Caracas. Pensaban que podían disfrutar de descanso en Venezuela, tras una vida de trabajo. Pero la inesperada crisis humanitaria obligó a las personas de 60 años o más a postergar sus planes de manera indefinida.
Incluso, algunas se vieron forzadas a emigrar a países en los que tampoco pueden descansar ni gozar de los beneficios y consideraciones correspondientes a esta nueva etapa de la vida.
Es lo que se desprende del informe Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB).
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“Las personas mayores migrantes venezolanas constituyen el grupo más pequeño de los más de 7.3 millones que han salido; además, es una población invisibilizada, incluso por las estadísticas oficiales de los Estados de acogida (…) lo cual constituye una primera barrera para el diseño y ejecución de políticas públicas específicas para este sector de la población en los países receptores”, apunta la investigación.
Por eso, el CDH-UCAB recomienda a los países receptores establecer políticas públicas diferenciadas para las personas mayores migrantes, especialmente en las áreas de generación de ingresos, salud física y mental, recreación y transporte.
En el informe, los investigadores Ligia Bolívar y Carlos Rodríguez revelan que el perfil de las personas mayores que salen de Venezuela es diverso: algunos son profesionales; otros, extranjeros que retornan a su país de origen por la crisis económica y política de Venezuela.
«Yo estaba ya jubilada y pensionada del Ministerio de Educación desde 2014. Me jubilaron en 2007 y en 2014 fue cuando el Ministerio de Educación me pagó las prestaciones que se volvieron sal y agua después. En ese momento eran 90.000 bolívares, en esa época, no llegaba ni para comprarte algo que necesitara para el hogar», refiere una jubilada venezolana que reside en el exterior.
Violación del derecho a la seguridad social
El CDH-UCAB recuerda que, desde 2015, el Estado venezolano dejó de pagar la pensión, sin explicación alguna, a más de 12.500 pensionados y jubilados que residen en el extranjero, dejándolos desamparados.
En Venezuela, antes de la crisis humanitaria compleja, la pensión o la jubilación constituían la principal fuente de ingresos de las personas mayores.
«Tenía una pensión venezolana del seguro social por mis 34 años laborales en Venezuela que me daba un ingreso y me permitía vivir decorosamente aquí (en Uruguay) (…) al día de hoy, que estamos en esa situación social y económica realmente tan mala para los adultos mayores migrantes y retornados«, indicó una retornada uruguaya con muchos años de residencia en Venezuela.
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Esta falta de pago constituye una violación del derecho a la seguridad social de los adultos mayores que residen en el exterior, consagrado también en el artículo 5 del Convenio Nº 118 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca la investigación.
Para responder a esta situación, el CDH-UCAB recomienda al Gobierno de Venezuela recuperar el sistema de pensiones y jubilaciones y extenderlo a todos los pensionados y jubilados que se encuentran fuera del país.
Asimismo, considera necesario honrar los compromisos adquiridos con pensionados y jubilados, atendiendo los convenios bilaterales con los Gobiernos de Chile, Ecuador, España, Italia, Portugal y Uruguay.
Razones para emigrar de las personas mayores venezolanas
La investigación encontró que algunas personas mayores han emigrado con el objetivo de llevar a sus nietos para que se reencuentren con sus padres en el exterior, acceder a tratamientos médicos o ayudar a sus hijos con el cuidado de sus nietos en el extranjero
“Consideré que ya había cumplido un ciclo de edad y quise regresar a las raíces, al país, un poco también porque se había venido mi hija para Uruguay (…), por supuesto que tuvo mucho que ver la situación política venezolana. En mis años de vida en Venezuela tuve una vida muy buena, un nivel relativamente alto como asalariada (…)”, contó una persona mayor.
El informe identificó que las necesidades de apoyo en materia de salud constituyen la mayor razón por la que personas mayores migrantes venezolanas acuden a entidades del Estado o no gubernamentales en los países receptores.
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«De hecho, muchas personas mayores migrantes llegan a los países receptores en condiciones muy precarias, con desnutrición, enfermedades no tratadas y necesidad de atención para enfermedades de alto costo«, subraya el informe.
El informe Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas identificó también diferencias en el trato que reciben las personas mayores migrantes, según la calidad de las políticas públicas generales aplicadas a este grupo en Uruguay, Colombia, Chile, México y Perú.
“En Uruguay, el modelo de cuidados para adultos mayores incluye una amplia red de casas geriátricas que, en principio, están disponibles para las personas mayores migrantes. La situación, sin embargo, es deficitaria en otros países”, destaca el documento.
Dificultades para comenzar de nuevo
Un elemento que golpea con más fuerza a las personas mayores migrantes en el plano emocional, indica el informe del CDH-UCAB, es el hecho de tener que comenzar de nuevo cuando les correspondía disfrutar del retiro y el descanso.
Más aún, cuando ese nuevo comienzo se produce en un entorno diferente, donde no se conocen las normas ni las dinámicas sociales.
Los investigadores determinaron que en los países de acogida son muy pocas las personas mayores migrantes que tienen empleo formal, pese a un alto nivel de escolaridad, debido a la discriminación por razones de edad para acceder al mercado laboral.
«El registro y validación de estudios académicos es otra barrera, así como el reconocimiento de experiencia. «Es casi imposible presentar credenciales académicas validadas, por la lentitud, alto costo y corrupción en el sistema de apostilla de documentos en Venezuela«, sostienen.
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Sin acceso a un empleo formal, las personas mayores migrantes provenientes de Venezuela suelen ocuparse en empleos informales cuya remuneración, por lo general, está por debajo del salario mínimo en el mercado formal, advierten.
La investigación Recomenzar lejos de casa. La migración forzada de personas mayores venezolanas concluye que toda esta situación afecta la autonomía de las personas mayores migrantes y, en consecuencia, su dignidad, en la medida en que limita el disfrute de otros derechos.
Ausencia de datos: otra barrera
Aunque son pocos los datos existentes sobre las personas mayores migrantes venezolanas en los países receptores, la investigación del CDH-UCAB halló que en Perú, por ejemplo, constituían 1,6 % de la población migrante y refugiada venezolana en 2018 y en 2022 las cifras ascendieron a 2.573 personas.
En Chile vivían unas 6.752 personas mayores migrantes venezolanas en 2018. Las cifras se ubicaron en 15.175 en 2019, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
En el caso de Colombia, conforme al prerregistro para ingresar al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, 71.492 personas tienen 60 años o más, lo que constituye 2,9 % del total de personas en este mecanismo.
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