Los Ángeles. Una nueva ley de Texas que eleva la sentencia mínima de 2 a 10 años de cárcel para sospechosos encontrados culpables de cargos estatales relacionados con el tráfico de inmigrantes entró en vigor el martes 6 de febrero.
La medida fue firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, en diciembre pasado y es parte de un paquete de leyes impulsadas para asegurar la frontera.
Abbott ha dicho en repetidas ocasiones que Texas necesita defenderse de los cárteles que trafican con inmigrantes y droga, ya que el gobierno del presidente, Joe Biden, tiene una política de fronteras abiertas.
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«La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte», dijo el gobernador en el momento de la firma del paquete de leyes.
Defensores de los inmigrantes se han manifestado en contra de la ley que entra en efecto, con el argumento de que aumentar las sentencias no sirve para atacar el problema de raíz.
David Stout, comisionado del condado de El Paso, dijo en una conferencia de prensa, citada por la televisora ABC13, que la política fronteriza de Abbott se basa en “una gran mentira de que hay fronteras abiertas” para justificar el gasto de miles de millones de dólares en los últimos años.
Abbott lanzó en marzo de 2021 el operativo Estrella Solitaria, en el que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en la seguridad de la frontera.
El próximo 5 de marzo entrará en efecto la Ley SB4, considerada una de las más estrictas en la historia estadounidense y que otorga a la policía texana la facultad de detener y deportar migrantes.
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La SB4 convierte en delito menor el que un extranjero «ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera» de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La ley también permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de los migrantes, una facultad exclusiva del Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y el Departamento de Justicia de EE.UU. han emprendido batallas legales por separado para evitar que la medida entre en vigor el próximo mes.
EFE
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