Para el economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela, la posibilidad de que se pierda la filial de Pdvsa en Estados Unidos es responsabilidad tanto de los gobiernos de Chávez y Maduro, como del interinato de Juan Guaidó; los primeros por generar la deuda y el segundo por incurrir en el alter ego que sustenta la decisión de la Corte de Delaware
El reciente rechazo de la Corte Suprema de Estados Unidos a una apelación de la junta administradora ad hoc de Pdvsa hace resurgir la preocupación sobre la posibilidad de la pérdida de Citgo, filial en Estados Unidos de la estatal petrolera venezolana. La administración de Pdvsa nombrada por el gobierno interino había pedido al máximo tribunal estadounidense revisar la sentencia de la Corte de Delaware, ratificada por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, que permite la venta de Citgo para pagar las deudas de la República de Venezuela a una serie de acreedores aceptando la figura de alter ego.
Tras este fallo, la única manera de salvar este activo de Pdvsa sería una negociación con estas empresas, lo cual hasta el momento luce improbable, según el economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela, Francisco Rodríguez. También explicó el profesor universitario que el proceso de venta ordenado por la Corte de Delaware avanza de acuerdo con el cronograma establecido, el cual pautó para el 15 de julio la audiencia en la que se aprobará el resultado definitivo de la subasta.
La razón por la que no se han sumado más acreedores es porque este cúmulo probablemente va a agotar el valor de Citgo
Francisco Rodríguez, economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela
“La Corte (de Delaware) está trabajando con ese cronograma y no pareciera haber mayor posibilidad de desviarlo a menos que hubiese un acuerdo con los acreedores, pero luce bastante improbable, por lo menos en ausencia de un acuerdo político entre Maduro y la Asamblea Nacional de 2015”, dijo en conversación con El Pitazo.
Precisamente, en octubre de 2023, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria se comprometieron, como parte de los acuerdos de Barbados, a proteger Citgo, pero hasta la fecha no se conocen avances en dirección al cumplimiento de este punto, destaca Rodríguez.
“Y ciertamente, en ausencia de ese tipo de acuerdo, lo único que quedaría sería la posibilidad de que llegase la Asamblea Nacional de 2015, o más precisamente la junta directiva de Pdvsa ad hoc, a un acuerdo directamente con los acreedores y eso es muy poco factible porque estamos hablando de órdenes de embargo ya emitidas o en proceso por 26.000 millones de dólares, lo cual excede el valor de Citgo y su capacidad de pago”, apuntó.
Entender la deuda
Las deudas de Venezuela, que hasta ahora 10 empresas multinacionales esperan cobrar con la venta de Citgo, se desprenden de expropiaciones y compromisos adquiridos durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
La primera empresa en obtener autorización de la Corte para cobrar su deuda fue Crystallex, en 2018. La minera canadiense espera una indemnización de 1.200 millones de dólares por la expropiación de unas minas de oro en territorio venezolano en 2008.
En 2019, la empresa MUFG Union Bank obtuvo sentencia favorable para cobrar su deuda y más adelante, en 2022, se les permitió a Red Tree Investments, ConocoPhillips y Siemens Energy. A esta lista se sumaron en 2023 European Group (Owens Illinois), Huntington Ingalls Inc, ACL1 Investments, Rusoro Mining Ltd, Gold Reserve Inc y Koch Minerals and Nitrogen.
El economista detalló que actualmente los acreedores reclaman a la República pagos por el orden de los 25.800 millones de dólares, de los cuales casi 21.000 se desprenden de la decisión del juez de la Corte de Delaware Leonard Stark de marzo de 2023, sentencia que fue afirmada y publicada el 8 de enero por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Señaló que también hay deudas por expropiaciones, por bonos garantizados, deuda financiera por bonos y notas promisorias no garantizadas que también se han sumado. “Y lo que ha pasado, y tal vez este es un punto que suena algo complejo, pero es importante entender, es que especialmente con el alter ego cualquier acreedor tiene derecho y la razón por la que no se han sumado más es porque ya está aceptado que este cúmulo de acreedores probablemente va a agotar el valor de Citgo. O sea, Citgo no se va a vender por más de 26.000 millones de dólares”, agregó.
Los responsables
El fallo de la Corte de Delaware de marzo de 2023 determina que se cumplió lo que se conoce como alter ego (reconoce a Citgo y al Estado venezolano como una sola figura para cobrar a la filial de Pdvsa las deudas adquiridas por la República) con Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos presidente interino de Venezuela entre enero de 2019 y enero de 2023. En sus alegatos, el tribunal considera que hubo violación de la independencia y autonomía de Pdvsa por parte del gobierno interino, hechos que niega la junta ad hoc. La Corte afirma que Guaidó utilizó recursos de Pdvsa para financiarse.
“Entonces, digamos que hay una responsabilidad en el sentido de que si no se hubiese dado esa determinación, ligada a acciones específicas del gobierno de Guaidó, no se habrían generado esos 21.000 millones de dólares en órdenes de embargo”, reclama Rodríguez.
En caso de que no se hubieran producido esas órdenes, continúa Rodríguez, el monto de la deuda sería de menos de 5.000 millones de dólares. “Un monto menor y bastante más manejable, con el que sí se podría negociar un acuerdo entre Pdvsa ad hoc y los acreedores”, señala. Recuerda que la petrolera produce ganancias cercanas a los 2.800 millones de dólares al año.
Las obligaciones existen por Chávez y Maduro pero dan pie a una orden de embargo porque el gobierno interino incurrió en alter ego
Francisco Rodríguez, economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela
Rodríguez, además, asegura que en 2019, cuando el gobierno interino asumió el control de Citgo, se propuso la opción de pagar a los acreedores lo que se podía y evitar así esta “cascada” de sentencias, pero el gobierno interino no lo hizo. “Al contrario, dejó que se acumularan estos casos, pero sin esa determinación de alter ego, muy probablemente estuviéramos viendo una negociación para el pago de los otros acreedores que no implicase la subasta de Citgo”, dijo.
El presidente de la junta ad hoc de Pdvsa, Horacio Medina, ha asegurado que en 2019 esta administración recibió una empresa con un valor de 4.500 millones de dólares, una deuda que superaba ese valor, 4.800 millones de dólares, y con una imagen corporativa destruida, situación que le impedía negociar con los acreedores.
“Citgo estaba perdida en 2019 (…) Era una empresa realmente complicada, técnicamente al borde de la quiebra, no se le auguraba un largo alcance y, sin embargo, se asumió esa responsabilidad”, afirmó Medina en una entrevista concedida a El Pitazo en mayo de 2023.
En ese momento, el presidente de la junta ad hoc de Pdvsa detalló que los 3.775 millones de dólares de ganancias reportadas por Citgo entre 2019 y el primer trimestre de 2023 permitieron reducir la deuda de la empresa en 3.000 millones de dólares, además de cubrir gastos operativos.
―Si la deuda viene de las gestiones de Chávez y Maduro, ¿por qué responsabilizar a Guaidó?
―Estamos totalmente de acuerdo con que todas las deudas fueron contraídas por Chávez y Maduro. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad se trata de un concepto que está íntimamente ligado a la idea de la causalidad; o sea, si una persona actuó de una forma, eso se dice que causa un resultado, si esa persona hubiese actuado de otra forma no se habría causado ese otro escenario. Eso nos permitiría pensar que aquí hay una responsabilidad compartida en el sentido de que si Chávez no hubiese expropiado las empresas no se habrían generado algunas de estas obligaciones, si Chávez no se hubiese endeudado no se habrían generado algunas de estas obligaciones; pero al mismo tiempo, si el gobierno interino no hubiese incurrido en el alter ego y no hubiese violado la autonomía de Pdvsa tampoco se habrían podido cobrar estas obligaciones contra Citgo. Una cosa es que las obligaciones existan y otra que las obligaciones den pie a una orden de embargo contra Citgo. Las obligaciones existen por Chávez y Maduro, pero dan pie a una orden de embargo porque el gobierno interino incurrió en alter ego. Entonces, en ese caso, ambos tienen responsabilidad.
―¿Quién tiene mayor responsabilidad?
―Decir que la responsabilidad de uno es mayor que la del otro es bastante complejo porque en general cuando las responsabilidades se comparten y dependen de acciones de ambos actores o de varios actores, hay que hacer un ejercicio complejo de pensar qué habría ocurrido si uno de ellos no hubiese hecho eso y el otro sí lo hubiese hecho. Y ahí tenemos que entrar en una serie de consideraciones, porque también hay otro actor, que es el Gobierno de Estados Unidos. Estamos hablando de qué habría pasado en un escenario en el que la oposición no habría incurrido en alter ego, pero con sanciones. O de un escenario en el que no se hubiesen impuesto sanciones.
Rodríguez insiste en que atribuir responsabilidades en este tipo de casos es complejo, y requiere consideraciones que en el campo de las ciencias sociales se conocen como contrafácticos. “O sea, hacer escenarios de qué habría pasado si no se hubiese incurrido en tales acciones, y es en realidad la razón por la que lo que he enfatizado aquí no es una división de responsabilidades ni una equiparación de responsabilidades”.
Si no se hubiese determinado el alter ego ligado a acciones del gobierno de Guaidó, no se habrían generado esos 21.000 millones de dólares en órdenes de embargo
Francisco Rodríguez, economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela
Considera lamentable que la oposición tradicional, amparada en el gobierno interino, incurriera en errores que generaron daños patrimoniales al país. “Que el chavismo haya robado, expoliado y abusado de derechos humanos, todo eso es cierto, pero eso no exculpa que la oposición haya cometido errores y tomado acciones altamente cuestionables que llevaron a pérdidas patrimoniales por decenas de millardos de dólares a la nación”.
En ese sentido, considera que deben investigarse los actos de los funcionarios nombrados por la oposición para administrar los recursos del país de la misma forma en que deben investigarse el desfalco y la corrupción del chavismo.
―¿Es posible que, como afirma la junta ad hoc, no haya existido el financiamiento a Guaidó?
―Para eso está el sistema de justicia. Ellos dicen que la Corte se equivocó, para eso están las apelaciones. Ellos tuvieron la oportunidad de presentar esa argumentación a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema y en ambas fue negada. La realidad es que nosotros tenemos, en un país con separación de poderes, transparencia y en el ejercicio del poder judicial, tres cortes que han sentenciado de la misma forma. O sea, una ha sentenciado y las otras dos han afirmado esa sentencia basadas en el análisis de la evidencia y esa evidencia, que además está publicada en los documentos de la Corte, sustenta su interpretación. Yo he leído varias veces el comunicado de Pdvsa ad hoc y todavía no estoy seguro de que lo entiendo bien, sinceramente, me parece algo surreal. La oposición venezolana acusa a un juez de Delaware de mentir, de haber cometido errores legales básicos. Esta es la misma junta directiva ad hoc que ha gastado millones de dólares en abogados. Si ellos tenían la evidencia de que el juez se había equivocado, que se la presentaran, ¿por qué no la presentaron ante la Corte de Apelaciones? ¿Dónde está esa evidencia? Ellos dicen eso en una carta, pero los documentos de la Corte están ahí, fueron interpretados y sustentan su hallazgo. En todo caso es la palabra del señor Horacio Medina en contra de la interpretación de tres cortes, incluida la más alta de un país con una larga y extensa tradición de independencia, transparencia y calidad del poder judicial.
El efecto de las sanciones
Según Rodríguez, si bien las deudas que ahora intentan cobrar los acreedores con Citgo son obligaciones que ya habían adquirido los gobiernos chavistas, no solo se podían negociar sino que ya se habían negociado por Maduro.
“El gobierno de Maduro había renegociado las deudas con Crystallex, y hasta 2018 le estaba pagando, y con Conoco (Phillips), y entra en default de la deuda venezolana, pero sigue pagando el bono Pdvsa 2020 e incluso el gobierno de Guaidó paga un cupón del Pdvsa 2020”, explica.
Para el economista, es probable que algunas de estas obligaciones se hubieran seguido pagando si el Gobierno de Estados Unidos no emite las sanciones ni reconoce a Juan Guaidó presidente interino, y tal vez tampoco el riesgo de perder Citgo.
La oposición venezolana está acusando a un juez de Delaware de mentir, de haber cometido errores legales básicos
Francisco Rodríguez, economista y creador de la fundación Petróleo por Venezuela
“(…) La realidad es que tú tomas a cualquier Gobierno latinoamericano, cualquiera, administrado por un Gobierno de derecha, de izquierda, democrático, autoritario, dictatorial, lo que sea, le pones sanciones económicas, y no le permites renegociar con sus acreedores, los acreedores van a utilizar el sistema legal para tratar de tomar control de los activos que pueden encontrar. Si ese Gobierno, además, incurre en el problema de alter ego, entonces van a tener la capacidad de embargar esos activos”.
Rodríguez no duda de que la política de deuda de Chávez y Maduro “fue fatal”, pues sobreendeudaron al país de forma irresponsable en un momento de boom petrolero. Cree que aunque hubiesen sido gobiernos responsables el país tendría deuda y los acreedores cobrarían con los activos del país en caso de sanciones.
“Entonces, nos tendríamos que imaginar un contexto en el que habría sido razonable no tener deuda y no expropiar, pero algún tipo de deuda habría habido y se habría cobrado contra este activo en un escenario de sanciones”, sentenció.
Ante el inminente riesgo de perder Citgo, que reconoce la junta ad hoc de Pdvsa, esta administración designada por el gobierno interino se mantiene optimista y reitera su decisión de continuar con la defensa en todos los escenarios aunque para algunos luzca imposible de lograr, según afirma en el comunicado publicado el martes 9 de enero.
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