Caracas.– En Lagunillas, estado Zulia, una comunidad se siente atemorizada porque el 23 de enero vandalizaron la sede de Vente Venezuela, el partido político fundado por María Corina Machado. Las paredes del inmueble tienen seis grafitis con la frase “Furia Bolivariana”. Al menos 20 instalaciones amanecieron con esa marca el mismo día en varias regiones.
“Esto nos preocupa y nos mantiene alertas, porque así opera el Gobierno. Con esto buscan aterrorizar y que no salgamos, no reclamemos ni hagamos nada”, relató a El Pitazo un habitante de Ciudad Ojeda que pidió la reserva de su nombre por motivos de seguridad.
Tres profesores reciben amenazas de Furia Bolivariana en Sucre
La operación Furia Bolivariana no es nueva. Comenzó en 2020, aunque Nicolás Maduro anunció su relanzamiento en 2024 para responder a las conspiraciones e “intentonas golpistas” en su contra. Organizaciones no gubernamentales (ONG) advierten que es una estrategia repetida de intimidación y represión que se caracteriza por vandalizar sedes de partidos políticos, viviendas de disidentes y detenciones arbitrarias
Juan Francisco García, exdiputado de Apure y dedicado a la defensa de los derechos humanos, dijo a El Pitazo que estas acciones son fascistas e inciden sobre los venezolanos cuando el oficialismo siente amenazas en contra de su permanencia en el poder
La revista de la Universidad Central de Venezuela Politeia específica que el fascismo es un movimiento político de masas, surgido en Italia a principios del siglo XX. El documento agrega que crece alrededor del culto al líder, alimentado por el mito de grandeza heroica y jerarquizado en torno a una estructura de partido único.
“Esta fase que denominan furia bolivariana viene a constituirse, sin lugar a dudas, en un trauma más para la población y tiene como fin crear un ecosistema de intimidación que robustece su permanencia en el poder, por la pérdida de confianza que representa en el colectivo social a la hora de plantear la necesidad de la organización a través de un proceso electoral convenido por negociaciones en instancias internacionales”, afirmó García.
Aunque las organizaciones reportan esta violación de derechos humanos, el hecho también se evidenció en el informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU), en el que se precisa que el Estado recurre a esta línea dura para sofocar la disidencia.
25 ataques en 2024
La organización Laboratorio de Paz reportó que en enero, a solo horas del llamado de Maduro, se registraron cinco ataques contra representantes de partidos de oposición y quedó grabado un intento de secuestro a un político de Bolívar, Douglas Rodríguez, coordinador regional de Vente Venezuela.
La mencionada organización también contabilizó 20 amenazas y marcajes de fachadas en todo el país. Sedes de sindicatos, colegios profesionales, espacios universitarios, de partidos políticos y viviendas de dirigentes fueron vandalizadas con grafitis que dicen: “Furia Bolivariana”.
El coordinador de Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui, precisó que la estrategia Furia Bolivariana resurgió después de la Primaria de la oposición y por el descontento generalizado de la población. El plan lo describe como un mecanismo de represión para intimidar y generar miedo.
“El gran objetivo de las autoridades es intentar impedir que la sociedad democrática se ponga de acuerdo entre sí para promover un proceso electoral con garantías democráticas y que la gente pueda participar de manera libre y sin coacción”, señaló Uzcátegui.
La frase Furia Bolivariana es tendencia en redes sociales y se usa como etiqueta en publicaciones del Gobierno, aunque hasta ahora las autoridades no ofrecen detalles sobre la ejecución del plan, el rol de los cuerpos de seguridad del Estado o la participación de civiles.
Derechos en cuarentena
La primera vez que Maduro apeló a la Furia Bolivariana fue en 2020, al inicio de la cuarentena por el COVID-19. En aquel momento, la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reseñó en un informe, publicado en abril, que estas acciones responden a una estrategia de control e intimidación.
Cuatro años después, la situación es similar. Provea reitera que es una estrategia que busca aplastar el descontento de los venezolanos.
“La construcción de un marco jurídico que favorece la ejecución de crímenes contra los derechos humanos y el encubrimiento y absolución de los responsables, sumado al aliento simbólico y real que desde el alto poder se brinda a los perpetradores de dichos crímenes, mantienen encendida una interminable espiral de abusos que seguirá cobrando víctimas si no es detenida a tiempo”, explicó la ONG sobre la acción que se ejecuta desde hace cuatro años.
En víspera de las elecciones presidenciales, el Gobierno vuelve a hacer llamados a sus seguidores y organismos públicos para intimidar a los ciudadanos y replegar acciones de protesta.
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