San Juan.- El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, y la ministra de Interior, Carmen Meléndez, concluyeron conversaciones en las que se «delineó aún más un marco para los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de personas y narcóticos».
En un breve comunicado difundido este sábado, 5 de diciembre, el Gobierno de Trinidad y Tobago dijo que las conversaciones, celebradas de manera virtual, se centraron en el fortalecimiento de los mecanismos bilaterales de cooperación en seguridad marítima, entre otros.
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La reunión se produce cuando Trinidad y Tobago está recibiendo una alta afluencia de inmigrantes venezolanos ilegales. «Las discusiones delinearon aún más un marco para los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de personas y narcóticos, el tráfico de migrantes y otras formas de crimen organizado transnacional», agregó el comunicado.
Además, ambos países acordaron «su compromiso de continuar la colaboración en asuntos de seguridad de interés mutuo y promover el mantenimiento del orden público».
En los encuentros virtuales también estuvo presente el ministro de Relaciones Exteriores y de Asuntos de la Comunidad del Caribe (Caricom), Amery Browne, y su homólogo venezolano, Jorge Arreaza.
Young indicó que la seguridad fronteriza era un elemento crítico en los esfuerzos de Trinidad y Tobago para mitigar la propagación de la pandemia del COVID-19 y reafirmó su compromiso de «trabajar con todas las partes interesadas locales e internacionales en este sentido».
«Ambas delegaciones expresaron su compromiso de continuar la colaboración en asuntos de seguridad de interés mutuo y promover el mantenimiento del orden público», concluyó el comunicado.
El pasado 28 de noviembre el Gobierno de Trinidad y Tobago deportó a un grupo de 160 venezolanos que entraron «ilegalmente» en el país. La deportación se llevó a cabo «en conjunto con las autoridades venezolanas».
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Recientemente, al menos 26 venezolanos, entre ellos 16 niños, fueron expulsados de Trinidad y Tobago horas antes de un juicio en el que iban a pedir su permanencia. Tras estar navegando durante 48 horas y sin saber de ellos, fueron devueltos a Trinidad y Tobago, lo que despertó la crítica de la comunidad internacional.
Ahora la mayoría de ellos se encuentran detenidos a la espera de una decisión judicial sobre su estatus y permanencia o no.
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