María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo, condenados por ser familia de un militar

Delgado es hermana de una de las personas señaladas por haber participado en los eventos del pasado 4 de agosto de 2018 en Caracas y, junto a su esposo, está recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, lugar en el que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han documentado graves y sistemáticos actos de tortura física y psicológica

María Auxiliadora Delgado, de nacionalidad española y venezolana, está casada con Juan Carlos Marrufo, de nacionalidad italiana y venezolana. Ambos residían en la ciudad de Valencia, en el noroccidente de Venezuela, y tenían planes de convertirse en padres a través de un proceso de fecundación in vitro tras la criopreservación de embriones unos años antes. Ambos ejercían sus profesiones; en el caso de María Auxiliadora Delgado, trabajaba y era accionista en un laboratorio médico, mientras que Juan Carlos Marrufo ejercía como ingeniero eléctrico.

El hermano de María Auxiliadora Delgado, Osmán Delgado, aparece como supuesto partícipe en los eventos del 4 de agosto de 2018. Osmán Delgado es un militar en situación de retiro que reside en los Estados Unidos de América, por lo tanto, su aprehensión no se ha podido materializar. En la acusación en contra de María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo se establece como evidencia de supuesto interés criminalístico un acta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la que se relatan llamadas a un teléfono celular con supuestos intermediarios de un militar retirado en 2017, llamadas a un teléfono celular con supuestos intermediarios a otro militar retirado sin establecer la fecha y un viaje a República Dominicana en diciembre 2018 y enero 2019, es decir, después de los supuestos atentados en los que habrían participado.

También se relata en dicha acta de contrainteligencia supuestas comunicaciones entre el hermano de Osmán Delgado con un militar retirado. Más adelante, y coincidiendo con que no se habrían podido encontrar elementos suficientes para su acusación y se había dictado un desistimiento penal, se realiza un allanamiento a la vivienda de las víctimas y se hallan otros elementos de supuesto interés criminalístico, como una computadora y una tablet que contendrían fotografías y contactos telefónicos que, supuestamente, les vincularían con los eventos de agosto de 2018.

De acuerdo con un familiar de la pareja, estas evidencias no fueron presentadas por el fiscal para el debate en el juicio oral y no pudieron ejercer su derecho a la defensa frente a ellas. Estos son los únicos elementos que se presentan en la acusación y en el juicio en contra de María Auxiliadora Delgado y su esposo Juan Carlos Marrufo. Tal como relataron sus familiares a Amnistía Internacional, el 7 de junio de 2019, por propia solicitud de la fiscalía encargada del caso, el tribunal ordenó medida cautelar sustitutiva de privación de libertad para Delgado y Marrufo. Sin embargo, esa orden judicial -como suele ocurrir en Venezuela- no fue acatada por la Dgcim. No obstante, el 9 de octubre de ese año fueron llevados en un vehículo bajo el pretexto de cumplir con su excarcelación y en el camino a la ciudad donde residían, otros funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB los detuvieron y llevaron nuevamente ante un tribunal de control, alegando la existencia de una orden de captura en su contra.

Actualmente, están recluidos en la sede de la Dgcim en Boleíta, lugar en el que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) y la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre. Venezuela de la ONU (Miidh) han documentado ampliamente graves y sistemáticos actos de tortura física y psicológica, así como un sinnúmero de tratos crueles, inhumanos y degradantes. De acuerdo con el relato de sus familiares, María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo tienen graves secuelas psicológicas producto de la detención arbitraria, de la falta de acceso a la justicia y de las demás afectaciones a su proyecto de vida, incluso señalando que ambos han presentado ideas suicidas. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias ha calificado la detención de Delgado y su esposo como una detención arbitraria.

Asimismo, la Miidh ha documentado profundamente el caso. Cabe destacar que el 9 de diciembre de 2022, Delgado y Marrufo fueron condenados a una pena de prisión de 30 años por los delitos de traición a la patria, homicidio calificado en grado de tentativa, asociación para delinquir y conspiración. Los fundamentos de la sentencia son los mismos de las órdenes de arresto y la acusación penal.

En vista de que algunas conductas penales imputadas a los condenados no han sido definidas con precisión o resultan ambiguas y que tampoco la fiscalía ni el juez han esclarecido su grado de participación en los hechos, Amnistía Internacional considera que el fallo judicial que estableció la condena es incompatible con el derecho internacional y los derechos humanos.

En este sentido, Amnistía Internacional considera evidente que la detención de María Auxiliadora Delgado y de Juan Carlos Marrufo está esencialmente relacionada al vínculo familiar entre María y su hermano Osmán, pero no está sustentada en una conducta penal que les pueda ser atribuible. Por lo tanto, la detención de María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo debe cesar de manera inmediata y debe revocarse la sentencia en su contra.

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