La solicitud de la licencia que permite el uso de recursos para el pago de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el financiamiento de esa institución fuera de Venezuela no cuenta con la aprobación de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (Ofac), instancia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con una fuente del gobierno interino