Un grupo de indígenas realizó este viernes 26 de junio un plantón para rechazar la brutal violación de una niña de 12 años del pueblo embera-chamí por parte de siete soldados colombianos, que ya fueron enviados a la cárcel.
La protesta se realizó frente al monumento a los Héroes Caídos en Acción, ubicado en una amplia plazoleta a pocos metros de una sede del Ministerio de Defensa en el occidente de Bogotá.
La niña fue secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo, un hecho que fue repudiado unánimemente por la sociedad.
Varios de los asistentes al plantón, la mayoría mujeres jóvenes con niños cargados en su espalda y utilizando tapabocas, dijeron a Efe que estaban allí para rechazar la violación de la niña y pedir que a los culpables se les aplique la justicia.
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Los indígenas izaron pancartas en las que se leía: «Fiscalía cómplice de violadores corruptos asesinos» y otras alusivas a jóvenes desaparecidos, campesinos asesinados y mujeres violadas.
polémica por los cargos
La violación de la niña indígena provocó no solo el repudio unánime de la sociedad a los agresores, sino que también generó una polémica porque, según abogados penalistas, la acusación de la Fiscalía estuvo mal hecha porque no corresponde al delito que cometieron los militares.
Los reclutas fueron acusados del delito de acto sexual abusivo, pero los penalistas consideran que lo que debió imputarse era acceso carnal violento agravado con menor de 14 años.
El director del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, explicó a Efe que ambos delitos tienen penas similares, alrededor de 30 años, pero su connotación es distinta porque el delito del que se les acusa supone el consentimiento de la víctima.
«De entrada no me cabe en la cabeza que una menor de 12 años consienta tener relaciones sexuales con siete desconocidos. El delito de acto sexual abusivo supone que el menor de edad consiente (la relación), está de acuerdo. Lo que pasa es que la ley no le da ninguna validez a ese consentimiento y por eso se penaliza», detalló.
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Recalcó que «el problema no es la sanción, el problema es del mensaje y de la forma como se está revictimizando a una mujer» y añadió que la pena no será de 30 años, la máxima que estipulan las leyes, pues ninguno de los acusados tiene antecedentes penales.
«La pena no va a estar en los 30 años, aproximadamente será de 19 años», aseguró.
Mensaje de la vicepresidenta
Por su lado, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, dijo este viernes que está en desacuerdo con la acusación a los militares que hizo la Fiscalía porque no corresponde al delito cometido por los militares.
«Estoy totalmente en desacuerdo, aquí hay una violación, no se trata de un abuso no violento, tenemos que llamar a las cosas por su nombre», dijo Ramírez.
La Fiscalía dijo ayer que los siete soldados acusados de violar a una niña indígena aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.
El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, envió a prisión a los militares, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que tenga las condiciones necesarias para ello.
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