Compañías extranjeras y locales cercanas al entorno de Nicolás Maduro fueron las mayores ganadoras de un gran plan de construcción de gimnasios deportivos desarrollado por el gobernante. A la cabeza de uno de los millonarios contratos está Álex Saab, un empresario colombiano sancionado por Estados Unidos, que ha sido señalado también como testaferro de Maduro
Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila
Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS y el International Center for Journalist
Dos empresas fueron escogidas para construir los gimnasios verticales de Maduro, junto a subcontratadas locales. La primera de ellas fue la empresa colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios; y la segunda la empresa panameña Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20.
Consorcio Estructuras Metálicas Modernas es una compañía propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano señalado por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, como testaferro de Maduro. Ha sido acusado además de liderar un esquema ilegal de importación de alimentos hacia Venezuela, de mala calidad y con sobreprecio, para su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, como han documentado investigaciones del portal Armando.Info. En conexión con el caso, los hijastros de Nicolás Maduro: Walter, Yossel y Yoswal Gavidia Flores, fueron sancionados junto a Saab en julio de 2019, por el Departamento del Tesoro estadounidense, por “facilitar el pago de sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales”, además de recibir ellos mismos sobornos de Saab, de acuerdo con el comunicado emitido por el ente norteamericano.
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Para 2013, cuando Maduro anunció la construcción de los Centros Deportivos y Culturales de Paz, ya Fondo Global de Construcción había establecido su primer contrato con el Estado venezolano, el 29 de noviembre de 2011, para la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas, como parte de la ejecución del proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuatro meses después, el 2 de marzo de 2012, la compañía colombiana registró una sucursal en Venezuela.
Tras el anuncio presidencial del nuevo proyecto deportivo, notas de prensa emitidas por FundaPropatria informaron sobre la selección de la empresa Fondo Global de Construcción, alegando que la compañía tenía “la experiencia y rapidez en construcción con estructuras prefabricadas”. Pero, a pesar de este notorio hecho comunicacional, el contrato de los gimnasios verticales fue finalmente suscrito con Consorcio Estructuras Metálicas Modernas.
Para el momento de la contratación de los gimnasios verticales la empresa Fondo Global de Construcción estaba siendo investigada en Ecuador por lavado de dinero relacionado con la Misión Vivienda. El esquema corrupto, de acuerdo con investigaciones, se concretaba través de la simulación de importación de productos desde la filial de la empresa en Ecuador hacia la sucursal venezolana, con el objetivo de obtener dólares preferenciales en Venezuela, por medio de empresas ficticias. La suma por lavado de activos, provenientes del sistema de pago Sucre, ascendió a 159 millones de dólares sustraídos de Venezuela. Después de tres años, una jueza determinó que los indicios presentados por la Fiscalía eran insuficientes para llamar a juicio a los cuatro involucrados en el caso, entre ellos Álvaro Pulido, socio de Saab. La decisión fue apelada, pero la misma jueza declaró la apelación improcedente. Se atribuyó esta decisión a que el hermano de uno de los acusados había sido guardaespaldas del presidente Rafael Correa y asesor del Ministerio del Interior entre octubre del 2012 y marzo del 2014, mientras se desarrollaba el juicio.
«Hubo una orden de arriba de poner bajo perfil a Fondo Global de Construcción, fue por ello que al final el contrato de los gimnasios fue dividido, y Álex Saab y Álvaro Pulido (su socio) consiguieron otra firma (Consorcio Estructuras Metálicas), para hacerse de ese contrato», asegura una fuente relacionada con la Fundación Propatria 2000, que solicita la protección de su identidad, por temor a represalias. De acuerdo con esta fuente, las precauciones tomadas por el Estado venezolano para ocultar a Fondo Global de Construcción como contratista, pese a la evidencia de su participación en la obra, intentaban erradicar los señalamientos de corrupción entre las duplas Saab-Pulido y Maduro-Flores.
La otra gran beneficiaria del contrato de los CDC de Paz, la empresa panameña Landscape Vision Corporation, logró en tiempo récord hacerse de contratos a través de la Fundación Propatria 2000. Lavincorp tenía apenas 20 días instalada en el país, tras crear su sucursal venezolana en agosto de ese año cuando recibió el visto bueno para la construcción de 20 gimnasios verticales. De acuerdo con una investigación del portal Armando.Info, la propuesta de abrir una sucursal en Caracas surgió en julio de 2013, y apenas un mes después ya estaban instalados en Venezuela consiguiendo contratos millonarios.
Como el proyecto de los CDC de Paz, Landscape se adjudicó también dos contratos más, de bastante envergadura: la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado Vargas y la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, en La Rinconada, para el que se estableció un abultado presupuesto que no ha dado frutos, y en el que, pese a estar supervisado también por FundaPropatria y el Despacho de Presidencia, ha tenido importante visibilidad como vocero Jorge Rodríguez, actual ministro para la Comunicación y la Información y ex vicepresidente de Venezuela.
Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.
El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.
Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, incorporó a Constructora Brescon C.A. (Conbresca), una compañía constituida en el año 1990 e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui como propiedad de César Acosta Medina, hermano de Miguel Ángel Acosta Medina, directivo del Fondo Global de Construcción. La familia Acosta Medina también maneja la mayoría accionaria de otra contratista, la Sociedad Mercantil Sarcar Construcciones en General C.A., que participó junto con Constructora Brescon en todo lo relacionado con los trabajos civiles para la edificación de los 30 gimnasios verticales que le fueron entregados a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. Este modelo de subcontrataciones familiares se replica en otras obras deportivas en el estado Vargas: el Coliseo de Playa Hugo Chávez levantado en Caraballeda y en el estadio de béisbol profesional Carlos «Café» Martínez, que se construye actualmente en Macuto.
El entramado de relaciones que bordó Consorcio Estructuras Metálicas Modernas incluyó también a la empresa Proyectos y Construcciones Buenavista, una compañía registrada en Porlamar, estado Nueva Esparta que cambió su domicilio al estado Lara justo cuando comenzó el proyecto de los gimnasios verticales. El Pitazo buscó referencias sobre esta empresa en en la seccional del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, pero no se encontraron registros. La compañía, que también es desconocida entre contratistas y fuentes del Colegio de Ingenieros seccional Lara, consultados por El Pitazo, estaba encargada de la búsqueda de personal y supervisión de la construcción de los recintos en la zona capital, andina y occidente de Venezuela.
Las acciones de PyC Buenavista son propiedad de otra empresa: Intermediaria de Negocios C.A., que pertenece a Luis Bernardo Meléndez Gutiérrez, padre de Luis Meléndez, quien es presidente de la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente. El Pitazo se dirigió el 31 de octubre de 2019 a la dirección fiscal de PyC Buenavista, que coincide con la dirección de otra compañía: Inversiones Bricket, empresa propiedad de Mariano Briceño, de reconocida trayectoria en Lara, pero que es investigada por estafa inmobiliaria por un proyecto inconcluso de venta de viviendas principales. Aunque algunos familiares de Briceño pertenecen también a la junta directiva de PyC Buenavista, en la sede de Inversiones Bricket negaron su conexión con esta empresa.
La incorporación de medianas y pequeñas empresas constructoras fue notoria. Al menos cinco ingenieros y arquitectos involucrados con el proyecto de los gimnasios verticales en Vargas, Mérida, Táchira y Trujillo, donde la obra estuvo a cargo de Fondo Global de Construcción, aseguraron a los corresponsales de El Pitazo que este modelo de subcontrataciones respondía a la falta de personal de esta empresa. “Ese era el modelo de negociación que se aplicaba para la construcción de cada gimnasio. Estaba la empresa matriz, que era Fondo Global de Construcción. Ellos le pagaban a Conbresca, que tampoco tenía personal para cubrir todo el país. Entonces subcontrataban a empresas pequeñas en cada región para que hicieran el trabajo. Era un negocio redondo: ellos cobraron en dólares a tasa oficial y a nosotros nos pagaban en bolívares”, afirmó a El Pitazo un ingeniero que participó en el proyecto en el estado Zulia y cuya identidad pidió fuese resguardada.
Landscape Vision Corporation S.A. emuló el modelo de subcontrataciones de Fondo Global. Para los 20 gimnasios verticales ubicados en Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Bolívar, Aragua y Carabobo contrató a la empresa Inspectores Mecánicos y Civiles Centro (Inmecica Centro, C.A.). Considerada una compañía con alta reputación regional, Inmecica Centro C.A. fue fundada en 1994 en el estado Carabobo y fue una de las contratistas con mayor número de obras adjudicadas y canceladas por la Secretaría de Obras Públicas de Carabobo, entre 1997 y 2004, durante los gobiernos regionales de Henrique Salas Romer y su hijo Henrique Salas Feo.
En 2014, Inmecica Centro se incorporó al proyecto de los CDC de Paz y dos años después, en 2016, cambió su domicilio fiscal a Caracas. El Pitazo se dirigió en octubre de 2019 a la sede que esta compañía señala en su registro mercantil, pero la empresa no opera en el lugar indicado. La yunta de Inmecica Centro C.A. con Landscape Vision Corporation S.A, luce, por lo menos, productiva. De acuerdo con datos suministrados por la página web en construcción de Inmecica, la empresa participa activamente en los otros dos contratos obtenidos por Lavincorp S.A. a través de la Fundación Propatria 2000: la remodelación de Hotel Gran Caribe y Guaicamacuto, que incluye la construcción de un Centro de Convenciones en Caraballeda en el estado Vargas, y el estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, en Caracas.
El Pitazo confirmó la participación de tres empresas más, como contratistas de Landscape: Villa Creta C.A y Construcciones Mondel C.A., ambas con intervenciones en los gimnasios de Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, y Constructora Domalca C.A., en el estado Carabobo. Estas contratistas menores coinciden en algo: mantienen relaciones con obras del Estado a través de los gobiernos regionales, en los mismos estados donde se levantaron los gimnasios verticales.
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