Privados de libertad que hacen vida en los 108 centros de reclusión que hay en Venezuela no ven a sus familiares desde el pasado 13 de marzo, luego de una decisión de la ministra para los Servicios Penitenciarios, Iris Varela, por la llegada de la COVID-19 al país. Aunque el ministerio inicialmente prohibió el ingreso de alimentos, desde la semana pasada flexibilizó la medida, por lo que se les puede dejar la comida en la entrada de los penales; sin embargo, los familiares no podido ni hablar por teléfono con ellos, ni siquiera para saber cómo están de salud.
Beatriz Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, informó a El Pitazo que las visitas de familiares continúan suspendidas, pero en «ciertos penales están dejando que familiares dejen la comida en la puerta y funcionarios de la Guardia Nacional o del Ministerio aseguran que se la dan a los reclusos». Refiere que en el Internado Judicial de Yaracuy además de comida, las autoridades del penal les pidieron a los familiares que les lleven agua, porque no tienen.
Señala que el Ministerio de Servicios Penitenciarios debería buscar una forma en que los reclusos puedan comunicarse con sus familiares. «Desde el 13 de marzo no hay comunicación entre los presos y familiares, las madres están angustiadas y nosotros en el Observatorio estamos de manos atadas», agrega.
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De acuerdo con la información que maneja Girón, los penales con régimen penitenciario, que son 52 a nivel nacional y cuentan con comedor, se han encargado de darles alimento a los reclusos por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario. Sin embargo, asegura que no ha podido confirmar esta información, porque los familiares no han podido hablar con los privados.
En Venezuela, más de 40.000 hombres y mujeres que se encuentran recluidos, los cuales de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) padecen de un hacinamiento de más de 120%. Girón, indica que la cantidad de detenidos —para la capacidad de las penitenciarías que hay en el país— hace que sea muy complicado cumplir con los mandamientos para evitar la propagación del coronavirus, pues las cárceles no tienen ni agua para que los reclusos se laven las manos y muy pocos cuentan con jabón. A pesar de que los privados de libertad son el eslabón más débil de la cadena, hasta este 8 de abril las ONG dedicadas a defender los derechos de la población penal no han tenido información acerca de que un recluso se haya contagiado por coronavirus.
Pese a esta realidad, el OVP y Una Ventana a la Libertad indican que la situación puede cambiar de un día otro, pues el Ministerio para Servicios Penitenciarios solo ha adoptado la suspensión de visitas y no ha aplicado un protocolo de contingencia para hacerle frente a la pandemia.
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