La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este jueves, 27 de abril, las restricciones al acceso a la información pública y a la cobertura informativa que padecen periodistas y medios de comunicación en varios países de las Américas y especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En su resolución sobre «Acceso a la información», aprobada al término de su reunión semestral, el organismo regional remarcó que «las restricciones al acceso a la información son una de las principales limitaciones a la libertad de expresión y al derecho del público a saber».
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La SIP consideró que en Cuba, Nicaragua y Venezuela «es inexistente la transparencia del Gobierno y que el acceso a información pública está restringido para ciudadanos y periodistas».
Opacidad en información pública en la región
Con respecto a El Salvador, tuvo en cuenta el «aumento de la opacidad en las oficinas de gobierno cuando se les pide información pública» y que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) «se ha convertido en un ente invisible».
Sobre Estados Unidos señaló que «los periodistas han tenido problemas para acceder al presidente Joe Biden y a sus altos funcionarios», y que «el jefe del Estado ha celebrado menos ruedas de prensa que sus predecesores y a menudo se marcha sin aceptar preguntas de los periodistas».
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En Panamá, apunta, «existen severas dificultades para acceder a información de interés público», mientras «varias agencias e instituciones del Estado rechazan proveer la información que se les solicita y rehúyen responder cuestionarios de los periodistas, a pesar de que rige la ley de transparencia».
La SIP consideró además que, en Canadá, «el sistema de control de la información impuesto por la legislación sigue fallando en la plena divulgación de investigaciones sobre temas aborígenes, clasificación de la información y restricción de investigaciones policiales sobre asuntos de interés público».
En su resolución, la SIP instó a los Gobiernos de la región a que «celebren campañas de educación pública para que los ciudadanos puedan asumir su derecho a requerir información de la administración pública».
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