Compañías extranjeras y locales cercanas al entorno de Nicolás Maduro fueron las mayores ganadoras de un gran plan de construcción de gimnasios deportivos desarrollado por el gobernante. A la cabeza de uno de los millonarios contratos está Álex Saab, un empresario colombiano sancionado por Estados Unidos, que ha sido señalado también como testaferro de Maduro. Las comunidades donde se suponía que bajaría la delincuencia gracias al fomento de la práctica masiva del deporte han obtenido un mínimo beneficio. El Pitazo visitó 50 espacios en 15 estados de Venezuela para seguir la pista del proyecto deportivo de Maduro que nunca concretó sus objetivos
Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila
Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo, en alianza con CONNECTAS y el International Center for Journalist
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Dos empresas, una colombiana y otra panameña, ambas investigadas por corrupción y lavado de activos en sus países y en otras naciones, recibieron en 2013 un contrato de 420 millones de dólares del gobierno recién estrenado de Nicolás Maduro para construir una red de 50 gimnasios deportivos en barrios pobres de Venezuela. Entre los accionistas de las compañías involucradas en el negocio figura Álex Saab, un empresario sancionado por Estados Unidos por vender con sobreprecio comida de mala calidad a Venezuela, y quien también ha sido señalado de ser el testaferro del presidente venezolano.
Aunque la edificación de los Centros Deportivos y Culturales de Paz, como fueron denominados inicialmente, planteaba como objetivo estimular la práctica masiva del deporte en niños y jóvenes para llevar paz a comunidades populares atribuladas por el delito –en uno de los países más peligrosos del mundo–, la realidad es que el proyecto ha beneficiado más a la red de empresas involucradas que a las comunidades seleccionadas.
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El equipo reporteros de El Pitazo, en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), siguió la pista del proyecto en los 15 estados que se verían beneficiados. El equipo periodístico comprobó que, tras seis años del inicio de la obra, el Estado no solo ha incumplido con el objetivo social original que justificó la erogación de recursos millonarios, sino que también ha fallado en la construcción de las instalaciones.
En el despliegue nacional se constató que 13 centros deportivos no funcionan. De estos, 12 fueron edificados pero están clausurados con puntos de soldadura y uno es solamente un terreno baldío, donde la maleza se come las estructuras amontonadas. Especialistas consultados por El Pitazo para este trabajo coinciden en que el terreno de estos 13 gimnasios no estaba apto para su construcción. Los 37 concluidos ya presentan defectos de mantenimiento pese a su corta vida; dos de ellos sufrieron daños en su estructura durante un temblor en agosto de 2018, pero fueron reabiertos sin haber sido restaurados.
En 36 de esas instalaciones se practica deporte, pero en precarias condiciones para los usuarios que distan de las que fueron ofrecidas y de lo que se anticipaba, dados los millonarios fondos que fueron destinados al proyecto. Solo En nueve gimnasios se practican apenas cinco deportes, cuando se prometieron 15 por instalación; en 14 no hay personal calificado para atender a los usuarios y en las visitas se constató casi nula actividad de clubes comunitarios infantiles o juveniles. El uso proselitista de los recintos supera al uso deportivo. Los gimnasios verticales apenas reciben jóvenes deportistas, porque su función inicial fue alterada por decreto presidencial y los centros fueron convertidos en Grandes Bases de Misiones, sedes de los decaídos programas sociales gestionados por simpatizantes del partido de gobierno.
La averiguación permitió establecer además que el presupuesto de las obras triplicó los precios de referencia para instalaciones prefabricadas, como las que se escogieron. Las constructoras seleccionadas, principales beneficiarias del millonario proyecto, forman parte de la lista de contratistas que gozan de mayor confianza en el Palacio de Miraflores, y se apoyaron en una red de empresas locales, hasta ahora nunca retratada, que sirvió en Venezuela como engranaje.
La investigación también confirmó que el proyecto de los llamados gimnasios verticales tiene marcada, como pocas iniciativas, la huella del entorno más cercano a Maduro. Los funcionarios que escogieron a los proveedores, que supervisaron el desarrollo de las obras y que se responsabilizaron por su conservación, forman parte de organismos públicos que dependen directamente del despacho presidencial o son designados de manera exclusiva por el gobernante: la lista incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, así como a un hijo de ella.
Así, mientras empresas y empresarios reciben ganancias todavía con el proyecto, que ha sido adaptado al antojo de las necesidades políticas y electorales del gobierno, cientos de deportistas, como Timothy en el estado Bolívar y Mariana en Vargas, se quedaron esperanzados en la construcción de un gimnasio que nunca se inauguró; y entrenadores como Nelson Hernández en Falcón o Eduard Bermúdez en Zulia, intentan trabajar con condiciones laborales que, contrario a favorecer la práctica deportiva, la limitan. Todos se sienten defraudados y a la espera de instalaciones seguras, en buen estado y con condiciones adecuadas para practicar o enseñar el deporte que tanto aman.
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