El doctor en Ciencias y miembro de la comisión de apoyo y asistencia de la Comisión Electoral de la UCV, Alberto Fernández, dijo que a pesar de los obstáculos se lograron efectuar las elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela, lo que genera un efecto cascada sobre las otras universidades autónomas del país que ya se plantean ir a elecciones. No obstante, considera que es necesario contar con el apoyo del CNE y llegar a negociaciones para evitar grandes problemas como los que se vivieron en estos comicios
Entrevista: César Batiz Redacción: Mairen Dona
El profesor titular Alberto Fernández, miembro de la comisión de apoyo y asistencia de la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV), afirma que los comicios de esta casa de estudios tuvieron un costo tres veces mayor al presupuestado. Tres días después de la juramentación de Víctor Rago -junto al resto de las autoridades- como rector de la UCV, Fernández destaca que se pagaron 100.000 dólares para realizar el proceso y elegir a las personas que estarán al frente de la institución en los próximos años, luego de pasar más de una década sin elecciones universitarias.
Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se negó a prestar apoyo en las elecciones universitarias, el Consejo Universitario se centró en argumentos basados en la autonomía y escogió el método electoral más costoso: el voto manual. Para el proceso se utilizaron lectoras ópticas que tienen aproximadamente 40 años y el presupuesto estimado para realizar el proceso era de 27.000 dólares, dijo Alberto Fernández en entrevista realizada por el director de El Pitazo, César Batiz.
Las fallas de organización y las decisiones del Consejo Universitario provocaron que las elecciones del 26 de mayo se postergaran para el 9 de junio cuando se desarrolló la primera vuelta, en la que los candidatos Víctor Rago y Humberto Rojas lideraron los votos. Finalmente el 30 de junio se realizó la segunda vuelta con el triunfo de Rago, electo como rector.
Para discutir una ley de universidades necesitas una comunidad que esté fortalecida y representada por las nuevas autoridades que tengan legitimidad política
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
Se comentó que una de las razones que obligó la suspensión del proceso del 26 de mayo fue que las boletas se mojaron. Sin embargo, Fernández -doctor en Ciencias y exgerente de postgrado de la UCV- afirmó que la causa fue que no había suficientes boletas para atender a la gran población de votantes, un problema que pudo constatar durante su participación como miembro de la comisión que dio asistencia técnica a la Comisión Electoral, la cual se designó el 29 de mayo para corregir los errores y verificar si era posible cumplir con la nueva fecha de elecciones como efectivamente ocurrió.
A pesar de los obstáculos se lograron las elecciones de autoridades universitarias y, a criterio de Fernández, quien también es exmiembro del Consejo Universitario, esto va a generar un efecto cascada sobre las otras universidades autónomas del país que ya se plantean ir a elecciones como lo hizo la UCV, pero consideró que es necesario contar con el apoyo del CNE y llegar a negociaciones.
—¿Cómo el aspecto jurídico generó el retraso electoral de 11 años?
—Todo arrancó en el año 2007 con la reforma constitucional que perdió Hugo Chávez Frías donde se planteó la modificación del artículo 109 de la Constitución con la intención de intervenir en la autonomía de la universidad. En ese año la reforma fue derrotada y luego hubo una propuesta de la Ley Orgánica de Educación que era una especie de paraguas a las demás leyes parciales que se iban a dictar a posterior como la Ley de Educación Universitaria. Es decir, aunque la reforma fue derrotada, el Gobierno igual creó una ley que violentaba el artículo 109 y nuevamente se volvía a proponer la modificación del claustro universitario que es el encargado de elegir a las autoridades universitarias.
La aparición de la Ley Orgánica de Educación generó un conflicto legal porque teníamos la Constitución con el artículo 109 que le daba la autonomía a las instituciones universitarias y teníamos una ley que contradecía eso. En ese momento arrancó un proceso de argumentos legales entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Universitario y particularmente todas las universidades autónomas del país.
A finales de diciembre de 2010 la Asamblea Nacional sacó una ley de universidades que no había manera de aplicar, tanto así que en enero de 2011 el mismo Hugo Chávez dijo que esta ley no se iba a promulgar, sino que la iba a someter a consulta porque había una serie de desacuerdos que iban a afectar la actividad académica de la universidad. Sin embargo, continuaron las presiones a la UCV para que las universidades nacionales generaran un reglamento electoral.
Que la Universidad Central de Venezuela realizara elecciones y que sean reconocidas genera un efecto cascada en el resto de las universidades
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿De qué manera fueron esas presiones?
—En el año 2011 correspondía realizar las elecciones de decanos que se hacen cada tres años, de acuerdo con el calendario electoral que aprobamos en el Consejo Universitario. Inmediatamente se sometió un recurso en el TSJ, por parte de miembros de la comunidad universitaria, y en octubre de ese año suspendieron este proceso electoral que lo estábamos haciendo con el reglamento vigente y no el que proponía la Ley Orgánica de Educación, que sabíamos que en ese momento estaba en discusión y no habíamos recibido respuesta directa con respecto a cuál ley íbamos a aplicar para nosotros convocar a esas elecciones.
Al Consejo Universitario le correspondía organizar en 2012 las elecciones rectorales y efectivamente convocamos ese proceso electoral, pero nuevamente el TSJ a raíz de un recurso que introdujo un grupo universitario, suspendió estos comicios y nos sancionaron a cada uno de los que intregrábamos el Consejo Universitario y nos coloca una multa por desacato.
Luego en el año 2019 apareció la sentencia 0324 que modificó la Ley de Educación Universitaria que estaba vigente desde los años 80 y anuló varios artículos. Esa fue la última modificación y nos obligaba como cuerpo deliberante de la universidad a modificar el reglamento. De hecho hubo una comisión de buenos oficios que nombró el Consejo Nacional de Universidades y realizó visitas por todas las universidades del país y ofrecieron una posibilidad de negociación con el TSJ para llegar a un reglamento que pudiera ser aprobado y nosotros lográramos salir del problema que teníamos.
—¿La multa de cuánto fue y cómo la pagaron?
—No llegamos a pagar la multa porque a los dos días esa resolución se congeló en el TSJ y dijeron que nos iban a llamar a consulta a las autoridades nacionales para resolver ese impase que ocurría. En ese momento el valor de la sanción eran 2.000 unidades tributarias y era a título personal no como cuerpo universitario. Cada uno de los que votamos a favor de convocar las elecciones fuimos multados.
La negativa de no contar con la asistencia del CNE fue por parte de la UCV que decidió hacer un proceso manual con todos los riesgos que eso significaba
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿Cuál era el propósito de esa negociación?
—Teníamos que hacer una propuesta de reglamento en el marco de lo decidido por el TSJ en esa última resolución de 2019 donde prácticamente dictó un reglamento de elecciones con el famoso 1 x 1 que establece que todos los integrantes de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, obreros, empleados y egresados) tenían un mismo valor. Eso nos generaba un gran problema académicamente porque la comunidad más grande de la universidad son los egresados, lo que quiere decir que ellos son los que iban a elegir las autoridades de la universidad, mientras que la población de docentes es la que iba a tener menor peso en la decisión de quiénes serían las autoridades universitarias.
—¿Cómo afectó el COVID-19 la realización de las elecciones?
—Cuando íbamos a comenzar a considerar la propuesta de la comisión de buenos oficios hubo la declaración de pandemia y no pudimos hacer más reuniones presenciales, aunque nos seguimos reuniendo de manera virtual. Sin embargo, el tema quedó un poco relegado a raíz de toda la situación que teníamos para dar clases y atender las necesidades de los estudiantes estando en pandemia. Aunque pienso que se ha podido avanzar un poco más porque ya había unas primeras discusiones de por lo menos tres propuestas de reglamentos.
—¿Cuándo comienzan a conversar con el CNE para que asistiera al proceso de elecciones de la UCV?
—Eso ocurrió cuando el Consejo Universitario decidió el nuevo reglamento que involucra a todas las comunidades de la universidad, pero en una proporción que garantiza que los profesores tuvieran el mayor peso. Cuando ese reglamento se aprueba surgió la pregunta de cómo vamos a realizar las elecciones.
Era predecible que se iban a presentar problemas con unas máquinas lectoras ópticas que son tan viejas y con un proceso completamente manual
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿Cómo quedó la proporción establecida en el reglamento aprobado en el Consejo Universitario?
—El voto profesoral tiene un peso de 1, pero los otros miembros de la comunidad universitaria tienen un peso que es en función del voto profesoral. Es decir, el voto de los estudiantes vale el 25 % del voto total de los profesores, el voto de los obreros y empleados el 10 %, mientras que los egresados el 5 %.
Eso al final cuando uno hace el cálculo saca el peso de los votos del profesoral que es de 66,66 %; los estudiantes 16,66 %; el de los obreros y empleados cada uno 6,66 %; en el caso de los egresados el 3,66 %.
La discusión de la propuesta fue compleja porque en el medio estaba la discusión de la nueva ley de universidades, pero uno de los elementos de negociación fue que cómo íbamos a discutir esa ley con una serie de autoridades que estaban faltantes en todas las universidades. Por ejemplo, en la UCV de 11 decanos, seis habían renunciado y había ausencia de dos autoridades universitarias, uno por fallecimiento y el otro por renuncia.
—Si ustedes le dicen al gobierno de Nicolás Maduro que no pueden aprobar una ley sin autoridades rectorales electas, ¿esto implica que no deberían discutir la ley hasta que haya autoridades nuevas en todas las universidades autónomas?
—Ese fue uno de los temas de discusión que se tuvo porque si vas a discutir algo tan importante como una ley de universidades, en principio necesitas una comunidad que esté fortalecida y representada por las nuevas autoridades que tengan legitimidad política.
Creo que no existió la sabia decisión de suspender el proceso electoral para el 26 de mayo y no pasar por los grandes problemas que atravesamos
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿Qué se sabe de las elecciones en el resto de las universidades autónomas?
–Ya la Universidad de Carabobo está planteando un proceso similar al que hicimos nosotros. En el caso de la Universidad de Los Andes (ULA) envió observadores en la primera vuelta de las elecciones para ver cómo se desarrollaba el proceso y que se les explicara cómo habíamos modificado el reglamento. Lo mismo pasó con la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Oriente. El hecho de que la Universidad Central de Venezuela realizara las elecciones y que sean reconocidas es posible que genere un efecto cascada en el resto de las universidades.
—La elección de la UCV genera ese efecto cascada y vendrán elecciones en otras universidades ¿cuando concluya esto tendremos la discusión de la ley de universidades?
—Esperemos, pero no sería una sorpresa que ya tengan una ley aprobada como pasó en el año 2012.
—¿Qué garantiza que no se regrese a la decisión del TSJ en el 2012 con la sentencia 0324 que daba el mismo peso a todos los miembros de la comunidad universitaria?
—Las garantías son prácticamente imposibles. Lo que sí podemos decir es que vamos a tener autoridades en cada una de las universidades que estarán dispuestas a dar una discusión y la pelea para que se genere una ley de universidades que sea válida y que realmente respete el artículo 109 de la Constitución, porque para la generación de conocimientos tenemos que ser autónomos. No se concibe una universidad en ningún país del mundo que no sea autónoma para generar con libertad plural de conocimientos sin directrices políticas del Estado.
Ya no hay vuelta atrás, pero el voto manual es un dolor de cabeza y muy costoso, en el que se pierde mucho material
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿Cuál fue la respuesta del CNE cuando decidieron llamarlo para que participara en el proceso electoral y cómo influyó en la organización de las elecciones?
—Una vez que el Consejo Universitario tuvo en sus manos el reglamento aprobado y publicado en gaceta, se planteó la pregunta de cómo se iban a realizar las elecciones. En la UCV hay una vasta experiencia de técnicos que han hecho evaluaciones al sistema electoral venezolano y tenemos información de que este sistema está blindado y no hay manera de intervenir. Hay toda una experticia técnica que garantiza que el sistema electoral que tenemos es robusto y garantiza el secreto del voto.
Con este conocimiento y en medio de un proceso electoral tan complejo para la universidad, se hicieron los contactos con el CNE y no se negó a prestar asistencia. La negativa fue por parte de la UCV que decidió hacer un proceso manual con todos los riesgos que eso significaba. La decisión se tomó luego de mandar a realizar un informe técnico con los expertos porque había tres formas de hacer el proceso electoral: la primera era hacerlo automático vía online, pero era imposible porque la universidad no tiene una base de datos que le garantice el voto a una persona, la segunda era el proceso manual y el tercero era con el CNE.
Era predecible que se iban a presentar problemas con unas máquinas lectoras ópticas que son tan viejas y con un proceso completamente manual que no sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la comunidad universitaria al asistir para votar el día que se fijaran las elecciones.
—¿Qué fue lo que pasó el 26 de mayo?
—Durante el recorrido el día de las elecciones en la universidad nos dimos cuenta alrededor de las 11:00 am que el proceso no arrancaba y se generó todo un problema en el que se dijo que las boletas se habían mojado la noche anterior y se dio a entender que había un saboteo con las planillas, pero este mismo día en la tarde deciden suspender las elecciones y se aprobó una nueva fecha que fue la del 9 de junio.
El lunes 29 de mayo se hizo una sesión extraordinaria del Consejo Universitario y se decide crear una comisión de apoyo y seguimiento a la Comisión Electoral y entre esos miembros estaba yo. Al día siguiente comenzamos a revisar si era posible cumplir con la nueva fecha de elecciones, pero en ese proceso me di cuenta de que no había la cantidad suficiente de boletas impresas para atender a la gran población que asistió ese día a universidad.
Teniendo un sistema electrónico computarizado en el CNE no se justifica en este momento hacer unas elecciones sin su asistencia
Alberto Fernández, profesor titular de la UCV
—¿El problema no fue solo que se mojaron unas boletas?
—Las boletas nunca se mojaron y lo dijo el mismo presidente de la Comisión Electoral, pero yo lo pude constatar. También hubo un problema técnico con el Registro Electoral que se tuvo que publicar una semana antes, pero lo hicieron con un retraso de unos cuatro días y ya había evidencias de que hubo un problema. Sinceramente creo que no existió la sabia decisión de haber suspendido este proceso electoral y no pasar por el gran problema del 26 de mayo.
–¿Qué decisiones se tomaron para ir al próximo proceso?
—El miércoles 31 de mayo presentamos ante el Consejo Universitario un informe con un cronograma de acciones que garantizaban que el proceso electoral se iba a cumplir el día 9 de junio. Es decir, hicimos un seguimiento, un plan de trabajo y uno de contingencia para garantizar junto con la Comisión Electoral que el proceso se ejecutara de forma exitosa como efectivamente ocurrió, aunque también se presentó un problema adicional y es que las máquinas eran muy lentas y el proceso de escrutinio tardó más de 12 horas. Estuvimos toda la noche haciendo el conteo de votos.
Después se presentó un problema gravísimo que fue el de totalización, donde presentaron reportes que no correspondían a los resultados que teníamos algunos de los miembros de la comunidad y que eso fue prácticamente cinco días después de que la Comisión Electoral dio los resultados.
—¿Cuáles decisiones técnicas tomaron para la segunda vuelta?
—Se hizo el mantenimiento y se resolvió el problema de las máquinas lectoras para garantizar que el 30 de junio no fueran a fallar. También se reubicaron los centros de totalización y escrutinio que antes eran cuatro centros en toda la universidad, pero para la segunda vuelta dejamos uno solo. Hay que acotar que el proceso no era tan complejo porque algunas instancias ya se habían elegido el 9 de junio y la segunda vuelta fue prácticamente con solo dos candidatos en el rectorado porque la mayoría de los decanos se eligieron en la primera vuelta y no hubo elecciones de representantes profesorales. Es decir, era un proceso más sencillo, pero el volumen era importante. Los técnicos diseñaron un software de totalización que fue exitoso porque en dos horas se dieron los resultados.
—¿Qué aprendizajes se pueden tomar de este proceso y aplicar dentro de cuatro años?
—El reglamento es un elemento transitorio que desaparece dos semanas después de la juramentación, pero ese reglamento debe ser revisado porque ahí hubo unos problemas que descubrimos después. Uno de ellos es que los candidatos a rectores y autoridades debían tener el máximo escalafón universitario, cosa que no está claramente reflejada. Hubo candidatos que no reunían los requisitos que deberían tener las autoridades universitarias y de los dos finalistas solo Humberto Rojas era profesor titular.
Otra de las cosas a tomar en cuenta es la participación de instructores. La universidad venezolana tiene cinco categorías: la de titulares es el más alto y el que ingresa como nuevo es la categoría de instructor que está en plan de formación. Colocar a un instructor en un cuerpo de decisión como en un Consejo de Escuela o Facultad genera un conflicto porque en estas instancias se evalúan los informes de su propia actuación.
La población de profesores jubilados de la universidad es un poco mayor a la de profesores activos. Que el peso de nosotros los jubilados sea exactamente igual al de los activos que llevan la actividad del día a día en la universidad, no es justo. Hay cosas a tomar en cuenta en algún momento para reformar y proponer un reglamento que académicamente sea el adecuado.
—¿Qué puede enseñar este proceso de las elecciones de la UCV a las primarias?
—Ya no hay vuelta atrás, pero el voto manual es un dolor de cabeza y muy costoso. El proceso de la Universidad Central de Venezuela costó alrededor de 100.000 dólares. Hay mucho material que se pierde. Teniendo un sistema electrónico computarizado en el Consejo Nacional Electoral no se justifica en este momento hacer unas elecciones de esa magnitud que no sea con la asistencia del CNE.
—Las elecciones costaron tres veces más de lo programado. ¿Cómo se pagó?
—Parte del dinero lo dio el mismo Estado, otra se sacó de las arcas de la universidad y también con los ingresos propios de las facultades, pero eso fue un dolor de cabeza y una semana antes de las elecciones no sabíamos si teníamos los recursos completos.
—Extrapolando esto, ¿cuánto pueden costar unas primarias?
—La pregunta es compleja, pero no es solo el costo. También se trata de la infraestructura que es lo que permite tener las sedes de los colegios y las universidades nacionales como hace el CNE cada vez que hay elecciones. Armar un proceso electoral al aire libre puede ser un problema grave.
—¿Podría pronosticar una nota para el proceso de primarias en medio de todo lo que se ha visto?
—Yo no auguro buenos resultados, pero quisiera porque es una oportunidad que tenemos el año que viene para salir adelante. Espero que ocurra algo en el camino como un proceso de consenso, pero a pocos meses del proceso electoral no sabemos cómo será el procedimiento para recoger los votos, quién los va a custodiar y cómo será la transmisión de información. No sabemos si hay los recursos para hacer todo esto, aunque si la Comisión de Primarias sigue adelante es porque algo tiene y sabe.
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