Dos empresas, una colombiana y otra panameña, ambas investigadas por corrupción y lavado de activos en sus países y en otras naciones, recibieron en 2013 un contrato de 420 millones de dólares del gobierno recién estrenado de Nicolás Maduro para construir una red de 50 gimnasios deportivos en barrios pobres de Venezuela. Entre los accionistas de las compañías involucradas en el negocio figura Álex Saab, un empresario sancionado por Estados Unidos por vender con sobreprecio comida de mala calidad a Venezuela, y quien también ha sido señalado de ser el testaferro del presidente venezolano.
Aunque la edificación de los Centros Deportivos y Culturales de Paz, como fueron denominados inicialmente, planteaba como objetivo estimular la práctica masiva del deporte en niños y jóvenes para llevar paz a comunidades populares atribuladas por el delito —en uno de los países más peligrosos del mundo—, la realidad es que el proyecto ha beneficiado más a la red de empresas involucradas que a las comunidades seleccionadas.
El equipo reporteros de El Pitazo, en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), siguió la pista del proyecto en los 15 estados que se verían beneficiados. El equipo periodístico comprobó que, tras seis años del inicio de la obra, el Estado no solo ha incumplido con el objetivo social original que justificó la erogación de recursos millonarios, sino que también ha fallado en la construcción de las instalaciones.
Conoce más este domingo, en una investigación de El Pitazo, en alianza con el Connectas.
Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS
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