Comunidad Lgbti: la población más ignorada por el Estado venezolano

Prissila Solórzano, como tantas veces, salió un domingo en la mañana a comprar verduras para preparar una sopa. Las verduras de siempre, en el lugar de siempre. Escogió lo que iba a llevar y se dispuso a pagar. Cuando entregó su tarjeta de débito con su cédula de identidad, la cajera comenzó a reírse, sin mucho desparpajo, pero se estaba burlando. Prissila la enfrentó, le preguntó qué pasaba, qué le daba tanta risa, pero la cajera la ignoró. Ella sabe que fue porque la foto de su documento y su nombre de pila no coinciden con cómo luce Prissila a sus 33 años.

A ella no le gusta utilizar el nombre que le asignaron sus padres al nacer; no lo dice nunca, pero como en Venezuela no se reconoce la identidad de las personas transexuales, ni se permite el cambio de nombre en los documentos de identificación, Prissila ha asumido que, por ahora, debe aceptar que la llamen por ese nombre.

En Colombia, desde el año pasado, niños, niñas y adolescentes tienen la posibilidad de cambiar sus nombres en los documentos de identificación de acuerdo con sus expresiones de género. También en Chile se aprobó una ley para cambiar de sexo a partir de los 14 años. Pero en Venezuela, los funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) le insisten a Prissila que debe lucir lo más parecida a la foto de su primera cédula: nada del cabello largo que le cae en ondas sobre sus hombros, ni de sus labios y cejas perfectamente delineados; tampoco nada de zarcillos ni collares; mucho menos una sugerencia de los senos de los que se siente orgullosa a través de la blusa.

“Sí, un documento dice que yo nací varón, pero eso no determina lo que soy”, insiste. Cuando estaba en la universidad, cursando estudios de Publicidad y Mercadeo, los profesores la llamaban como ella se percibe desde hace más de 15 años: Prissila; pero para las evaluaciones y calificaciones, debían preguntarle quién es legalmente.

Comenzó su transición a los 16 años, aunque la libertad de ser quien es llegó luego del bachillerato. El proceso implicó, principalmente, su aceptación y, luego, la educación de sus seres queridos. Le tomó tiempo enseñarle a su mamá que la orientación sexual y la identidad de género que van más allá de las construcciones sociales deben ser asumidas con tanta naturalidad como aquellas con las que se asume la heterosexualidad.

Prissila recuerda que la respuesta de su familia fue el temor a que le pasara algo en la calle, que alguien la agrediera verbal o físicamente. Aunque no hay cifras oficiales sobre discriminación por orientación sexual, la Fundación Reflejos de Venezuela registró 380 denuncias anónimas de personas de la comunidad Lgbti –las siglas por lesbianas, gays, bisexuales, trans e intesex–. Del total, 24 % de los agresores son familiares de segundo y tercer grado y desconocidos. Prissila nunca ha sido agredida físicamente, afortunadamente, dijo, pero aseguró que la violencia contra la comunidad sexodiversa proviene del Estado venezolano.

Nicolás Maduro ha mencionado específicamente a los homosexuales en varias ocasiones. En 2012, cuando todavía era canciller de la República, aseguró frente a una multitud chavista que los sucesos de abril de 2002 habían sido liderados por “fascistas y mariconsones de la oposición”. Un año después, durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en Caracas, se disculpó por haber utilizado ese término y manifestó: “Si yo fuera homosexual, lo asumiría con orgullo a los cuatro vientos y amaría a quien me toque amar con todo el corazón».

En 2015 volvió a utilizar palabras de forma peyorativa en contra de la comunidad sexodiversa, al referirse a Henrique Capriles, quien fue su adversario en las elecciones presidenciales de 2013, como “pelucón lechero”. “Hay un pelucón que se la pasa pidiéndome leche”, dijo. En noviembre de 2017, durante una entrevista, le aseguró al periodista español Jordi Évole que en Venezuela no se ha debatido la aprobación del matrimonio igualitario, pero se comprometió a presentar la propuesta ante la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el tema no se ha mencionado en ninguna sesión.

Pero las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad Lgbti sí han intentado iniciar el debate desde hace años, no solo por la aprobación del matrimonio igualitario, sino por la visibilización de esta población.

De acuerdo con el portal digital de Unión Afirmativa, a principios del año 2003, el Movimiento Gay Revolucionario, encabezado por Heisler Vaamonde, quien fue miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), presentó ante algunos diputados de la Asamblea Nacional un proyecto de ley para las minorías sexuales, el cual incluía tipificar la discriminación por orientación sexual o por expresión de género como un delito.

Hasta la fecha no existe una ley que hable de las necesidades de las personas sexodiversas. Solo en algunas normativas se rechaza, entre otras razones, la discriminación por orientación sexual e identidad y expresión de género: Ley Orgánica para el Poder Popular; Ley Orgánica del Trabajo y de los Derechos de Trabajadoras y Trabajadores; Ley de Instituciones del Sistema Bancario y la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

En julio de 2016, Unión Afirmativa volvió a insistir frente a la Asamblea Nacional, que en diciembre de 2015 se convirtió en un parlamento de mayoría opositora al chavismo y además tenía por primera vez entre sus diputados a dos personas sexodiversas: Tamara Adrián, la primera mujer transgénero elegida en el país y en el continente, y Rosmit Montilla, el primer funcionario abiertamente homosexual. Los activistas introdujeron un documento que presentaba las exigencias de más de 40 agrupaciones que pedían la modificación del Código Civil, que establece el matrimonio como una unión entre mujer y hombre y el reconocimiento legal de las personas trans como ciudadanos.

No tener documentos de identidad que coincidan con quien ella es le impide a Prissila el acceso a varios derechos de forma simultánea, lo que, en medio de una emergencia humanitaria compleja, significa vivir en mayor riesgo. Aunque Yendri Velásquez, activista y amigo de Prissila, es enfático cuando dice que esta es una población en situación de vulnerabilidad porque el mismo Estado no garantiza sus derechos: “Comenzando por el hecho de que no hay acceso a la justicia, porque los funcionarios no te toman en serio, no hay sensibilización. Cuando quieres ir a denunciar un caso de discriminación te tratan como ‘ah, bueno, sí, el gay’ y eso es violencia de Estado”.

Yendri aseguró que la estructura sobre la que se basa la discriminación es machista y misógina, que rechaza todo lo femenino y para la cual la mujer es menos. No solo dentro del chavismo: en 2010, Julio Borges, coordinador del partido de oposición Primero Justicia, manifestó que el matrimonio entre personas del mismo sexo “es para atacar a la iglesia católica y no es un tema importante”.

Pero Yendri insiste en que la aprobación del matrimonio igualitario no es la única necesidad de la comunidad Lgbti. Aseguró que su no reconocimiento como ciudadanos por parte del Estado condena a muchas personas trans, sobre todo mujeres, a la pobreza: “Muchas se ven forzadas a la prostitución, esclavitud sexual o migración por no tener acceso a empleos y, por tanto, a la alimentación, salud y educación”.

Prissila admitió que la creencia colectiva de que todas las mujeres transgénero son estilistas o trabajadoras sexuales tiene una base real, pero no por decisión propia, sino por falta de oportunidades. “Yo estoy fuera de esa proporción que no tuvo otra opción; además, conozco a muchas mujeres trans que son maestras, abogadas, contadoras, activistas. Pero, sobre todo en los últimos años, la migración ha sido la salida para muchas”.

Un caso reciente que respalda la opinión de Prissila, fue el registrado el pasado 4 de mayo, cuando la organización colombiana defensora de los derechos de la comunidad Lgbti, Corporación Caribe Afirmativo, denunció que 20 mujeres trans venezolanas habían agredidas por hombres armados en la ciudad de Valledupar, en una zona conocida por ser espacio para el trabajo sexual. De acuerdo con una reseña de El Heraldo, los activistas manifestaron: “En vez de brindar protección a las mujeres trans agredidas y reducir a los victimarios, (los policías) empezaron a dar disparos con los cuales quedaron heridas dos mujeres trans que hoy se recuperan en sitios asistenciales de la ciudad”.

Quiteria Franco, activista y coordinadora de Unión Afirmativa, explicó que no tomar en cuenta a esta parte de la población representa una violación a los derechos humanos: “Si una población no existe en cifras, no es reconocida, no se pueden crear políticas públicas”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en su informe de 2018, Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas Lgbti en las Américas, resaltó: “(…) no es viable tomar decisiones políticas destinadas a enfrentar el problema de la discriminación contra las personas Lgbti sin datos confiables, los cuales además permitirían visibilizar su situación y significarían una forma de reconocimiento frente a las demás personas. (…) Los Estados no disponen de información cuali-cuantitativa confiable que refleje la verdadera dimensión de la discriminación sufrida por las personas Lgbti en el hemisferio”.

En Venezuela la discriminación aumenta en medio de la emergencia humanitaria compleja. Alberto Nieves, director de la organización Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), aseguró que esta situación se traduce en la pérdida del estado de derecho y la monopolización de los poderes públicos: “Eso influye negativamente en la garantía de los derechos de la comunidad Lgbti, tradicionalmente excluida por una orientación sexual distinta y una identidad de género”.

Por ejemplo, 75 % de las personas infectadas con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres u hombres trans y muchos deciden prescindir del tratamiento por miedo, primero, a visibilizar su orientación sexual o identidad de género en un centro de atención médica, o por el trato no especializado del personal de salud. O también por ambos. Esto sin contar la escasez de antirretrovirales que, según Nieves, comenzó a agudizarse durante 2016.

Nieves afirmó que en el país falta formación, sensibilidad y disposición: “En Venezuela no hay especialistas, no hay información y, además, hay paradigmas. No se acepta la identidad de género ni su expresión de forma libre”.

Para Prissila, asumirse mujer fue y es una lucha; pero una lucha que ella escogió y quiere llevar hasta lograr la garantía de los derechos de toda la comunidad Lgbti. “Yo quisiera ser una referencia. Que otras digan: si ella puede, yo también puedo”. A diario se enfrenta a los prejuicios y tabúes de la sociedad, pero ella sabe que se deben, en gran medida, al desconocimiento: “Lo que no conozco, lo que es diferente a lo que siempre he visto, lo rechazo y así funciona mucha gente heterosexual; por eso yo insisto en la educación”. Lo que es se convirtió en una bandera que iza mientras intenta sobrevivir a una emergencia, en medio de una sociedad que siempre ha tenido algo más importante que discutir que los derechos de las minorías.