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sábado, 25 mayo, 2024

Abogado Rafael Badell sobre juicio por Esequibo: “Si perdemos este caso será por mala defensa”

El abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello repasó los momentos claves en la defensa de Venezuela sobre el territorio esequibo desde el siglo XIX. Aseguró que las audiencias de esta semana no afectan el fondo del asunto, que es la reclamación del territorio, pero considera que la participación de Venezuela ha sido escasa y ha dejado mucho que desear

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Caracas.- De escasa califica el abogado y profesor universitario Rafael Badell la defensa de Venezuela en la disputa con Guyana por el Esequibo. Tras un largo camino que data de más de 200 años, el país finalmente tiene la oportunidad de que un tribunal internacional juzgue la invalidez jurídica del Laudo de París de 1899, documento por el cual arrebataron la llamada zona en reclamación.

“¿Vamos a desperdiciar esta oportunidad histórica?”, se pregunta el experto, que también es vicepresidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Considera que la pérdida o no del territorio dependerá de la línea de acción que decida tomar el gobierno de Nicolás Maduro.

Para Badell, la única vía para resolver este conflicto es la participación en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la misma cuya jurisdicción desconoce el gobierno de Maduro, según dijeron esta semana el mismo mandatario y su vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, esta última en una audiencia ante el mismo tribunal.

Si perdemos este caso será por mala defensa de nuestros derechos. No habrá más territorio que reclamar a nadie. Tampoco habrá más culpables, además de quienes decidieron no participar en el juicio ante la CIJ”, dijo en conversación con El Pitazo el experto y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El especialista, además, considera que esa participación debe convocar a los más aptos juristas nacionales y extranjeros para ejercer con seriedad, conocimiento técnico, diligencia e inteligencia la histórica reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo.

Badell aseguró que Venezuela tiene los títulos y las pruebas que demuestran que el Laudo Arbitral de París es nulo, “pero hasta el momento su participación en el proceso ha dejado mucho que desear. Si el gobierno sigue este camino es muy probable que este documento sea declarado válido, porque la CIJ prácticamente sólo estaría escuchando los argumentos y revisando la evidencia que le proporciona Guyana”, afirmó.

En cambio, está convencido de que es altamente posible que Venezuela logre probar la nulidad del Laudo Arbitral si asume la defensa con seriedad y lo más pronto posible.

“Solo haciendo valer nuestros títulos jurídicos e históricos y adminiculándolos con las pruebas que tenemos podremos reivindicar nuestros derechos sobre el territorio que nos fue injustamente arrebatado mediante el Laudo Arbitral de París”, expresó.

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El referéndum sobre el Esequibo: una decisión política

Según el abogado, el referéndum consultivo sobre el Esequibo convocado por el gobierno de Maduro para el 3 de diciembre no cambia para nada las cosas. A su juicio, se trata de una decisión con fines exclusivamente políticos que forma parte de una discusión que no es jurídica.

“La tesis mayoritaria que han sostenido los juristas más destacados de nuestro país, la cual comparto, es que no existe necesidad de consultar al pueblo para defender y ejercer nuestros derechos sobre el territorio esequibo”, dijo.

Badell insiste en que las sesiones de audiencias del día esta semana son producto de la mala gestión y politización del conflicto por parte de Venezuela. “El referéndum consultivo, que ningún aporte ofrece a la defensa de nuestros derechos sobre el territorio en disputa, ha sido interpretado por Guyana como una afrenta”, recordó.

En este sentido, dijo que Guyana solo utilizó un mecanismo procesal que ofrece el Estatuto y el Reglamento de la CIJ, como lo son las medidas provisionales. Explicó que la Corte decidirá este procedimiento incidental y determinará si se cumplen o no los presupuestos de procedencia de las medidas provisionales solicitadas por Guyana. Sin embargo, aseguró, esta decisión no afecta el fondo del asunto (la validez del Laudo de París).

“Lo que sí es lamentable es que Venezuela no se adelantó a Guyana y solicitó medidas provisionales sobre hechos que están afectando directamente nuestros derechos desde hace algún tiempo, específicamente a las actividades relacionadas con la explotación petrolera sobre territorio controvertido o las que pueden afectar nuestros legítimos derechos”, agregó.

Ante la solicitud de Guyana, ahora Venezuela tendrá que atender primero este asunto, condenó el abogado. Luego, según su criterio, debería “de una vez por todas” solicitar a la CIJ la suspensión de estas actividades. “Solo así podría reaccionar eficaz e inteligentemente ante los nuevos procedimientos de licitación, iniciados en 2022, que Guyana pretende llevar adelante en el territorio controvertido”, apuntó.

El embajador ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada, es el agente del Estado venezolano ante la CIJ en la disputa con Guyana por el Esequibo | Foto: CIJ

Venezuela víctima de abusos

―¿Hubo errores de Venezuela en la defensa del Esequibo a lo largo de la historia?

El diferendo territorial por el Esequibo, que tiene más de doscientos años, no es producto de errores en la defensa del territorio, sino de abusos que Venezuela sufrió durante todo el siglo XIX e inicios del siglo XX. Estos abusos comenzaron con la usurpación en 1822 por parte colonos ingleses en nuestro territorio, la cual, por cierto, fue repelida enérgicamente por el Gobierno de la República de Colombia, de la que Venezuela formó parte. Continuaron con una serie de demarcaciones unilaterales por parte del Reino Unido que nunca se fundamentaron en títulos jurídicos ni históricos, pero el mayor abuso se consolidó el 3 de octubre de 1899 cuando un tribunal parcializado, sin contar ni siquiera con un árbitro venezolano, dictó el famoso Laudo Arbitral de París que, en 6 párrafos con 844 palabras, arrebató a Venezuela más de 159.500 kilómetros cuadrados de territorio.

Ese Laudo Arbitral de París fue una decisión viciada. Los árbitros violaron el debido proceso, no aplicaron las normas que debían resolver la disputa, no valoraron las pruebas que favorecían a Venezuela, se pronunciaron sobre temas que no eran de su competencia, los árbitros que lo dictaron apoyaron abiertamente al Reino Unido y, como si fuera poco, tampoco explicaron cómo habían llegado a esa decisión. Desde ese mismo momento en que se dictó el Laudo Arbitral de París Venezuela lo rechazó. Pero fuimos obligados por el Reino Unido a ejecutar la decisión y participar en la demarcación.

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―¿Qué obligó a Venezuela a acatar esa decisión?

En ese momento, Reino Unido era una potencia colonial mientras que Venezuela era un país débil que acababa de pasar por la Revolución Liberal Restauradora. Además, las costas venezolanas habían sido bloqueadas por buques de guerra de grandes potencias extranjeras para obligar al país a pagar la deuda pública que había acumulado desde principios del siglo XIX con los eventos de la independencia. Adicionalmente, Estados Unidos, que había apoyado a Venezuela durante todo este proceso, mejoró sus relaciones con Reino Unido y dejó de respaldar la causa venezolana. Estos eventos coincidieron con la caída de los precios del café, un rubro muy importante para la economía nacional desde 1811.

A pesar de todo, jamás desistimos de nuestra legítima reclamación territorial y durante el siglo XX Venezuela hizo todo lo posible por reivindicar sus derechos y obtener justicia. Lo hizo a través de la diplomacia, denunciando la nulidad del Laudo Arbitral de París ante importantes foros internacionales como la IX y X Conferencia Interamericana y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Foto: Cancillería Venezuela Twitter

El Acuerdo de Ginebra y los intentos de negociar

Según relató Badell, fue gracias a los esfuerzos diplomáticos de Venezuela que el 17 de febrero de 1966 se suscribió el Acuerdo de Ginebra. Este tratado fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Ignacio Iribarren Borges; el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Michael Stewart, y el primer Ministro de la Guayana Británica, Forbes Burnham.

“El propósito del Acuerdo de Ginebra, aún vigente y en plena aplicación, es poner fin a la contención de Venezuela y el Reino Unido, generada por el Laudo Arbitral de París. Con esta convención, ambos países se comprometieron al establecimiento de una comisión mixta con el fin de solucionar la controversia mediante un arreglo práctico”, apuntó el experto.

Precisó que el Acuerdo de Ginebra eliminó formalmente las dudas sobre el efecto de cosa juzgada del Laudo Arbitral de París. “Se establece una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es nulo e írrito”, dice el artículo 1 de este documento.

Cuatro años después, continuó el experto, se suscribió el Protocolo de Puerto España entre Venezuela, el Reino Unido y la República Cooperativa de Guyana. El documento firmado el 18 de junio de 1970 suspendió por 12 años la aplicación del Acuerdo de Ginebra. “El motivo para hacer esto es que Venezuela estaba negociando la delimitación de áreas marinas y submarinas al norte del Golfo de Venezuela con Colombia. Sin embargo, el 4 de abril de 1981 el Gobierno de Venezuela decidió no prorrogar nuevamente su vigencia y volvimos a la aplicación del Acuerdo de Ginebra”, dijo.

El 1 de julio de 1982, nuevamente amparado en el Acuerdo de Ginebra, el Gobierno venezolano propuso al Gobierno de Guyana resolver las disputas mediante negociaciones directas. Luego, el 2 de agosto de 1982 Guyana rechazó la propuesta y propuso resolverla mediante arreglo judicial ante la Corte Internacional de Justicia. Este planteamiento fue rechazado por Venezuela el 30 de agosto de 1982.

ONU
En 1983, tanto Venezuela como Guyana, aceptaron que el secretario general de la ONU definiera el medio para solucionar la disputa | Foto: Archivo

La intervención del secretario general de la ONU

Según el relato de Badell, el 19 de septiembre de 1982, tras el rechazo de Venezuela y ante la falta de consenso, el Gobierno venezolano informó a Guyana y al Reino Unido que sometería la selección del medio de solución al Secretario General de Naciones Unidas, quien entonces era Javier Pérez de Cuéllar. El 28 de marzo de 1983, Guyana aceptó la intervención de Cuéllar, quien debía elegir el medio de solución de la controversia.

Tanto Venezuela como Guyana estuvieron de acuerdo con que fuera el secretario general de Naciones Unidas quien determinará el medio para solucionar el diferendo territorial. Esta era una decisión válida contemplada en el Acuerdo de Ginebra. Actualmente, Venezuela pretende desconocer esta decisión”, dijo el profesor universitario.

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Fue así como Cuéllar designó a varios buenos oficiantes para que ayudaran a ambos países a resolver la disputa. Sin embargo, las partes jamás lograron llegar a un acuerdo. “Así transcurrió el tiempo y el 15 de diciembre de 2016, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, propuso incorporar un elemento de mediación a los buenos oficios y advirtió que de fracasar este nuevo método se establecería la CIJ como instancia para la resolución del conflicto”, continuó.

Luego, el 23 de febrero de 2017, el nuevo secretario general de la ONU, António Guterres, en línea con lo establecido por su predecesor, designó a Dag Nylander como buen oficiante para que encontrara una solución. La modalidad era de buenos oficios, con un elemento de mediación incorporado.

“Las funciones de Dag Nylander duraron hasta el 30 de noviembre de ese año, fecha límite fijada para evaluar los avances en la solución de la controversia. Tras no demostrar resultados, António Guterres decidió elegir el arreglo judicial mediante la CIJ con base en el artículo IV.2 del Acuerdo de Ginebra y así lo expresó en una carta de fecha 30 de enero de 2018”, relató el experto.

Corte Internacional de Justicia
La Corte Internacional de Justicia citó a la defensa de Venezuela para el miércoles 15 de noviembre | Foto: archivo

La demanda en la Corte Internacional de Justicia

Con base en la decisión de Guterres, Guyana demandó a Venezuela ante la CIJ el 29 de marzo de 2018. A pesar de que Venezuela estuvo de acuerdo con que el secretario general de la ONU decidiera el mecanismo para solucionar el conflicto, sostuvo que la CIJ no era competente para conocer el asunto porque nunca había aceptado su jurisdicción.

Tomando en cuenta la posición de Venezuela, la CIJ analizó su propia competencia. Luego, mediante sentencia del 18 de diciembre de 2020, se declaró competente para decidir sobre la nulidad o validez del Laudo Arbitral de París del 3 de octubre de 1899 y la cuestión conexa relativa a la determinación de la verdadera frontera entre ambos países, dijo Badell.

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El 7 de junio de 2022 Venezuela compareció ante la CIJ y opuso excepciones preliminares sobre la admisibilidad de la demanda de Guyana. Las observaciones y alegatos, orales y escritos, de ambas partes fueron escuchadas por la Corte y el 6 de abril de 2023 dictó sentencia. “En ese fallo, la Corte estableció que la demanda de Guyana es admisible y declaró sin lugar la excepción preliminar presentada por Venezuela. Finalmente, en esa decisión la CIJ ratificó que es competente para decidir sobre el fondo de las reclamaciones de Guyana”, explicó el especialista.

Ese mismo día, la CIJ fijó el día 8 de abril de 2024 como fecha límite para que Venezuela presente su contramemoria, es decir, sus alegatos y defensas de fondo en respuesta a la demanda de Guyana.

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