Un pago de $1.347.195.942 en bonos recibió en 2018 la empresa minera canadiense Crystallex. Pero esta decisión estuvo oculta al escrutinio público hasta el 15 de septiembre de este año. La compañía no quería que el equipo de Juan Guaidó se enterara de esta negociación.
Crystallex ganó una demanda contra Pdvsa Holding, la cual es propietaria de acciones de Citgo, en el año 2014. Venezuela está obligada a cancelar $1.200 millones a Crystallex. Sin embargo, los $1.347.195.942 millones pagados en bonos en 2018, fueron contabilizados como $319.579.394 millones menos en la deuda total por la demanda, de acuerdo con un reportaje escrito para el servicio de información especializada en economía del sector energético y minero, REDD Latam, por el periodista Steven Bodzin, excorresponsal de Bloomberg en Venezuela.
Los detalles de esta negociación quedaron al descubierto cuando se revelaron documentos de la corte de Delaware este 15 de septiembre, después de que el juez Leonard Stark consideró que la transacción era de interés público.
En su reportaje, Bodzin destaca que el director general de Crystallex, Robert Fung, dijo que Crystallex necesitaba mantener el pago en secreto ante el gobierno interino de Venezuela, dirigido por Juan Guaido, que es reconocido por Estados Unidos y Canadá.
«El gobierno de Guaidó no conoce los detalles de lo que se pagó a Crystallex en virtud de los acuerdos y ha solicitado continuamente información sobre los pagos y las transferencias de Venezuela bajo el régimen de Maduro, solicitudes a las que Crystallex se ha negado repetidamente», apuntó.
Las expropiaciones mineras de Chávez
En 2008, Hugo Chávez, entonces presidente de Venezuela, expropió las minas Las Cristinas a Crystallex. “El Gobierno le había negado por años un permiso ambiental clave para iniciar sus labores de explotación y anuncia que la mina pasaba a control estatal”, recuerda el economista Leonardo Vera en un texto publicado por PolítiKA Ucab.
También en 2008, Chávez revocó la concesión al Proyecto Brisas a otra empresa canadiense, Gold Reserve. “Una nueva acción en el año 2011 a través de Minerven S.A., le permite a Chávez apoderarse de los activos de la mina Choco 10, propiedad en 95% de la compañía Rusoro, así como de la mina Isidora donde compartía en propiedad el 50%.”, apunta Vera.
Agrega el economista que por violentar el Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá, entre otras razones, las cortes reconocieron $1.200 millones para Crystallex; $769 millones para Gold Reserve; y $967 millones a Rusoro. En noviembre de 2018, se conoció que el gobierno de Maduro efectuó un pago inicial a Crystallex por $425.000.000 con títulos de la deuda, pero no se tenían detalles de la operación.
ConocoPhillips, Rosfnet y otras demandas
Otra demanda pendiente es la de la petrolera estadounidense ConocoPhillips. Se le adeudan $1.290 millones de lo que originalmente era un laudo arbitral comercial de $2.000 millones contra Pdvsa por incumplimiento de contratos.
ConocoPhillips cobró $754,9 millones de dólares, según el informe del perito nombrado por el tribunal, una cifra que la empresa no había revelado anteriormente. Ese pago parcial ocurrió porque hubo un acuerdo entre ConocoPhillips y los representantes de Pdvsa nombrados por Juan Guaidó.
El caso Rosfnet se trata de una deuda por préstamos realizados al Gobierno de Venezuela, con los cuales el oficialismo comprometió 49,9% de las acciones de Citgo Holding.
Según el reportaje publicado en REDD Latam, no se tienen detalles del acuerdo o si Rosfnet cedió o transfirió los derechos sobre la deuda a un tercero. Si esto se realizó sin informar a las autoridades estadounidenses, la operación puede ser anulada.
Otros dos acreedores que esperan cobrar de la venta de activos de Pdvsa son: OI European Group, división del fabricante de vidrio estadounidense Owens Illinois; y Nortrop Grumman Ship Systems, que ahora forma parte del contratista militar Huntington Ingalls.
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