Un total de 250 personas del medio universitario venezolano, enviaron un documento en el que exigen condiciones justas para poder cristalizar el reinicio de clases en el país.
Asimismo hacen públicas quejas y dan su opinión acerca de distintos tópicos.
A continuación, el comunicado:
Las universidades públicas y autónomas de Venezuela han sido desde su creación baluartes en la conquista y defensa de un modelo de sociedad democrática, abierta, libre y plural, e históricamente han constituido uno de los canales más importantes de movilidad social para todos los venezolanos. En distintos periodos de su existencia, han acogido generosamente a numerosos profesores, investigadores y estudiantes exiliados provenientes de múltiples naciones que, en otros tiempos, experimentaron difíciles situaciones políticas y económicas.
No obstante, hoy la universidad venezolana vive una hora particularmente amarga y requiere la solidaridad de quienes creen que la universidad constituye el espacio privilegiado de defensa de la libertad y de la igualdad en la pluralidad, pues esta institución se encuentra seriamente amenazada por las políticas oficiales que, bajo el disfraz de una pretendida y falaz “democratización”, no han hecho más que revelar la voluntad de someterla a los designios de un proyecto autocrático. Estas políticas que vienen produciendo asfixia institucional e, incluso, la masiva renuncia de sus profesores, también han entrabado judicialmente el proceso de la elección libre de las autoridades de las universidades autónomas.
Por otro lado, los cada vez más exiguos presupuestos de las universidades son insuficientes para cubrir con las funciones básicas de docencia, investigación y extensión que les son inherentes; menos aún pueden cubrir los requerimientos de infraestructura de apoyo requeridos para su normal funcionamiento. A ello se suma el hecho de que los salarios de todo su personal se han visto severamente degradados, llegando al extremo de que un Profesor Titular, el rango académico más elevado, no puede adquirir la canasta básica alimentaria porque ésta más que duplica el último salario mensual recientemente aprobado por el gobierno (el cual asciende a unos 180$ mensuales a tasa oficial SIMADI), lo cual sitúa a todo el personal universitario por debajo de la línea de pobreza.
Dada esta dramática crisis, los gremios de profesores universitarios de las diez (10) universidades nacionales más importantes del país, decidieron unánimemente, a través de referéndums y asambleas, no iniciar actividades docentes luego del receso del mes de agosto, haciendo uso del derecho constitucional a movilizarse por reivindicaciones laborales y por la defensa de unas condiciones mínimas para el ejercicio de la docencia, investigación y extensión.
En respuesta, el pasado 3 de noviembre los diputados de la bancada oficialista de la Asamblea Nacional acordaron recomendar al Gobierno Nacional el inicio de acciones que pudieran conducir a la “toma o intervención” de las universidades nacionales, vulnerando así su autonomía. Sugirieron al gobierno nacional nombrar una comisión de juristas para demandar a las universidades nacionales ante el Tribunal Supremo de Justicia por “perjuicio al Estado venezolano” y recomendaron que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo tome acciones ante lo que califican el “paro ilegal desarrollado por las universidades”. Dada la falta de independencia entre las distintas ramas del poder público en Venezuela, la situación es extremadamente preocupante debido al franco deterioro del Estado de Derecho.
Quienes suscribimos este documento queremos expresar nuestra más enérgica condena al discurso y las políticas del Gobierno Nacional, los cuales vienen erosionado la esencia de nuestras instituciones universitarias, ya que de concretarse las acciones propuestas por la bancada oficialista a la Asamblea Nacional, se avanzaría en la anulación del carácter plural, abierto, libre, democrático y autónomo que deben gozar las universidades nacionales públicas. Consecuentemente, solicitamos la solidaridad y el apoyo de quienes, sintiéndose afectados como parte de la comunidad universitaria mundial, consideren oportuno y necesario manifestar su rechazo a las amenazas contra la esencia misma de la universidad venezolana.
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