El profesor William James Vahey se suicidó en Estados Unidos en marzo de 2014, semanas después de que se viera envuelto en un escándalo internacional de abuso sexual contra decenas de jóvenes, entre ellos estudiantes venezolanos de la Escuela Campo Alegre de Las Mercedes, donde el pedófilo trabajó entre 2002 y 2009.
Según un informe del FBI, tras un interrogatorio al que fue sometido, confesó que desde hacía 42 años drogaba a sus estudiantes con potentes somníferos que introducía dentro de galletas rellenas con crema.
Durante su trayectoria por colegios de todo el mundo, en los que se impartían clases con el modelo educativo estadounidense, entregaba el aperitivo a los jóvenes que escogía para perpetrar sus abusos. Se los daba antes de dormir junto a un vaso con agua.
El caso resonó en Caracas esta semana, luego de que los abogados Javier Pipkin y Eddy Méndez solicitaran a la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fijar una audiencia para cerrar la demanda por abuso sexual interpuesta por representantes de una de sus víctimas, que tenía 12 años cuando tuvo contacto con el profesor en la mencionada institución.
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A través de una nota de prensa, el abogado Méndez informó que la audiencia fue suspendida los días 28 de julio y 29 de septiembre. “El llamado que le hacemos a la Sala Social es a cumplir su compromiso con la justicia, con la sociedad venezolana; hace falta una sentencia ejemplarizante en este caso, nadie está por encima de le ley”, declaró.
Los representantes legales introdujeron la demanda civil por daño moral causado al joven, que en la actualidad tiene 25 años, y aguardan que el TSJ emita su decisión contra la Asociación Civil Escuela Campo Alegre por su responsabilidad por los daños físicos y psicológicos que Vahey dejó en la víctima.
“Necesitamos que la Sala Social fije fecha pronto para la celebración de la audiencia final, la justicia debe ser expedita; este es un caso con un retardo procesal exagerado”, acotó Méndez, quien también señaló que los juicios de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) están diseñados para durar menos de un año y el presente ya va para ocho años.
Cuatro décadas de abusos sexuales
El prontuario de pedofilia de William James Vahey salió a la luz en 2014 en la ciudad de Managua, Nicaragua; luego de que una empleada doméstica hallara en un pendrive, fotografías sexuales de decenas de niños. La mujer acudió al American Nicaraguan School, donde laboraba en ese entonces, y le entregó la información a la directora.
Tras ser descubierto, el profesor confesó que abusaba de sus estudiantes desde el año 1972, lapso en el que trabajó en colegios de cuatro continentes.
En 2009, cuando impartía clases en el instituto caraqueño, organizó un viaje con varios estudiantes a Costa Rica, esto como parte del programa Receso de primavera, que se hacía en el plantel cada Semana Santa.
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A raíz de la denuncia hecha por la directora del instituto nicaragüense, el FBI publicó un cartel de alerta catalogando a Vahey de “el pedófilo más prolífico de la historia”.
Según reza la nota de prensa, en mayo de ese mismo 2014, expertos del FBI viajaron a Venezuela y se reunieron con padres de 30 alumnos de la Escuela Campo Alegre para informarles oficialmente de que los estudiantes eran considerados víctimas de abuso sexual.
Representantes del joven del que se hace mención en esta nota interpusieron una demanda ante los tribunales de la Lopnna de Caracas. «Para sorpresa de los demandantes, esos tribunales no encontraron responsabilidad en la Escuela Campo Alegre y declararon sin lugar la demanda«, reseña el boletín.
En octubre de 2021, la Sala Social del TSJ recibió el expediente de demanda proveniente del Juzgado Superior 3º de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas. Un mes después, abogados de la víctima formalizaron ante la Sala Social el recurso de apelación mediante el cual solicitan que se haga justicia y se declare a la Escuela Campo Alegre responsable del daño moral por ser la institución que contrató a William James Vahey.
En 2022, la Sala Social admitió la participación de la Defensoría del Pueblo en el juicio y declaró concluida la sustanciación del recurso de casación (apelación), “en consecuencia entra la causa en estado de fijación de audiencia”, dice la sentencia.
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