Caracas.- Carlos Maneiro, Luis Martínez, Jholbert Allen y Argelis Rovaina deberán acudir este viernes 10 de junio, a las 10:00 am, al Tribunal Primero de Control, decisión adoptada la noche de ayer, luego de la primera audiencia, según informó a El Pitazo el abogado de la ONG Coalición de los Derechos Humanos y la Democracia, Kelvin Zambrano.
Los cuatro jóvenes fueron detenidos el martes 7 de junio, por funcionarios de PoliChacao por presuntamente realizar pintas en un mural en construcción en la avenida Libertador de Caracas; un hecho que el alcalde de Chacao, Gustavo Duque, calificó como «vandalismo».
Zambrano comentó que durante la jornada de la noche del jueves, las partes presentaron sus argumentos y explicó que a estos cuatro activistas se les violentaron el derecho a la libertad, la seguridad personal, la integridad física y el debido proceso, entre otros.
La información sobre la presentación fue confirmada en las redes sociales de la ONG Coalición de DD. HH., que detalló que la audiencia de presentación de los activistas de Voluntad Popular se realizará ante el mismo Tribunal 1° de Control, a cargo del Fiscal 74 Nacional y allí son asistidos por la defensa pública.
A los cuatros jóvenes detenidos y militantes de Voluntad Popular los presentaron luego de estar más de 48 horas en manos de funcionarios de seguridad del Estado, que se negaban a dar información sobre el paradero de los muchachos, quienes fueron detenidos durante un homenaje póstumo a Neomar Lander, asesinado en las protestas de 2017.
Más temprano, se conoció que los adolescentes lograron comunicarse con sus familiares. Les informaron que se encontraban detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), pese a ser civiles.
Explicó Zambrano que este caso se “convierte en una detención arbitraria cuando las personas son privadas de su libertad por ejercer sus derechos ciudadanos y políticos”, pues estos jóvenes, minutos antes, participaban en una protesta pacífica.
Con referencia a la representación pública, aunque en el Palacio de Justicia se encontraban defensores privados, indicó que este tipo de casos suelen tener un patrón determinado, basado en promover el uso de la defensa pública a través de amenazas o coacción con la promesa de no dificultar el caso o incluso ofrecerse la liberación.
“Eso es un patrón que se repite, por lo menos, en 8 de cada 10 casos”, explicó el abogado que presenció la primera fase de la audiencia.
Asimismo, acotó que el realizar graffitis o pintas no constituye un delito penal y recalcó que una “persona no puede ser castigada o no se le puede imponer una pena por un hecho que no esté tipificado o plasmado en la ley”.
Maneiro, Martínez, Allen y Rovaina los presentaron por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
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