Miami.– Líderes de la diáspora venezolana en Florida (EE. UU.) urgieron el martes 13 de abril a los senadores republicanos apoyar una ley federal que brinda la residencia permanente en Estados Unidos a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que incluye también a centroamericanos y haitianos, entre otros inmigrantes.
Durante una conferencia virtual de prensa, los venezolanos convocaron a una Cumbre Nacional para el próximo sábado, también por internet, en la que pedirán el apoyo republicano para la aprobación del proyecto de la llamada Ley de Ambiente Seguro en Países Bajo Represión y Emergencia (Secure, en inglés).
Esa iniciativa permitiría a beneficiarios calificados del TPS solicitar la residencia permanente en Estados Unidos, que a largo plazo ofrece la oportunidad para tramitar la ciudadanía.
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La ley, que ayudaría a los titulares de TPS de 12 países, incluidos Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador, «necesita un patrocinador republicano en el Senado y 10 republicanos para evitar el obstruccionismo», señalaron durante la rueda de prensa.
Se trata de una iniciativa presentada de nuevo en febrero pasado en el Senado de EE.UU., que ya había sido analizada sin éxito por esa cámara en marzo de 2019. Denise Rincon, directora de la Asociación Venezolana de Massachusetts, Inc, expresó que la Ley Secure brinda «estabilidad y un camino hacia la ciudadanía para las familias de TPS y DED (Deferred Enforced Departure o Salida Obligatoria Diferida) que han construido sus vidas en el país.
Subrayó que mientras los estadounidenses continúan lidiando con la crisis del coronavirus, se estima que 650.000 tepesianos «están ayudando a apoyar a la nación sirviendo como trabajadores esenciales».
A favor de una residencia permanente
Los participantes, entre ellos activistas y políticos, manifestaron que solo en Florida estiman que hay unos 200.000 venezolanos elegibles para el TPS, el cual fue concedido a partir de marzo pasado a los inmigrantes de Venezuela por el presidente Joe Biden.
Precisaron que en general, el titular promedio del TPS ha estado en el país durante más de 20 años y muchos de ellos pertenecen a familias mixtas de ciudadanos e inmigrantes que han comprado casas y abierto negocios, pagado impuestos y asistido a escuelas.
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«A pesar de ser una parte integral de nuestras comunidades, viven en un estado constante de incertidumbre, necesitan volver a solicitar el programa cada 6 a 18 meses y pagan tarifas sustanciales», indicaron.
«La estabilidad de tener un camino a la ciudadanía permitirá que nuestra gente desarrolle su potencial y el de sus familias sin temor a ser separados de sus hijos», indicó por su parte María Antonietta Díaz, presidenta y fundadora de la Alianza Venezolana Estadounidense.
«La Ley Secure brindaría esa estabilidad. La cumbre busca reunir a republicanos y demócratas para que puedan aprobar esta importante legislación», agregó Kathy Bird Carvajal, directora Ejecutiva del Fondo de fundación IMPAC.
El TPS, creado en 1990, ha dado una residencia legal temporal a miles de personas oriundas de una docena de países que llegaron a Estados Unidos escapando de desastres naturales o de la violencia y la persecución.
EFE
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