Departamento de Seguridad de EE. UU.: «Los migrantes deben demostrar que corren peligro de muerte»

El subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, conversó con la Alianza Rebelde Investiga (ARI) sobre los alcances del decreto firmado por el presidente estadounidense Joe Biden la semana pasada, que hace inelegible a todo aquel que cruce la frontera sin autorización de las autoridades migratorias

El pasado martes 4 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para restringir las solicitudes de asilo en la frontera con México, una medida que se había anunciado con anterioridad, pero que significa un giro drástico en la política demócrata a cinco meses de las elecciones por la permanencia en la Casa Blanca.

La orden permite a los oficiales de inmigración deportar en cuestión de horas a quienes crucen el paso fronterizo sin autorización cuando la cifra exceda las 2.500 detenciones diarias en un lapso de siete días, un número que no ha bajado de 4.000 aprehensiones en promedio en lo que va de 2024.

De acuerdo con la Casa Blanca, los protocolos (derecho a solicitar asilo después de una entrevista de miedo creíble y presentarse ante un tribunal en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración) volverán a regularizarse una vez que la cifra disminuya a 1.500 durante 14 días, un promedio que no se percibe desde la pandemia del coronavirus.

En una entrevista exclusiva con la Alianza Rebelde Investiga, conformada por Runrunes, El Pitazo y TalCual, y en el marco del especial El incierto camino al sueño americano, una mirada en blanco y negro el subsecretario adjunto principal de Comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional, Luis Miranda, expresó que la medida tomada por su gobierno ya está dando resultados, pese a tener poco más de una semana en vigencia.

Previo a su actual cargo, Miranda fue asistente al Comisionado de Relaciones Públicas de la Oficina de Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y además se desempeñó como coordinador oficial de asuntos externos en la frontera sur del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Ha trabajado en cinco campañas electorales y formó parte de la oficina de Comunicaciones del expresidente Barack Obama entre 2009 y 2013.

De acuerdo con la orden firmada por Biden, los migrantes deben demostrar que existe una “posibilidad razonable” de que corren peligro de muerte, torturas o persecución, de lo contrario serán expulsados de territorio americano, en el caso de los venezolanos serán devueltos a México, basados en convenios rubricados con las autoridades aztecas.

Según informaciones emitidas por el gobierno mexicano, la migración irregular interceptada en ese país se triplicó en el primer trimestre del año hasta alcanzar un récord de 360 mil personas.

Apenas este martes 11 de junio, el gobierno mexicano a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y los mecanismos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) destinó 108,3 millones de dólares para atender la migración en la región.

—¿Ya manejan el número de deportados tras este anuncio? ¿Realmente ha disminuido el número de migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal?

—Tenemos una semana desde que comenzamos a implementar la norma. Comenzó a partir de la medianoche del miércoles, a las 12:01 am entró en vigor y eso quiere decir que todos los que llegaron a un puerto de entrada sin una cita son inelegibles para un asilo. Hemos doblado el número de personas que se están poniendo en procesos de deportación acelerada. Hemos visto días en los que se ha reducido el flujo hasta en un 20% de lo que era antes de la orden. Se está empezando a ver el impacto, por supuesto son cifras preliminares. Tenemos confianza en que está haciendo efecto, especialmente a medida que la gente ve que tiene impacto, lo hemos hecho paralelo a los procesos de personas que ya estaban en el sistema, tenemos a 9.000 personas en custodia esperando para ser deportadas, 37.000 bajo custodia de ICE (Centros de Detención) y hemos hecho más de 17 vuelos de deportación.

—¿Será realmente esta una medida temporal como anunció Biden? Esto tomando en cuenta que la cifra de 2.500 cruces ilegales al día no baja desde la pandemia.

—Desde hace años que ha estado por encima de los niveles que debe estar incluido el 2019, durante muchos meses estuvo por encima, en 2020 (agosto y septiembre) incluso vimos cifras mayores, así que es un problema que tiene una larga trayectoria. Es importante reducir el flujo diario, pero eso no quiere decir que 1.500 personas van a entrar, sino que simplemente existen los recursos para tratar exclusivamente a esa población conforme a lo establecido en las leyes estadounidenses. En este momento todo el que cruce sin autorización previa es inelegible para asilo. Eso no significa que las fronteras de este país estén cerradas para quienes desean aplicar por un proceso, existe el Parole Humanitario desde enero de 2023 con el que hemos beneficiado a 500 mil personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití y, por supuesto, el CBP One por medio de una aplicación, para las personas que tienen reclamos legítimos nuestra recomendación es usar esos elementos y no exponerse a cruzar la selva del Darién o ser víctimas de grupos criminales que operan en la frontera.

—¿Con esta medida no quedan en riesgo las personas que realmente necesitan asilo?

—Es importante recordar que el asilo no es para personas que están buscando mejoras económicas ni tampoco por violencia generalizada, el asilo es para gente que es perseguida por pertenecer a un grupo específico. Nosotros tenemos el deber de apegarnos a la convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe expulsar a alguien que estaá en riesgo de ser torturado. Lo que hemos hecho es elevar el estándar del asilo para que esté más apegado a la ley. Sabemos que mucha gente que cruza la frontera no tiene un reclamo legítimo. Históricamente sólo un 20 % de las peticiones de asilo han resultado tener una determinación positiva. Parte de lo que buscamos es reducir esa cifra, que a fin de cuentas no va a cumplir con los parámetros necesarios para recibir protección.

—La prohibición de asilo a migrantes que cruzan irregularmente tiene excepciones para menores no acompañados, para personas con condiciones graves de salud o seguridad y víctimas de trata. ¿Cuántos han calificado para el beneficio de asilo bajo esta excepción desde que Biden firmó el decreto?

—No tenemos cifras oficiales en este momento, pero por supuesto tenemos excepciones para personas que son víctimas de trata y aquellos que sufren una condición médica. No hay ningún cambio para menores no acompañados, porque ellos están exentos en general, eso es algo que ya habíamos establecido hace tres años y es para garantizar que estamos transfiriendo a niños y niñas al Departamento de Salud para que puedan ser reubicados con sus respectivas familias, eso no quiere decir que esa reunificación va a suceder aquí (en Estados Unidos). Lo importante es que ese proceso los saca de la custodia de patrulla fronteriza rápidamente para que tengan un cuidado adecuado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

—En una entrevista con la Voz de América, dijo que su gobierno ha establecido oficinas bajo la iniciativa de movilidad segura en algunos de los países por los que circulan los migrantes. ¿Cuál es la función de estás oficinas? Le pregunto porque los migrantes reportan graves violaciones a sus derechos humanos principalmente en México.

—Hemos establecido esas oficinas, bajo la normativa de modalidad segura, trabajando en conjunto con organizaciones internacionales. Hay que aclarar que el proceso de refugiado es diferente al del asilo. Tenemos colaboración con países como Canadá, España, Colombia, Ecuador y Guatemala. Estamos trabajando para que las personas tengan opciones y no se pongan en peligro cruzando el Darién o siendo extorsionados por grupos criminales. No puedo hablar de violaciones a derechos en México, lo que debo es reconocer es que esa nación ha sido un aliada junto a otras del hemisferio para trabajar bajo los parámetros de la ley, respetando la dignidad humana. Todos los países están haciendo esfuerzos en el tema migratorio y un ejemplo es Colombia que alberga a más de 2 millones de venezolanos.

—El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 5 de junio que ahora buscará un acuerdo con Estados Unidos para que deporten directamente a los migrantes a sus países de origen y no a México. “¿Por qué triangular?”, se preguntó el mandatario. ¿Qué posición tiene al respecto y cómo se haría esto en el caso de los venezolanos, debido a que Venezuela suspendió nuevamente los vuelos de deportación desde Estados Unidos?

—México hace un año anunció que haría hasta 30 mil deportaciones al mes de venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Hemos deportado a personas tanto a sus naciones de origen como a terceros países y eso incluye venezolanos, quienes son enviados a México. A través de la diplomacia hemos buscado mejorar y establecer los mecanismo para tener mejores relaciones con los países de origen de donde provienen los migrantes. En el último año hemos estado trabajando arduamente en ese sentido, cada país debe aceptar a sus ciudadanos y por eso hemos podido llevar a cabo deportaciones a 173 naciones y eso requiere que estemos continuamente coordinados. Los 17 vuelos fueron directamente a los países de origen de los migrantes, eso incluye no solo a Latinoamericana sino a naciones como Senegal y Rumania, entre otros. En el último año hemos hecho vuelos a Venezuela, es algo en lo que debemos seguir trabajando, cada país debe aceptar a sus ciudadanos.