Jennifer Ibañez Whitlock es abogada de inmigración en Washington DC. Pertenece a la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, donde es consejera de políticas de supervisión y prácticas migratorias. Permanentemente está en contacto directo con el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales estadounidenses para promover las prioridades legislativas en temas de movilidad humana en Estados Unidos. En una entrevista con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), la jurista dio sus recomendaciones para aliviar las presiones sobre la frontera sur
Más de ocho millones de migrantes (8.109.801) llegaron a la frontera sur de Estados Unidos entre octubre de 2021 y abril de 2024. En diciembre pasado, el número de cruces ilegales diarios alcanzó niveles históricos, llegando a registrar 10.000 encuentros de migrantes con la patrulla fronteriza en tan solo un día. Y aunque ahora esa cifra ronda los 3.000 — y se espera que se reduzca aún más con la nueva restricción a los asilos—. Jennifer Ibañez Whitlock, consejera de políticas de supervisión y prácticas de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA por sus siglas en inglés), asegura que para garantizar una migración segura, ordenada y eficiente, la administración de Joe Biden urge invertir no en la militarización de sus fronteras sino en la modernización del sistema de procesamiento migratorio.
En entrevista con la Alianza Rebelde Investiga (ARI), la jurista señaló que controlar la migración irregular no implica destinar únicamente los recursos para la construcción de muros. Para ella debe apostarse por el robustecimiento de los programas migratorios que ofrecen vías legales de ingreso, como la aplicación móvil CBP One y el parole humanitario, a fin de reducir la presión sobre las fronteras y evitar el riesgo de que las personas en movilidad forzada caigan en manos de traficantes o se expongan a peligros en las travesías migratorias.
“Necesitamos fondos para poder atender a las personas para que no estén esperando meses (en México) para obtener una cita de CBP One y poder entrar (a EEUU). El problema es que no hemos financiado ese procesamiento, por lo que siempre estamos trabajando de crisis en crisis, en lugar de modernizar y poner al día nuestros puertos de entrada, con suficiente personal, para que se pueda procesar la cantidad de migrantes que llegan. Esas son las áreas en las que me gustaría ver más recursos y mejoras”.
Esta entrevista es parte de la serie El incierto camino al sueño americano, una mirada en blanco y negro, que trata sobre migrantes venezolanos y procesos migratorios en Estados Unidos. Es el resultado de un trabajo periodístico realizado en Texas, Washington y Florida en mayo de 2024 por Runrun.es, TalCual y El Pitazo, medios venezolanos que integran la Alianza Rebelde Investiga (ARI). Aquí puedes leer más
Actualmente el tiempo de espera de los migrantes para obtener citas en la app es de seis a siete meses. Cuando se estrenó apenas demoraba uno o dos meses. En su informe “CBP One: ¿Una bendición o una trampa?”, la organización Amnistía Internacional resaltó que debido a que el número de solicitantes de asilo utilizan CBP One continúa en aumento, la espera media seguirá creciendo si no se toman medidas para garantizar la disponibilidad de citas necesaria.
Esta situación pone una presión adicional en el proceso. Los migrantes deben permanecer en México, donde no hay condiciones adecuadas para su estadía, y por el contrario se convierten en víctimas fáciles de los grupos criminales y funcionarios corruptos de migración. Datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dan cuenta de que en febrero de este año había más de 8.000 solicitantes de asilo en albergues ubicados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
“El número de citas diarias (1.400) es significativamente inferior al número de solicitantes de asilo que piden cita. CBP ha dicho a Amnistía Internacional que no tiene previsto aumentar el número de citas en este momento, aunque ha reconocido que la cantidad es insuficiente (…) Amnistía Internacional considera que imponer unos tiempos de espera cada vez más largos e inciertos vulnera el derecho de las personas a solicitar asilo”, explicó Jennifer Ibañez Whitlock.
Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional en El Paso, Texas, dijeron a ARI que la Patrulla Fronteriza tiene “recursos limitados” y que la contratación de nuevos funcionarios es lenta, pues implica una fase de chequeo de datos de aplicantes y otra de adiestramiento. “Aunque aplican miles para hacer el trabajo, no todos están capacitados. No es sólo pedir personal y de un día a otro tenerlo aquí”.
Siempre estamos trabajando de crisis en crisis, en lugar de modernizar y poner al día nuestros puertos de entrada, con suficiente personal, para que se pueda procesar la cantidad de migrantes que llegan a la frontera sur de EE. UU.
Jennifer Ibañez Whitlock, abogada de inmigración
Cárceles migratorias no son solución
Y aunque para Ibañez hay que cambiar la forma en cómo el gobierno estadounidense procesa a los migrantes, buscando alternativas a la detención, esa no es la línea bajo la que actúa la administración de Joe Biden.
El gobierno estadounidense, de hecho, propuso ante el Senado un presupuesto para el año fiscal 2024 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) en el que se estimaba un aumento de US$2.9 mil millones a US$3.4 mil millones en fondos para detención para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Parte de esos recursos se iban a emplear en “un incremento de camas de detención, más agentes fronterizos y un aumento de tecnología dañina de vigilancia fronteriza”, según el Centro de Justicia Nacional para Inmigrantes (NIJC).
“Estados Unidos opera uno de los sistemas de detención más grandes del mundo. En el proyecto de ley más reciente se proporcionó suficiente financiamiento para mantener a un promedio de 41,500 personas detenidas todos los días en centros de inmigración”, detalló Ibañez Whicklock, que brinda asesoría en políticas y defensa de cuestiones federales de inmigración, como la detención y procedimientos judiciales de migrantes.
La nueva cifra implicó un aumento de 7.500 plazas respecto a lo aprobado para el año fiscal 2023 y es casi tres veces la cantidad de personas detenidas cuando Biden asumió el cargo, de acuerdo con la organización civil Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
Justo en marzo, esa asociación hizo un llamado a los miembros del Congreso para que votaran “no” a ese proyecto que, además, contemplaba un recorte de asignaciones para el Programa de Refugio y Servicios, el cual permite a las asociaciones sin fines de lucro y gobiernos locales brindar servicios críticos, como refugio y transporte, a corto plazo a los migrantes recién llegados.
“Aunque reconocemos que las negociaciones complejas son desafiantes y que hay mucho que agradecer acerca de este enorme proyecto de ley, estamos muy decepcionados de ver que el Congreso continúa con un enfoque fallido y punitivo para hacer cumplir la ley de inmigración. En lugar de castigar a las personas que buscan seguridad aquí deteniéndolas, el Congreso debería aumentar los fondos para las comunidades que las reciben”, escribió ACLU en una comunicación.
El Senado no aprobó esos fondos anuales. La legislación logró 43 votos a favor, menos de los 60 necesarios para ser aprobada. Sólo dos veces en la historia el Congreso ha consentido recursos anuales para la detención a un nivel más alto: para los años fiscales 2019 y 2020, en el apogeo de la administración Trump, afirmó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles.
El futuro en la firma del presidente de turno
Durante el último año la administración de Joe Biden ha intentado implementar lo que él mismo ha descrito como “la ley fronteriza más estricta de la historia” con severas restricciones a los migrantes en búsqueda de protección. Sin embargo, antes de dar un vuelco en su política migratoria, en octubre de 2022, el mandatario aprobó el parole humanitario para venezolanos, un recurso migratorio que ha permitido el ingreso legal de 101.000 venezolanos desde esa fecha hasta finales de abril de este año, según cifras obtenidas por la Alianza Rebelde Investiga.
Pero ahora existe incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios de este programa, ya que fue creado bajo decreto presidencial —no pasó por el Congreso ni fue revisado por la Corte, en aras de abordar rápidamente la situación de emergencia— y su renovación depende del presidente estadounidense o de una extensión por parte del Departamento de Seguridad Nacional al llegar su período de vencimiento, en octubre de este año, justo un mes antes de las presidenciales.
En medio de las presiones sobre Biden y el partido demócrata por las elecciones, ARI consultó a la abogada Ibañez qué se puede hacer a nivel administrativo para, al menos, brindar seguridad a los migrantes que ya están establecidos en ese país gracias al permiso laboral de dos años que incluía el otorgamiento de parole humanitario. De entrada, precisó que espera que la administración ya esté considerando cómo va a responder.
“Biden creó el parole humanitario, pero el próximo presidente puede quitárselo (a los migrantes). Simplemente firma una nueva política y eso es todo. Entonces, ¿cómo hacer algo más permanente? Las regulaciones son una forma de hacerlo. El problema es que no queda más tiempo. Ya es junio y sería muy difícil conseguir un reglamento (desde la presidencia). No obstante, el Congreso todavía tiene tiempo”, señaló la abogada de inmigración.
La organización que ella representa ha respaldado un proyecto de ley de ajuste al venezolano, el cual, según explicó, permitiría a ciertos ciudadanos venezolanos solicitar la green card, incluyendo algunos de sus familiares en territorio estadounidense. “Si se aprobara o fuera firmado por el presidente, le daría (la propuesta) a la gente una forma permanente de residir en los Estados Unidos”, acotó.
“Básicamente, estos migrantes están a contrarreloj. Entonces, o solicitan asilo, y eso podría llevar años hasta obtener una decisión final; o esperamos que se extienda (el programa de parole humanitario); o, en el peor de los escenarios, nos encontremos con una administración que no quiere renovar y luego si no tienen ningún estatus migratorio estarás en riesgo de deportación”, sentenció Ibañez, quien ha establecido contacto directo con el Congreso, la Casa Blanca y agencias federales para promover las prioridades políticas y legislativas de la agenda de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Aun así, no todas las personas pueden resolver su situación migratoria fácilmente. En muchos casos, comentó, por desconocimiento, no piden asilo durante su primer año en Estados Unidos, que es el único período válido para poder hacerlo. Algunas pueden encontrar la forma de quedarse a través de un empleador, pero esa no es una opción para la mayoría de los migrantes, especialmente de muchos venezolanos que, para ella, no tenían vínculos ya en Estados Unidos, a diferencia de otras poblaciones, como la centroamericanas, la cubana, guatemalteca, la hondureña o salvadoreña, que ya tenían redes comunitarias de acogida más desarrolladas porque sus procesos de migración comenzaron décadas atrás.
“Los casos de venezolanos, en general, pueden ser casos muy fuertes dadas las condiciones de Venezuela. Si se demuestra que el aplicante podría ser perjudicado por su gobierno o por personas que su gobierno no controla, por ejemplo. Pero el otro reto que encontramos, y yo trabajo para una organización de 17.000 miembros, es que no hay suficientes abogados. Muchas personas con casos sólidos pierden porque tienen que hacerlo sin un abogado. En nuestra solicitud de asilo (la que deben introducir los migrantes) perdí la cuenta de cuántas páginas son (las que hay que llenar), entre 15 y 18, tal vez”, dijo Ibañez Whicklock.
Para la abogada, más allá de lo que el gobierno puede hacer, hay que aprovechar el poder en los movimientos sociales. Cree que los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos realmente pueden unirse para abogar por sí mismos ante otros actores sobre la importancia de brindarles vías adicionales para permanecer en territorio estadounidense.
“Hay que mantener la presión de hablar y compartir sus historias. No se trata solo de lo que el Congreso puede hacer y lo que el presidente puede hacer, sino también de lo que como país y como comunidad deberíamos defender”, puntualizó.
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