El economista y profesor universitario considera que una decisión del Gobierno estadounidense que permita salvar Citgo depende de un acuerdo político entre los representantes de Maduro y la oposición venezolana, o del surgimiento de un nuevo Gobierno en Venezuela. Apuntó que el hecho de que el exprocurador de la República del gobierno interino, José Ignacio Hernández, fuera también asesor legal de Pdvsa ad hoc, por ejemplo, abrió la puerta para que los acreedores demostraran el alter ego
Por: César Batiz Redacción: Kemberlyn Talero
Quedan escasos cinco meses para que se concrete la venta de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, y la posibilidad de salvarla puede estar en manos del gobierno de Joe Biden, quien tiene la facultad de detener la subasta ordenada por un juez de la Corte de Delaware. Pero una acción de este tipo solo puede surgir ante un nuevo Gobierno venezolano resultante de elecciones legítimas o con un acuerdo político entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana reunida, considera el economista y profesor universitario Francisco Rodríguez.
“Si las partes siguen peleándose y no toman acciones conjuntas, creo que la administración Biden va a decir que Citgo le pertenece a los acreedores”, expresó Rodríguez en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
En más de una hora de conversación, Rodríguez se refirió a las posibilidades de que Venezuela conserve Citgo pese al avance de la subasta, pero también habló de aristas como la responsabilidad de Guaidó en esta decisión y la actuación del gobierno interino. Además, refutó los señalamientos que recientemente desde Pdvsa ad hoc han realizado en su contra, de difundir información que responde a intereses de los acreedores.
Como lo ha hecho en otras oportunidades, Rodríguez invoca al Acuerdo de Barbados para insistir en que un acuerdo político puede ser la vía para mantener uno de los activos más importantes de Venezuela en el exterior. “Insto a Jorge Rodríguez y a Gerardo Blyde a que cumplan el Acuerdo de Barbados al menos en lo que respecta a la protección de activos”, expresó.
Considera que la administración de Biden solo detendría la venta de Citgo con una comunicación conjunta al Gobierno de Estados Unidos, en la que oficialismo y oposición dejen claro que van a actuar y negociar juntos, en cumplimiento del Acuerdo de Barbados, para tratar de salvar la filial de Pdvsa.
Para lograr una negociación efectiva con los acreedores, el economista sugiere la creación de una junta de administración de activos que pueda representar al país, ya que duda de que el gobierno interino pueda alcanzar un acuerdo de forma independiente.
“Los restos del gobierno interino tienen que negociar con un montón de acreedores, pero solo tienen a Citgo. Pero si fuese Venezuela, con los campos petroleros y la oferta petrolera futura sí se podría sentar con los acreedores”, dijo. Para ello, es necesario el control de facto sobre el territorio venezolano que actualmente tiene Maduro.
Era descarada la forma en la que los gobiernos de Chávez y Maduro utilizaban a Pdvsa para sus propios fines
Francisco Rodríguez, economista
“Si estos grupos no se pueden poner de acuerdo sobre quién es el gobierno, que creen una instancia que negocie en nombre de los dos con los acreedores. Así sí creo que tienen algo que ofrecer”, apuntó.
De esa forma, continuó, las partes tendrían un mejor fundamento para pedirle a la administración de Joe Biden una protección sobre Citgo, similar a la que impide la ejecución de garantía del bono Pdvsa 2020. Recordó que la venta de Citgo ordenada por la Corte de Delaware debe ser aprobada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y esta instancia ya ha expresado voluntad de hacerlo.
La responsabilidad de Guaidó en el alter ego
El economista insiste en responsabilizar al gobierno interino de incurrir en el alter ego que generó la decisión de subastar Citgo. Contrario a lo que explicó a El Pitazo Yon Goicoechea, miembro del Comité de Protección de Activos, Rodríguez considera que sí se pudo evitar la decisión del juez Leonard Stark.
Explicó que cada empresa debe demostrar en su demanda que Pdvsa incurrió en alter ego para que pueda proceder con la orden de embargo. “Este es el criterio que estableció el juez Stark”, apuntó. En ese sentido, no niega que los gobiernos de Chávez y Maduro incurrieron en alter ego, pero asegura que también se demostró durante el interinato. “Era descarada la forma en la que los gobiernos de Chávez y Maduro utilizaban a Pdvsa para sus propios fines”, dijo.
Hay más de 20.000 millones de dólares en órdenes de embargo que han sido emitidas para acreedores sobre la base de alter ego de Guaidó
Francisco Rodríguez, economista
Detalló que Crystallex demostró que existía alter ego entre Pdvsa y los gobiernos de Chávez y Maduro, y de esa forma pudo obtener la orden de embargo por la deuda de la República en el caso de la expropiación de la mina Las Cristinas. “Ese caso representa 1.000 millones de dólares, pero después se presentaron otras demandas (…) Hay más de 20.000 millones de dólares en órdenes de embargo que han sido emitidas para acreedores sobre la base de alter ego de Guaidó”
“El juez dice que el trato que le dio el gobierno de Guaidó a las empresas es materialmente igual al de Maduro”, aseveró Rodríguez, quien durante la entrevista leyó parte de la sentencia del juez Stark. El texto de la Corte dice que el gobierno de Guaidó tenía control extensivo de Pdvsa, y usó los recursos de la estatal petrolera para financiar su gobierno y la defensa de esta empresa.
Además, menciona el anuncio de reestructuración de la deuda realizado por el gobierno interino en el que señala que se tratarían las deudas de Pdvsa al igual que las de la República. Estos lineamientos, publicados por la Procuraduría Especial, fueron citados por el juez Stark, aún cuando se conocía la sentencia del juez de Delaware sobre Crystallex y sabían que había otros acreedores buscando evidencia de alter ego.
“El alter ego se demuestra cuando el gobierno interino interviene en la reestructuración de la deuda de Pdvsa y el procurador especial (José Ignacio Hernández) asume como abogado de Pdvsa”, señaló. Para evitarlo, el gobierno interino pudo difundir los términos de reestructuración de la deuda soberana, y la junta ad hoc encargarse de la deuda de la estatal petrolera.
Si no hay un acuerdo político es inevitable que Citgo se pierda
Francisco Rodríguez, economista
Asimismo, aseguró que en reiteradas oportunidades dio recomendaciones al gobierno interino de cómo evitar caer en alter ego. “Cuando a la Asamblea Nacional se le ocurre la estupidez de nombrar al procurador especial abogado de Pdvsa, yo pedí que cambiaran esa decisión porque sería usado como prueba de alter ego y fui ignorado. Tres años después tenemos una sentencia donde justamente esas acciones que fueron advertidas son la prueba principal que el juez toma”, señaló.
Insistió en que si el gobierno interino no hubiera incurrido en alter ego, la deuda sería de unos 5.000 millones de dólares, factible negociar. Ahora el monto de deudas total suma 23.000 millones de dólares y esa es la razón por la que Citgo no puede negociar con los acreedores.
La subasta de Citgo
Según los cálculos de Rodríguez, el valor de Citgo está entre los 10.000 y 15.000 millones de dólares, monto por el cual debería venderse la compañía. De esa manera, también contradice las declaraciones de Horacio Medina, presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, quien asegura que la empresa se venderá por la mitad de su valor.
“Las subastas están diseñadas para conseguir el precio de mercado, decir que se venderá a la mitad no tiene fundamento”, apuntó.
Explicó que de la forma en que está diseñada la subasta, le corresponde a Pdvsa conseguir un comprador para establecer el monto mínimo de venta.
Debemos en el debate público: ¿qué fue lo que pasó con Citgo?
Francisco Rodríguez, economista
Rodríguez aclaró que para cobrar las deudas, los acreedores no tomarán una parte de la empresa, sino de que de la venta se pagarán esas cuentas pendientes. En este punto surge otra variante y es una demanda de los trabajadores petroleros por violaciones a derechos laborales y derechos humanos generada por los despidos de Pdvsa en 2002 y 2003.
Si admiten esta demanda, tendrán prioridad las deudas laborales en la subasta, es decir, los trabajadores serían los primeros en cobrar. De igual forma, al concretarse la subasta se ejecutará la garantía sobre los bonos Pdvsa 2020, que no se ha cobrado por la licencia de la OFAC.
En cuanto a las cifras de Citgo, el economista también cuestiona los argumentos de Medina, en los que atribuye los mejores resultados de la compañía a la buena gerencia de los últimos años. Según Rodríguez, las ganancias de la filial de Pdvsa se deben a la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó los precios del petróleo.
Su relación con los acreedores
Los señalamientos a propósito del caso Citgo han sido una constante en las últimas semanas. Rodríguez responsabiliza a Guaidó y a la junta ad hoc de Pdvsa de tomar decisiones erradas, y estos al economista de difundir información falsa para favorecer intereses de los acreedores.
Nuevamente, Francisco Rodríguez se defiende. Negó que fuera bonista, lobista o representante de los acreedores de Citgo, señalamientos reiterados por Horacio Medina y, más recientemente, por Yon Goicoechea. “Me preocupa que saben que es falso y de todos modos lo dicen. ¿Por qué difunden información comprobablemente falsa sobre quienes los criticamos? (…) Nunca he sido representante de ningún fondo de inversión”, reiteró.
Durante la entrevista dio una explicación detallada sobre su vinculación, en carácter de analista económico desde las firmas para las que trabajó, con las distintas empresas acreedoras de Pdvsa. “Yo hacía análisis, en ningún momento estuve involucrado en la emisión de ningún bono, ni mucho menos el Pdvsa 2020”, expresó.
Igualmente, se refirió a un informe de Torino Capital, firma para la que trabajó como economista en jefe, en el que señala que la Asamblea Nacional no invalidó el bono Pdvsa 2020, uno de los argumentos utilizados actualmente en la defensa de Citgo.
Mi trabajo era interpretar lo que decía la Asamblea Nacional
Francisco Rodríguez, economista
Indicó que ese texto solo refleja el criterio que expresaron algunos diputados, quienes consideraron que la emisión del bono Pdvsa 2020 no requería la autorización del Parlamento.
“La Asamblea aprobó una resolución en la que rechaza la emisión del bono, remite a la Fiscalía y se cita el presidente de Pdvsa, pero no cita el artículo 150 de la Constitución, que dice que los contratos de interés público requieren autorización de la Asamblea Nacional, en ningún momento cuestiona la legalidad del bono”, dijo.
Aseguró que, como analista, dijo lo que observó: que el Parlamento no pensaba que este bono era ilegal, por tanto, si la oposición llegaba al poder no iba a cuestionar su legalidad. “Mi trabajo de analista era interpretar lo que dice la Asamblea Nacional”.
A juicio de Rodríguez, lo importante en este momento es centrarse en el debate sobre lo que sucedió con Citgo, qué hacer para salvarla, cuáles fueron los errores, qué se aprende de ellos y quiénes deben asumir las responsabilidades
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