El Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, a cargo del abogado José Antonio Hernández, dictó medida privativa de libertad contra las activistas de los derechos humanos Marilexi Goyo y Raquel Da Silva.
La audiencia de presentación culminó la noche del 9 de agosto. Las fiscalías 9, a cargo del abogado Diego Roballo, y la 44, con competencia nacional, cuyo titular es Orlando Enríquez, imputaron a las detenidas los delitos de homicidio preterintencional en grado de coautoría en perjuicio de la madre de Da Silva y agavillamiento en grado de coautoría.
Además de estos cargos, a Goyo la acusaron de simulación de hecho punible y usurpación de funciones, explicó la abogada Lyli López, quien tiene a su cargo la defensa de las arrestadas.
“Veo con preocupación cómo actúa la justicia venezolana contra dos mujeres que recibieron un trato cruel, indigno y degradante al estar detenidas en un container de la Guardia Nacional, asignado a Pequiven, en condiciones inhumanas”, señaló López a El Pitazo, este 10 de agosto.
La directora nacional de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Libertad, Justicia y Orden, Lyli López, considera que lo sucedido es un mal precedente, que deja en entredicho la imparcialidad del sistema de justicia, y envía un mensaje claro a los defensores de los derechos humanos.
Los hechos
Marilexi Goyo es directora de Derechos Humanos de la fundación para el bienestar social María Teresa Rodríguez del Toro y de la fundación Libertad, Justicia y Orden. Al igual que Da Silva, fue arrestada por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 7 de agosto.
Antes de la detención, Gómez y Da Silva fueron golpeadas a las afueras del hospital Prince Lara de Puerto Cabello. En este centro asistencial estaba hospitalizada la madre de Da Silva, según lo explicado por López. La agresora fue una pariente de Da Silva y la causa: un conflicto familiar.
Gómez acudió a la fiscalía a formular la denuncia del ataque, pero no la recibieron. Lo mismo ocurrió en la policía municipal. Finalmente, la atendieron en la Policía del estado Carabobo.
“Luego fue trasladada en una patrulla de la policía regional hasta el centro de salud a los fines de citar a la agresora, pero, para su sorpresa, una comisión de la Dgcim, con un representante del Ministerio Público, se la llevó presa”, detalló López.
Horas más tarde, Da Silva fue a la Dgcim para saber el motivo de la detención de Gómez y también la privaron de libertad.
“La denuncia de Marilexi Goyo no valió de nada, pero sí se le dio crédito a la denuncia de la persona que tenía el teléfono directo del fiscal del Ministerio Público”, indicó la profesional, en alusión a la parienta de Da Silva, que las agredió.
La abogada considera una aberración que a un defensor de los derechos humanos se le niegue la tutela judicial efectiva. En tal sentido, pidió al fiscal general de la República, Tarek William Saab, que atienda el caso y sea garante de los derechos humanos de las detenidas.
“¿Dónde quedan los derechos civiles y las garantías constitucionales de estas ciudadanas? ¿Quién va a defender los derechos del pueblo? Es inaceptable que la Dgcim siga menoscabando los derechos de los ciudadanos”, denunció.
Ecocidio
En su condición de activista medioambiental, Marilexis Goyo ha apoyado la lucha emprendida por habitantes de las comunidades de Borburata y Gañango, en el municipio Puerto Cabello, contra la deforestación de las orillas del río Borburata, porque lo consideran un ecocidio.
Esta tala de árboles lleva las aguas del río fuera de su cauce y pone en peligro a las familias que habitan en las cercanías, además de las consecuencias ambientales que ello genera. El tema fue debatido en la sede del Ministerio Público en Puerto Cabello, luego de algunas protestas de calle.
Los allegados a Goyo no descartan que su detención sea una retaliación a propósito de estas denuncias. La abogada López también cree que lo ocurrido es un acto de ensañamiento.
Con información de Sandra Gómez y Rosanna Battistelli
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