Caracas.- Falta de agua, hacinamiento y nulas condiciones higiénicas es parte de la realidad de los calabozos policiales, las nuevas cárceles de Venezuela debido a la escasa infraestructura para encerrar a los detenidos en proceso de juicio. Este reporte lo ofrece Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, quien afirma que si el coronavirus llega a estos centros de detención preventiva «se podría generar una tragedia».
Nieto Palma explica que ante la llegada de la pandemia del COVID-19 a Venezuela, y los 17 casos que se han confirmado hasta la noche de este 15 de marzo, los defensores de derechos humanos y abogados de los internos se encuentran preocupados por una posible propagación del virus en los calabozos y centros de reclusión. Explica que hasta la mañana de este 16 de marzo no había recibido reporte que indicara que algún detenido del país manifestara síntomas; pero no se confían, pues hay posibilidades de que ocurra en cualquier momento.
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Hasta este lunes, la ministra de servicio penitenciario, Iris Varela, no ha dado públicamente ningún tipo de lineamiento sobre qué hacer si el coronavirus llega a los centros detención. Hasta los momentos tanto cárceles como calabozos se manejan con las normas dictadas por el Ejecutivo para la ciudadanía en general: uso obligado del tapabocas, pues tampoco han ofrecido un un plan preventivo para este sector del país.
Nieto Palma no cree que la ministra dicte nuevas directrices, pues según él «si no han atendido a los enfermos de tuberculosis, existiendo los mecanismos para hacerlo, no creo que lo vayan a hacer si les impacta el coronavirus». Una Ventana a la Libertad reportó que en 2019 se registraron 46 fallecidos por enfermedades en los centros de detención preventiva. También que 1.103 detenidos se enfermaron, 224 por contagiarse de tuberculosis, 96 por enfermedades respiratorias y 286 presentaban desnutrición. En lo que va de 2020 el panorama no ha cambiado, asegura Palma, pues en las cárceles de Lara se han registrado ocho muertes por tuberculosis.
Magally Huggins, coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, asegura que los detenidos en los calabozos policiales son los más frágiles de la cadena ante una enfermedad por contagio, pues padecen de desnutrición y muchos de ellos tienen problemas respiratorios.
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Calabozos suspendieron visitas hasta nuevo aviso
La suspensión de las visitas es la medida que tomaron policías municipales, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional y del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas (Cicpc), desde este viernes 13 de marzo, para evitar la propagación del coronavirus en estos centros.
Familiares de los más de 20 detenidos que se encuentran actualmente en los dos calabozos de la Policía del municipio Los Salias, en el estado Miranda, luego de que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez confirmara dos casos de coronavirus en el estado Miranda, fueron informados por los funcionarios que no podrán ver a sus hijos, hermanos, novios, esposos, hasta nuevo aviso.
Los detenidos de este calabozo policial, al igual que los del resto del país, no cuentan con servicio de comedor por lo que son los familiares quienes diariamente deben planificarse para llevarles alimentos. Ante la contingencia, un funcionario de la PoliSalias, que pidió el resguardo de su identidad, informó a El Pitazo que aunque desde este 13 de marzo se suspendieron las visitas, los allegados de los privados pueden acercarse a la sede policial para dejarles sus alimentos, pero deben cumplir con los protocolos de higiene.
En PoliSalias los funcionarios le dieron a los detenidos alcohol, tapabocas y guantes. Sin embargo, como indica el abogado Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, aunque en este calabozo se hayan tomado medidas momentáneas para frenar la propagación «la gran mayoría de calabozos policiales en el país no cuenta con servicios médicos adecuados ni preparados para enfrentar esta crisis».
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