Caracas.- Este miércoles 19 de febrero, activistas por los derechos de las mujeres presentaron, por segunda vez, una causa por la despenalización del aborto en Venezuela. En noviembre de 2018, la organización Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva (Faldas R) introdujo una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que hasta ahora no ha sido admitida.
Yelena Carpio, abogada y activista, explicó que la causa debió ser revisada en un lapso de cinco días luego de su introducción; sin embargo, han pasado 14 meses y el expediente muestra que no se ha avanzado.
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La petición se presentó con la adhesión del colectivo Tinta Violeta que exige la nulidad de la penalización. Insisten en condiciones específicas: en caso de violación o incesto, si la vida del feto es inviable fuera del útero, si la vida de la madre está en peligro de muerte y cuando se trate de una niña, adolescente o mujer en pobreza extrema. En cualquier caso, antes de las 14 semanas de gestación.
Venezuela, como varios países de la región, se sumó a la convocatoria de los movimientos feministas argentinos que iniciaron la Campaña Nacional por el Derecho Aborto Legal, Seguro y Gratuito el 28 de mayo de 2005 y cada 19 de febrero celebran el Día de Acción Verde, que busca la aprobación del proyecto de despenalización en el parlamento con movilizaciones de calle.
Según los artículos 432 y 433 del Código Penal venezolano, el aborto está penado con prisión de entre seis meses y dos años, a menos que se practique para salvar la vida de la madre. En Latinoamérica, Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones durante las primeras semanas del embarazo. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití lo prohíben sin excepción, incluso si es espontáneo. Como Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica y Belice solo anulan la penalidad de la interrupción si la madre está en riesgo.
Derechos contra derechos
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe de 2014 recomendó al Estado venezolano -firmante del acuerdo-: “Modifique su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, elimine las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo”, para así evitar que niñas, adolescentes y mujeres recurran a estas prácticas en condiciones precarias.
Daniela Inojosa, activista de Tinta Violeta, manifestó que la prohibición del aborto es inconstitucional por violar los derechos de las mujeres. “Venezuela no atiende recomendaciones ni respeta los acuerdos internacionales”, rechazó. Carpio coincide: “Los delitos de aborto contradicen los derechos humanos reconocidos a las mujeres y nos colocan en situación de discriminación”.
De acuerdo con las activistas, son las adolescentes y mujeres en situación de pobreza las más afectadas. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) estimó que para 2018, 51% de los hogares venezolanos vivían en estas condiciones.
Aunque no hay cifras oficiales sobre la interrupción del aborto, en el Informe estadístico de la Red de Información por el Aborto Seguro (Rias) de 2015 a 2018, Faldas R precisó que desde 2016, las llamadas de mujeres solicitando asesoría aumentaron de una a tres por día.
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Además, en el documento se registra: “Según estimaciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el aborto representa el 10% de la mortalidad materna, que, para Venezuela, según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, es alta”.
Las representantes de Tinta Violeta y Faldas R esperan que esta vez la Sala Constitucional del TSJ admita la causa y se inicie el proceso de revisión.
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