, a quien la justicia Argentina resguarda su nombre por seguridad, dio detalles que no figuraban en el acta policial ante un cuerpo interdisciplinario de profesionales. «Para nosotros es muy importante esta declaración porque es la primera vez que se le permite a la víctima contar el episodio que vivió», dijo el abogado Pablo Baqué a La Nación.
El abogado señaló que la evaluación psicológica de la venezolana fue acorde ante la situación que se encuentra viviendo.»Reflejó de que está viviendo una situación de estrés postraumático compatible con lo que le pasó».
«Esperamos que se tomen los testimonios de las otras dos chicas que también sufrieron situaciones similares para que la causa se eleve a juicio lo antes posible y se haga cargo un tribunal, así salimos de este juzgado de instrucción», manifestó el abogado.
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La declaración de la joven se produce luego de que la jueza Karina Zucconi delegara la orden a la fiscal Silvana Russi, quien comenzó inmediatamente con los protocolos para que la víctima declarara en la sede de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°41.
La declaración de la venezolana hizo que estuviera cara a cara por primera vez ante la fiscal Russi, con quien solo había tenido la oportunidad de conversar por teléfono tras las declaraciones del abogado de Irineo Humberto Garzón Martínez, quien afirmó que el hecho fue consensuado.
El acusado declaró ante la jueza Zucconi que si hubo actos sexuales, pero que todo fue consensuado por la joven. A su vez aseguró que nunca la drogó ni forzó a mantener algún tipo de relación con él.
«La llamó para tranquilizarla y para explicarle que este tipo de cosas suelen pasar en estos casos», contó el abogado de la joven.
La jueza Karina Zucconi fue denunciada el pasado 1 de febrero ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño en sus funciones. La denuncia fue hecha por el consejero Diego Marías, quien solicitó su suspensión; y por el diputado Pablo Tonelli.
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