El experto en Justicia Penal Internacional y director de la ONG Defiende Venezuela aseguró que se ha comprobado que las investigaciones penales contra los gobiernos por crímenes de lesa humanidad no ayudan a las transiciones políticas. En el caso de Venezuela, recomendó esperar cambios solo en materia de justicia
Entrevista: César Batiz | Redacción: Frank Hernández
No esperar cambios en materia política en Venezuela a raíz de las decisiones que la Corte Penal Internacional (CPI) anuncie en los próximos días en relación con las investigaciones penales que se llevarían a cabo contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, recomendó Carlos Briceño, director de la ONG Defiende Venezuela y experto en Justicia Penal Internacional.
Durante una entrevista sostenida, vía Facebook Live, con el director de El Pitazo, César Batiz, en la cual hablaron de la expectativa que los venezolanos pueden tener acerca de las averiguaciones de la CPI relacionadas con los asesinatos, desapariciones y torturas que habría cometido el gobierno de Maduro, el especialista aconsejó “atenerse al resultado que está a la mano, y es el avance en una investigación, la cual debe conducir a esclarecer los hechos. Pero este proceso puede durar años, décadas”.
Briceño, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y con un magíster en la Universidad Rovira i Virgili, de Tarragona, ha hecho seguimiento y denunciado varios de los casos de violencia atribuidos al régimen venezolano a través de la ONG que dirige. Por ello, conoce bien la
gravedad de la acusación que enfrenta el Estado venezolano.
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Sostuvo que esperar el desarrollo de una transición política en el país a raíz de la próxima decisión que anuncie la Corte Penal Internacional sobre investigar los crímenes, es una sobreexpectativa que no aconseja tener, ya que “los cambios pueden darse en materia de justicia, pero no en materia política”.
“Esperar una transición es muy exagerado en función de la realidad jurídica. Desde el punto de vista jurídico vemos la evolución de la Corte Penal Internacional y vemos otros procesos contra máximos responsables, pero nos damos cuenta de que esos procesos no sirvieron para remover a esos personajes», advirtió Briceño.
El especialista apeló a la historia para ejemplificar: «Tenemos el caso de Omar al Bashir, quien estuvo muchos años con una orden de arresto de la CPI, y eso más bien elevó su costo político de perder el poder y provocó un estancamiento. Se refugió en el poder y eso no condujo a una transición. También ocurrió con Muamar el Gadafi. Tendría mucho cuidado de equiparar estos procesos jurídicos con una transición política”.
Averiguación penal lenta
Durante la conversación con Batiz, el especialista precisó que el proceso para llevar a juicio al gobierno de Maduro para decidir su culpabilidad en la muerte de varios ciudadanos, consta de cinco fases y su evolución puede tardar años.
La primera fase es el examen preliminar, que consiste en el estudio de una denuncia y en la cual se ven si hay motivos para investigarla. En este punto se encuentra uno de los dos casos que se manejan en la CPI en cuanto al tema venezolano.
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Según el abogado, el primer caso fue iniciado a raíz de las denuncias de los demás países de la región, quienes acusaron al gobierno de Maduro por los crímenes cometidos durante 2017. Esta denuncia dio origen al caso Venezuela I.
Luego, el propio Estado venezolano procedió a denunciar a Estados Unidos ante la CPI por el bloqueo económico, alegando que las sanciones económicas provocaron también crímenes en el país. Este segundo caso se conoce como Venezuela II. El caso Venezuela I está avanzado y es sobre el cual se espera el pronunciamiento en cuanto al examen preliminar. El Venezuela II apenas se encuentra en revisión.
–Apuntando al tema de las expectativas. Este es un proceso que mencionará personas, no el país ni organismos. ¿Se tiene idea en estos momentos de quienes son o sus jerarquías dentro del Gobierno u organismos de seguridad?
–Es una premisa del Estatuto de Roma el juzgar a los máximos responsables de los crímenes; esos serían los que tienen máxima prioridad. Sin embargo, la estrategia de acusar y juzgar a máximos responsables o jerarcas sin tener pruebas sólidas ha demostrado ser una política errada que ha llevado al fracaso de muchos casos ante la corte.
El proceso (la averiguación penal en curso) está en una etapa muy temprana como para saltar a dar nombres y apellidos –indicó el especialista–. Si no hay pruebas sobre los altos cargos, la Fiscalía debe actuar conservadoramente y enfocarse entonces en aquellos sobre quienes hay evidencia clara.
Cuando habló de evidencias, Briceño se refirió a las pruebas que servirían para acusar a uno o a varios de los funcionarios del Gobierno implicado en los crímenes. Sin embargo, aclaró que el método para fundamentarlas es también riguroso y demanda tiempo.
Cambio de discurso
También el director de Defiende Venezuela explicó que ante la inminencia del posible anuncio en cuanto a iniciar averiguaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Maduro parece haber entrado en estado de alerta.
Para Briceño, la advertencia de iniciar las investigaciones “es como una espada de Damocles que puede caer sobre el gobierno de Maduro en cualquier momento. Esto ha causado que sea más comedido y sopese más las consecuencias antes de actuar. Sabe que es observado y trata de amoldarse a una política judicial sensata”.
Acotó el entrevistado que “el Estado ha tomado acciones más racionales, al menos en apariencia”, situación evidenciada con los cambios del discurso en los casos de las muertes del estudiante Juan Pablo Pernalete y del concejal Fernando Albán.
Acciones dilatorias
La denuncia efectuada por el gobierno de Maduro contra Estados Unidos ante la CPI también ha traído consecuencias. El experto sostiene que, de alguna manera, trata de retrasar las primeras decisiones a punto de ser reveladas.
“Pienso que el Estado venezolano ha buscado, con la solicitud de este examen preliminar paralelo, disgregar los esfuerzos de la Fiscalía de la CPI y ralentizar los procesos en su conjunto, tanto ese como el de Venezuela I. Es una forma de generar una narrativa política que deslegitime el examen del primer caso, pues busca que la Fiscalía pase de examinar los casos de torturas y presos
políticos a las sanciones unilaterales”, apuntó el experto.
–La fiscal Bensouda tiene hasta el 15 de junio para pronunciarse. Si no lo hace, ¿el próximo fiscal Karim Khan deberá iniciar el proceso nuevamente o tomará lo que Bensouda deje avanzado?
–En caso de no pronunciarse, que parece ser cada vez más lo que va a ocurrir, el nuevo fiscal Karim Khan aplicará una continuidad administrativa. Esas decisiones no serían reversibles. Pero en todo caso, Kahn tendría una autonomía, en cierto sentido discrecional, sobre abrir, no abrir o cerrar la investigación. Son tres escenarios, y aunque hay una fuerte sensación de que se llevará a cabo la investigación, no se descartan los otros dos, más cuando el Estado venezolano utiliza todas sus facultades procesales para tratar de que el examen no se inicie.
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Briceño aseguró que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, ha alegado ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que Venezuela debería tener la misma oportunidad de Colombia en cuanto a demostrar que posee un sistema de justicia autónomo, capaz de garantizar la administración de la ley como debería ser. No obstante, asegura que con esta petición solo “busca maniobrar y ganar un tiempo considerable”.
También señaló que el reciente retiro de apoyo del Gobierno argentino a la denuncia ante la Corte Penal Internacional no cambiará para nada el curso de la investigación, al igual que la designación del nuevo fiscal de origen británico, cuyo nombramiento no dará un nuevo giro al proceso. “Khan tiene altas credenciales en la justicia penal internacional, que lo hacen idóneo para el cargo y las cuales, al final, impedirán que presiones políticas incidan en la decisión”, concluyó.
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