En un dilema legal se encuentran víctimas de choques y colisiones en Venezuela, quienes deberían ser remuneradas al resultar afectadas en estos incidentes, según lo establece la Ley de Transporte Terrestre, pero en ocasiones no reciben respuesta de los infractores.
El 21 de febrero de este año se produjo un choque que involucró a cuatro vehículos en la avenida Boyacá de Caracas. Uno de los conductores afectados fue un taxista que conducía un Chery, Orinoco, color plateado.
El conductor trasladaba a un pasajero hacia Guarenas cuando una cola lo obligó a detenerse. Detrás venía un hombre conduciendo una camioneta quien no se percató del tráfico y no pudo frenar a tiempo, por lo que chocó el carro del taxista por la parte trasera y este a su vez a dos vehículos que estaban adelante.
Al lugar llegaron funcionarios de Tránsito Terrestre y Policía Nacional Bolivariana (PNB) para realizar el levantamiento del choque. Los efectivos actuantes opinaron que el responsable era el chófer de la camioneta que causó la colisión múltiple.
El presunto responsable fue José Oswaldo Barrios, se identificó como sargento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y en el sitio aseguró a los afectados y autoridades que su sueldo era de 130 bolívares al mes, además del bono de Guerra Económica que entrega el Gobierno, que oscila entre 40 y 60 dólares.
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Indicó que este salario no le alcanzaba para subsistir y menos para hacerse responsable del choque. Se fue del lugar sin dejar sus datos. Algunos de los afectados alcanzaron a fotografiar la placa, datos que luego usaron para ubicarlo. Según averiguaron, se encuentra en comisión de servicio en la Alcaldía de Caracas.
El taxista, conductor del Chery Orinoco, perdió su trabajo en la empresa de transporte en la que laboraba debido al estado en el que quedó el vehículo y, además, sacó de su bolsillo para hacer todas las reparaciones. Lo mismo hicieron los otros dos conductores afectados.
Responsabilidades
La coordinadora de la ONG Asotránsito, Lilian Romero, detalló la odisea que viene después de que ocurre un choque. Indicó que cuando se trata de un accidente que solo ocasionó daños materiales, los funcionarios se tardan mucho tiempo en llegar y levantar formalmente los hechos.
Según su análisis, esto se debe a los pocos funcionarios de Tránsito Terrestre y policías homologados en la institución que existen en el país. No dio una cifra, pero reconoció que son escasos.
Este vacío hace que muchos conductores se vean obligados a pactar entre ellos para evitar que el tránsito colapse. Y según explicó Romero, es cuando algunos de los responsables no contestan los teléfonos o desaparecen para no pagar.
La especialista en vialidad aseguró que la situación cambia cuando hay lesionados en los choques, ya que autoridades actúan enseguida y se aseguran de que los agraviados sean trasladados a centros asistenciales y detenidos los responsables.
Pero ante la ligereza que se toman algunos efectivos para actuar en accidentes en los que solo se registraron daños materiales, Romero recomendó a los afectados quedarse en el lugar hasta la llegada de aquellos, porque es el único aval que tiene la víctima para denunciar a un infractor que se niega a pagar.
Enfatizó en que el informe que hacen los funcionarios, en el que exponen todos los detalles sobre el accidente y por ende las responsabilidades y datos personales de los involucrados, es el requisito con el que luego se puede formalizar una denuncia ante la Fiscalía, si es que la parte responsable no quiere pagar.
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Responsabilidad Civil
Uno de los requisitos que obligatoriamente deben tener conductores para transitar legalmente, junto a la licencia de conducir y Certificado Médico Vial, es el Seguro de Responsabilidad Civil en Vehículos (RCV).
Este documento figura como una póliza que es otorgada por diversas agencias autorizadas por el Instituto de Transporte Terrestre, con el fin de que los choferes cuenten con una garantía de respuesta cuando sean víctimas de un choque. Estos centros se instalan normalmente en tiendas de repuestos o autopartes y en locales particulares.
Según lo establece la ley, poseer un certificado de RCV cubre algunos gastos del choque dependiendo del valor de compra de la póliza.
Los precios del Seguro de RCV varían según el bolsillo del conductor y lo estiman varias páginas electrónicas y vendedores que ofrecen el servicio, consultados para este trabajo. La mayoría de los conductores en Venezuela opta por comprar pólizas desde 5 dólares en adelante pensando en cumplir con el papeleo, pero no en contar con una protección real.
Sin embargo, diversas aseguradoras que funcionan en el país disponen ofertas para que clientes compren pólizas de RCV en montos varios que sí cubran daños en vehículos.
Un funcionario de tránsito consultado, quien pidió mantener su identidad resguardada, explicó que al no poseer este requisito, los conductores involucrados pueden ser multados.
«Sean 20 dólares, o 2.000, lo que cuesta la póliza de RCV, lo deben cargar en sus documentos porque si resultan afectados en un choque pueden acceder a una grúa o cubrir gastos menores. Cuando mueven los carros antes de que lleguemos o hacen tratos entre ellos, ya nuestra intervención queda sin efecto», precisó.
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