Caracas.- Al igual que el informe del primer semestre de 2020, la publicación anual del año pasado de Una Ventana a la Libertad (UVL) gira en torno a la crisis de salud en los Centros de Detención Preventiva (CDP) en Venezuela, según lo publicado en un boletín de prensa emito por la organización Una Ventana a la Libertad este 25 de febrero con motivo a la presentación de su informe anual.
A la crisis humanitaria compleja en el país se le sumó la pandemia del COVID-19 y las condiciones del sistema de salud se agudizaron.
La principal causa de muerte en el año 2020 fueron las enfermedades con un total de 143 muertes, es decir, un 68,75 % del total de 208 muertos. Además, 15 detenidos murieron en riñas, cinco en motines y tres por otras causas.
Las cinco enfermedades que causaron el 87% de las muertes en los CDP fueron la tuberculosis, con 86 casos, la desnutrición, con 13 defunciones, problemas respiratorios con 12 muertes, problemas cardiacos, con ocho fallecidos y tuberculosis y desnutrición juntas con cinco casos. Los datos demostraron que hubo 91 casos de tuberculosis al sumar los cinco que también presentaron desnutrición.
En segundo lugar, se determinó que las muertes por fugas, 42 ó 20,19 % del total, están relacionadas al proceso de recaptura que los funcionarios refieren como enfrentamiento. De acuerdo con los registros de UVL, murió solo el 17,28% del número de fugados, lo que significa que la mayoría no fue recapturada.
Familiares velan por reclusos
La sobrevivencia en los calabozos policiales, que pasaron de ser lugares de detención preventiva a las nuevas cárceles, depende de los familiares de la población reclusa, quienes, pese a las limitantes de la cuarentena, a la escasez de combustible y a la falta de dinero en efectivo para movilizarse en transporte público, hicieron peripecias para llevarles alimento a sus privados de libertad.
Los datos del informe anual de la situación de los Centros de Detención Preventiva en Venezuela se obtuvieron con el monitoreo constante (reflejado en alertas y boletines temáticos bimensuales) de 21 investigadores que están en terreno en 19 estados del país: Amazonas, Apure, Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital y Área Metropolitana de Caracas, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia. El estado Miranda está dividido en tres sectores, debido a la cantidad de CDP ubicados en esa región: Valles del Tuy, eje Guarenas–Guatire y Altos Mirandinos.
El número de CDP con hacinamiento aumentó de 207 a 221 para fin de año, llegando al 80,95% de los 273 calabozos cubiertos por el monitoreo en 19 estados del país.
Culminando 2020, de acuerdo con cifras extraoficiales confirmadas por Una Ventana a la Libertad en los 19 estados que tiene investigadores, se confirmó que en estos espacios estaban detenidos 22.469 hombres (92,78 %) y 1.749 mujeres (7,22%) para un total de 24.218 detenidos, cuando el cupo total disponible en los CDP era de 7.457.
En estos espacios se siguen acumulando hombres, mujeres e incluso adolescentes, muchos de los cuales han cumplido años a la espera de un cupo de traslado a un centro penitenciario y, algunos, hasta cumplen el tiempo de su sentencia en los CDP.
El uso y abuso de estos calabozos como cárceles de larga estadía es una violación a los derechos de cada una de las personas detenidas que se encuentran.
Más de 60% de las muertes que se registraron en estos retenes policiales se debieron a enfermedades prevenibles y tratables. «El único que puede solucionar el caos que cada vez más está llevando a la muerte a venezolanos en estos centros de detención preventiva es el Estado Venezolano», rezó el boletín de prensa.
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