El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, organismo independiente relacionado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció que el Gobierno de este país ha perpetrado graves violaciones de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas.
En el informe se indica la persecución del Gobierno a personas opositoras, además de la consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado en manos del presidente, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo. En el documento se destaca particularmente el control total ejercido sobre el poder judicial.
“El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos, miembros de la iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, denunció el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
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Destacan que hasta niños han sido violentados debido a su relación parental o a las actividades y/u opiniones expresadas por sus padres o familiares, pues se han realizado deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua, que han resultado en la separación de varios niños y niñas de sus padres.
“A varios de ellos se les ha negado la expedición de pasaportes válidos para reunirse con sus padres en el extranjero (…) El Gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder y aniquilar a cualquiera que intente romper esa burbuja”, aseveran.
El Grupo de Expertos de la ONU señala que la Ley de Amnistía promulgada refuerza aún más la impunidad al proteger del procesamiento las violaciones graves de derechos humanos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura.
Asimismo, el grupo instó al Gobierno de Nicaragua a dejar en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, poner fin a las violaciones, los abusos y los delitos, en particular la persecución por motivos políticos.
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