Caracas.– La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, recalcó este viernes, 1 de abril, que el sector agremiado manifestó nuevamente ante el Gobierno la necesidad de prorrogar o suspender la aplicación del cuestionado Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (Igtf). Argumentaron que 75% de los comercios formales en el país no está en capacidad de cobrar el nuevo tributo, debido a que los sistemas de facturación con los que cuentan no tienen las adecuaciones necesarias.
En una rueda de prensa, Polesel detalló que 75% del sector comercial y de servicios no está en capacidad de responder al cobro del tributo ni de recibir pagos en divisas. Según lo establecido por la Ley del Impuesto a Grandes Transacciones, que obliga a los designados sujetos pasivos especiales a cobrar 3% sobre los pagos realizados en moneda distinta al bolívar o a la criptomoneda gubernamental petro.
«75% del sector comercial y de servicios no está en capacidad de adaptar o modificar sus sistemas o configurar sus máquinas para poder cobrar este impuesto y que aparezca reflejado tal y como lo indica la disposición», destacó Polesel.
De acuerdo con lo detallado por la presidenta de Consecomercio, el costo de cambiar una máquina fiscal va desde los 600 dólares hasta más de 1.000 dólares, en el caso de la reposición.
Los costos se incrementan cuando se trata de grandes cadenas comerciales con un mayor volumen operativo que, según Polesel, deben pagar hasta 1 millón de dólares para adecuar todo el sistema de facturación en un contexto en el que sector comercial y de servicios no tiene acceso a crédito bancario.
La presidenta de Consecomercio reiteró que la implementación del nuevo tributo se hizo sin una consulta previa con los sectores involucrados. «Si hubiéramos tenido la oportunidad de ser consultados, una de las cosas que hubiéramos dicho es la imposibilidad de adaptarnos en los tiempos requeridos. Esas consultas no son un capricho, porque tienen como objetivo que sean aclaradas las dudas, que sea explicado cómo funciona el comercio, para ver en cuánto tiempo estamos en capacidad de adaptarnos a una novedad en materia de impuesto. Eso se omitió».
Representantes de las cámaras de los sectores de comercio y servicios sostuvieron recientemente una reunión con el Ministerio de Finanzas en la que, según Polesel, se explicaron los motivos de la implementación del impuesto. Sin embargo, ese encuentro se produjo a destiempo.
«No se consideraron aspectos importantes, por eso hemos venido insistiendo, de manera respetuosa, en la suspensión o en la prórroga. No estamos en capacidad, en este momento, de responder a este impuesto, independientemente de las consideraciones que podamos tener hacia el impuesto como tal. Estamos en una situación muy compleja para poder cumplir con esta aplicación», añadió Polesel.
La representante de Consecomercio añadió que ante la confusión y el desconocimiento, no solo de comerciantes sino de usuarios, es necesario que el Gobierno implemente una campaña de información, ya que la preparación para implementar un impuesto como el Igtf requiere de al menos tres meses.
Inicio de fiscalizaciones
Polesel informó además sobre el inicio de fiscalizaciones por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en la primera semana de la entrada en vigencia del impuesto, en medio de la incertidumbre, confusión y las limitaciones operativas.
«Comercios ya han sido fiscalizados en todo el país, con las consecuencias que eso puede traer. Por eso pedimos esa suspensión o prórroga, porque es necesario que se entienda que no estamos negados a contribuir con la aplicación del cobro del impuesto, lo que necesitamos que se comprenda es que el sector no puede responder de forma rápida por factores externos», agregó la presidenta de Consecomercio.
En el interior del país, a las limitaciones operativas de comercios, de acuerdo con Polesel, se suman una serie de factores como las fallas eléctricas, la escasez de gasolina, de gasoil y gas. «Todos esos elementos generan una incidencia también».
Consecomercio considera que al Gobierno no tomar en cuenta los obstáculos advertidos por el sector comercial y de servicios para la implementación del Igtf, se crea un incentivo para la informalidad y la evasión fiscal. «Fundamentalmente se está dañando al consumidor, quien al final tendrá que pagar este tributo», reiteró Polesel.
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