El secretario de Seguridad Ciudadana y Paz del estado Lara, general de división Martín Maldonado Guerrero, rechazó las acciones de los cuatro Polilara contra el adolescente Aiverson José Torres Carrasco, de 17 años, quienes, presuntamente, lo asesinaron de dos disparos.
“La conducta desviada que tuvieron los cuatro oficiales es rechazada porque no se apega a los principios que establece la Constitución”, apuntó Maldonado durante una rueda de prensa este jueves, 11 de enero, en la Comandancia General de la Policía del estado Lara.
Aseguró que desde que ocurrió el lamentable suceso, los diferentes organismos de seguridad ciudadana han actuado apegados a las leyes y reiteró que los cuatro funcionarios involucrados fueron puestos a la orden del Cicpc para las investigaciones y determinar la causa del fallecimiento de Torres Carrasco. También están a la orden del Ministerio Público, a través de la fiscalía 21, de derechos fundamentales.
Los Polilara fueron identificados como Kevin Gabriel Leal, de 34 años, Vilma Maribel Tero (34), Miguel Eduardo Mendoza Álvarez (26) y Eli Rafael Piña Díaz (23).
Lara | Detenidos 4 Polilara por el asesinato de joven de 17 años
Rechazo a las acciones violentas
El secretario de Seguridad de Lara manifestó solidaridad con la familia de Aiverson y también rechazó que vecinos de la zona hayan quemado un punto móvil de la policía ubicado en la vía Lara-Zulia.
Confirmó y calificó de “conductas violentas” estos hechos y detalló que unas 80 personas intentaron acciones contra las instalaciones del centro de coordinación policial de esa población, lanzaron objetos contundentes, fuegos artificiales y bombas molotov contra los funcionarios.
Resultaron detenidas cinco personas, dos mayores de edad y tres presuntamente menores, porque se negaron a dar el número de cédula de identidad o fecha de nacimiento a las autoridades.
“Desde el gobierno bolivariano del estado Lara repudiamos estos hechos que atentan contra el orden público y la seguridad de los ciudadanos”, aseveró Maldonado Guerrero.
Estos ciudadanos también fueron puestos a la orden del Ministerio Público por alterar el orden público y atacar instalaciones.