Caracas.- Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela siguen manifestando su preocupación con relación a la pretensión del gobierno de Nicolás Maduro de aprobar la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
A través de una nota de prensa, el abogado, especialista en Derecho Administrativo y miembro del equipo jurídico de la ONG Defiende Venezuela, Darrin Gibbs, manifestó que lejos de promover, fortalecer y mejorar el funcionamiento de las ONG, esta ley busca establecer un riguroso régimen administrativo de control, limitación y sanción en las ONG.
Gibbs denunció que con la aplicación de esta nueva ley, los espacios en las ONG se verán limitados por un conjunto de medidas administrativas que lesionan gravemente las garantías del derecho de asociación.
¿Cómo afectará a las ONG?
- Reducción del espacio de la sociedad civil para satisfacer la defensa, protección y garantía de los derechos humanos por parte de las ONG y afines.
- Pérdida de los espacios para defensa y protección de los fines benéficos, sociales, o de interés general, relacionados con la preservación del medio ambiente, la salud, desarrollos científicos, tecnológicos, de derechos humanos, artísticos, literarios, religiosos, educativos u otros ámbitos de utilidad general.
- Violación manifiesta del derecho a la libertad de asociación como derecho humano.
- Coerción del Estado sobre la creación, operatividad y desarrollo de las formas de entidad civil sin fines de lucro, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones, limitando severamente el logro de sus finalidades de interés general.
- Impunidad del Estado en la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela.
- Sometimiento de las ONG y afines a un sistema de control administrativo exorbitante cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso su disolución de oficio.
La atención a las víctimas está en juego
Carlos Briceño, abogado y director general de la ONG Defiende Venezuela, expresó que al bloquear el financiamiento a través de los fondos de cooperación internacional, la Ley eventualmente sofocaría a las organizaciones.
El director de Defiende Venezuela precisó que si se aprueba la ley, se impedirá la continuación de los programas de defensa y promoción de derechos humanos, así como los de asistencia humanitaria.
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