Hoy es el Día Mundial del Refugiado. Es 20 de junio y un zuliano en Chile no puede evitar sentir una mezcla de esperanza y cautela por el futuro. Tres años y pico después de presentar su solicitud, aguarda todavía el día en que el país austral le reconozca la condición de refugiado. Seis años después, una aragüeña tira la toalla en Perú. Son migrantes forzosos venezolanos ―parte del éxodo más grande que ha visto América Latina y el Caribe en su historia reciente ― que han puesto a prueba la Declaración de Cartagena, considerada un instrumento jurídico y humanitario de vanguardia en la protección de los refugiados, a punto de celebrar su 40º aniversario
El mayor temor de Andrea Rodríguez cuando vivía en Maracay, estado Aragua, era que la mataran.
“A mí me tocó salir de la noche a la mañana. Te soy sincera, salí sola y sin rumbo, sin nadie que me esperara en Perú (…) A mí me corrió la delincuencia”, afirma la venezolana de 36 años, en conversación con El Pitazo.
Un día de 2017, ladrones irrumpieron en su casa y robaron todo lo que tenía de valor. La golpearon. Enseguida, comenzó a recibir amenazas y extorsiones. Le exigían el pago de una «vacuna» para dejarla trabajar tranquila. La profesional de las artes visuales tuvo que abandonar su pequeño negocio de carpintería. También debió abandonar su casa.
“Me fui a la casa de mis padres y era una tortura, porque no me dejaban ni asomarme a la calle. A mi hija tuve que cambiarla de colegio. Era una zozobra (…) Yo me sentía asfixiada (…) Además, a mi hermana la secuestraron dos veces en Venezuela”, recuerda desde Lima.
A mí me corrió la delincuencia
Andrea Rodríguez, solicitante de refugio venezolana en Perú
A la capital de Perú llegó por tierra el 27 de diciembre de 2017. Sola. Sin su hija. Pero siempre acompañada de venezolanos.Con una economía que se fue a pique, un buen número ya había iniciado su huida en masa del país.
Sin más opciones, la maracayera introdujo la solicitud de refugio el 3 de enero de 2018. Seis años después, tira la toalla. Solicitará este 2024 la residencia por tener un hijo peruano, por recomendación de un abogado.
Si bien se siente muy orgullosa de lo que ha conseguido en Perú, Andrea reconoce que la condición de solicitante de refugio está sujeta a restricciones que le impiden alcanzar nuevas metas.
Quiere acceder a créditos bancarios. Disponer de una tarjeta de crédito. Piensa comprar una casa. Se ha dejado la piel durante seis años en Perú para conseguirlo. Con tres trabajos al día, apenas dormía. Unos años después, tiene también a su hija mayor con ella.
¿Quién es un refugiado?
Si Perú le hubiera concedido el estatus de refugiada a Andrea, otro gallo cantaría. Gozaría de una estancia legal desde el primer momento, sin sobresaltos, en la que tendría asegurados el acceso a los derechos básicos en salud, educación, a la unidad familiar, vivienda, a la libertad de circulación y el derecho al trabajo, de manera igualitaria y no discriminatoria, entre otros. Asimismo, garantías de no retorno a Venezuela.
El problema es que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe —incluido Perú— dejó de lado la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984, que amplió la definición convencional de lo que es un refugiado.
En su lugar, respondieron con la implementación de un sinnúmero de permisos, la mayoría temporales y económicamente inaccesibles, lo que ha dejado a numerosos venezolanos en una situación de irregularidad.
A punto de celebrar su 40º aniversario, la Declaración de Cartagena es considerado un instrumento jurídico y humanitario de vanguardia en la protección de los refugiados. ¿Por qué? Porque también tiene en cuenta como refugiados a las personas forzadas a irse de su país “porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.
Un conjunto de situaciones en las que el Gobierno no puede o no quiere garantizar sus derechos básicos, como es el caso de Venezuela.
Esto significa que un buen número de venezolanos puede ser considerado para el reconocimiento del estatus de refugiado, pues no salió de su país de forma voluntaria por placer o mero interés económico, sino forzado por circunstancias que pusieron en riesgo su libertad, integridad y hasta su vida misma.
Apenas 300.759 venezolanos han sido reconocidos como refugiados, la mayoría por Brasil y México
Pero no ha sido así. Los migrantes forzosos venezolanos no han tenido las de ganar. El éxodo más grande que ha visto América Latina y el Caribe en su historia reciente, y el tercero del planeta después de Afganistán y Siria, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sigue ávido de protección internacional.
1.184.889 venezolanos aún esperan respuesta a sus solicitudes de refugio en diversos países de América Latina y el Caribe. Y apenas 300.759 han sido reconocidos como refugiados, la mayoría por Brasil y México bajo el enfoque prima facie o de manera grupal de la Declaración de Cartagena. La buena noticia es que Uruguay también estableció recientemente un mecanismo de aprobación acelerada para las personas procedentes de Venezuela que soliciten refugio, tomando en cuenta la realidad de ese país.
Es decir, los migrantes forzosos venezolanos son reconocidos como refugiados mediante un procedimiento simplificado en el que se pone el foco en las circunstancias objetivas del país de origen y no en las personales.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, considera que la escasa aplicación de la Declaración de Cartagena a los venezolanos responde a varios factores.
Avanzadas pero simbólicas leyes sobre refugiados frustran sueños de venezolanos
“En primer lugar, hay falencias institucionales que hacen difícil el procesamiento de solicitudes de asilo. Hay países cuyos sistemas de protección tienen miles de casos pendientes. Sin embargo, la utilización de procedimientos simplificados y acelerados, así como el reconocimiento prima facie puede contribuir a una tramitación más expedita de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado”, explica, consultado por El Pitazo.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, con sede en Santiago de Chile, añade: “En segundo lugar, existen tensiones políticas en los países que pueden hacer difícil la aplicación de la Declaración de Cartagena a las personas venezolanas, sobre todo si se puede interpretar como una mayor apertura a la llegada de extranjeros en lugares donde la percepción de la ciudadanía ha ido empeorando con el tiempo y existe rechazo a la llegada de personas migrantes o refugiadas”.
A punto de celebrar su 40º aniversario, la Declaración de Cartagena es considerado un instrumento jurídico y humanitario de vanguardia en la protección de los refugiados
Ramaciotti considera necesario fortalecer los sistemas de protección en los países receptores para que se garantice el acceso al procedimiento de refugio, se respete el debido proceso y se den respuestas oportunas.
Asimismo, plantea un sistema de protección complementaria para quienes no sean reconocidos como refugiados, pero de todas formas se encuentren en una situación de riesgo.
Refugiado: entre la frustración y la incertidumbre
Hoy es 20 de junio. Es el Día Mundial del Refugiado. Es jueves y Luis Manuel (*) no puede evitar sentir una mezcla de esperanza y cautela por el futuro.
Tres años y pico después de presentar su solicitud, el venezolano aguarda todavía el día en que Chile le reconozca la condición de refugiado.
Se puso contento apenas llegó al país austral en diciembre de 2020, cuando las fronteras se cerraron abruptamente debido a la pandemia. Pero hoy tiene esa intolerable frustración por la larga espera y la incertidumbre sobre la decisión de su petición de refugio, que introdujo en febrero de 2021.
― Estuve bastante satisfecho a las primeras de cambio ― dice el zuliano de 37 años a El Pitazo―. Accedí a una visa temporaria y a una cédula de identidad que me permiten tener regularidad en el país, pero siento que ha sido un proceso que se ha dilatado mucho.
No le queda otra que renovar cada ocho meses ese permiso de residencia temporal hasta la resolución de la solicitud. Es lo que le ha permitido trabajar en lo que ha podido encontrar. Así es como ha ido juntando peso a peso para mantenerse en Chile y enviar algo de dinero a su familia en Venezuela.
Licenciado en Matemática, el venezolano solicitante de refugio soñaba con acceder a mejores oportunidades para profesionales como él.
No hay un tiempo establecido para que el gobierno chileno resuelva una solicitud de refugio, señala la presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), Patricia Rojas, al frente de la ONG que promueve y defiende los derechos humanos de migrantes.
Ella sabe de casos en los que el solicitante de refugio llega a los cuatros años sin una decisión. Otros, con más suerte, consiguen una respuesta en dos años, aunque negativa. Y hay también quien se cansa de esperar, desiste de la solicitud y opta por un visado.
No es el caso de Luis Manuel. ¿Cuánto tiempo más debe esperar? No lo sabe. Pero siente que todavía no ha llegado la hora de perder la esperanza, aunque la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado es muy baja en Chile: solo 3 % de las solicitudes presentadas por extranjeros fueron aprobadas desde 2010 hasta 2023.
De 30.597 peticiones de refugio realizadas, solo 957 finalizaron con una resolución favorable durante esos 13 años. De ellas, apenas 68 (7 %) corresponden a venezolanos. Lo curioso es que las personas procedentes de Venezuela son los principales solicitantes de refugio en el país sureño con 12.636 (41 %) peticiones, revelan los números del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
A la mayor comunidad extranjera en Chile, con 532.715 venezolanos en su territorio, la realidad la golpeó con la dura cara de políticas migratorias y de refugio restrictivas.
Es una situación de la que no escapan los migrantes forzosos venezolanos en el resto de los países de América Latina y el Caribe, a donde han ido a parar 6,5 millones (85 %) de los más de 7,7 millones que se han visto obligados a abandonar su país para sobrevivir, según estimaciones de la Plataforma R4V a mayo de 2023.
(*) Nombre cambiado por petición del entrevistado
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