Miranda.– La educadora Melyangelli Vanessa Oramas Marrero estaba en su casa cuando recibió la visita de un presunto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El hombre, quien dijo que tenía el rango de inspector, le preguntó la razón por la cual no asistió a su lugar de trabajo el 5 de febrero.
La educadora cumple con el acuerdo establecido entre maestros y representantes de dar solo dos días de clases. Por ese motivo estaba en su residencia ese día. La decisión forma parte de las acciones de protesta que adelanta el magisterio por un sueldo digno desde hace 395 días.
La visita del supuesto Sebin ocurrió el 5 de febrero, denunciaron los representantes del Comando Intersindical de Educadores del estado Miranda, profesores Sócrates Manaure, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), y Franklin Velásquez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza del estado Miranda (Suteem).
En opinión de los gremialistas, «la represión, el acoso laboral y el irrespeto a los docentes están llegando a límites impensables«.
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Cumplía órdenes
Oramas Marrero es docente de la Unidad Educativa Carmen Guédez Gozar, ubicada en el municipio Brión de Barlovento, estado Miranda. Según la información que manejan los gremialistas, el presunto funcionario del Sebin recibió una lista de los maestros que no acude a diario al salón de clases por parte del personal directivo del plantel.
«Este presunto inspector le indicó a la educadora que el personal directivo le encomendó visitar a los docentes que no cumplían con el horario laboral de lunes a viernes y luego, de forma arrogante e intimidatoria, le indicó que debía incorporarse a clases todos los días», señalaron Manaure y Velásquez a El Pitazo.
Los dirigentes gremiales destacaron que el presunto funcionario le manifestó a la docente que posteriormente iría al plantel para verificar que estaba cumpliendo con la orden.
«Los gremios denunciamos a estos directores esquiroles, que permiten la intromisión de funcionarios policiales en problemas meramente laborales, que deben ser dirimidos ante la Inspectoría del Trabajo y en mesas de discusión con la titular del Ministerio de Educación. Estas prácticas fascistas violentan la estabilidad educativa y atentan contra la salud mental del maestro, además de que violan sus derechos laborales», manifestaron Manaure y Velásquez.
12 dólares en promedio
Los denunciantes recordaron que «los docentes no asisten regularmente a clases, porque tienen salarios de hambre, no pueden mantener a sus familias y menos trasladarse a las escuelas en transporte público, cuyo costo está por encima de los 12 dólares que ganan mensualmente en promedio».
«Pretenden judicializar la educación con la participación de órganos auxiliares de la justicia en Venezuela, amedrentan al débil jurídico, al forjador y formador del futuro del país. Los gremios llevaremos esta denuncia a las instancias respectivas», resaltaron.
Este miércoles, 7 de febrero, la educadora Melyangelli Vanessa Oramas acudirá al Ministerio Público (MP) a formular la respectiva denuncia. Espera que las autoridades tomen acciones.
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