Acarigua.- Las tres enfermeras del Hospital «Dr. Jesús María Casal Ramos» de Acarigua-Araure, en Portuguesa, investigadas por presuntamente cobrar a familiares por el cuidado de los pacientes recluidos en el área de COVID-19, continuarán privadas de libertad y su caso pasó a juicio.

Así se conoció tras realizarse la audiencia preliminar este jueves, 16 de diciembre, en la sede del Segundo Circuito Judicial Penal de la región, con sede en Acarigua.

La defensa de las profesionales de la salud informó a El Pitazo que no se pudieron aplicar los medios alternativos a la prosecución del proceso ni tampoco la admisión de los hechos con los que las imputadas pudieron haber obtenido una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad.

«El tribunal – Segundo de Control- advirtió que no revisará la medida y que deberán permanecer privadas de libertad y pasar así a ejecución, aún cuando la pena del delito de una de ellas es menor de 3 años», explicaron.

La audiencia de presentación de imputados de las enfermeras Jania Coromoto Veroes, 41 años, licenciada en enfermería, Betty Josefina Adan Escobar, de 40 años, y Azdaly Nailet Mejías Nadal, de 37 años, estás últimas Técnico Superior Universitario en Enfermería, fue celebrada este lunes 11 de octubre, cinco días después de la detención practicada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva (Diep) de la Policía del estado, en el mismo hospital de Acarigua.

A Jania Coromoto Veroes y Azdaly Nailet Mejías Nadal, la Fiscalía contra la corrupción de Guanare les imputó los delitos de peculado doloso propio previsto y sancionado en la Ley Contra la Corrupción. Además, agavillamiento y concusión; mientras que a Betty Josefina Adan Escobar solo concusión y agavillamiento.

Todas se encuentran detenidas en el Centro de Coordinación Policial Juan Guillermo Iribarren de la ciudad de Araure, que funciona como reclusorio preventivo de mujeres en el cono norte de Portuguesa.

De acuerdo con Ley Contra la Corrupción, el peculado propio es perpetrado cuando cualquier persona, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público se apropie o distraiga, en provecho propio o de otro, los bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, cuya recaudación, administración, manejo o custodia tengan por razón de su cargo.

Asimismo, la norma legal establece una pena de prisión de 6 a 10 años y multa del 100 por ciento del valor de los bienes objeto del delito.

El caso

Sobre las enfermeras pesaba una orden de captura N° PP11-P-1675-2021, emitida por el Tribunal Segundo de Control del Segundo Circuito Judicial Penal del estado, extensión Acarigua, por el delito de corrupción, relacionada con la causa MP-188314-2021.

Las profesionales de la enfermería comenzaron a ser investigadas cuando entre el pasado 23 y el 28 de septiembre de este 2021, familiares de dos adultas mayores fallecieron en la sala de aislamiento de pacientes con COVID-19 del JM Casal Ramos.

Las víctimas fueron Yolanda Rondón, de 69 años, quien murió el pasado 15 de septiembre, e Ingrid Coromoto Navarro, de 70 años, cuya muerte se registró el jueves. Los familiares de estas damas hicieron público las irregularidades que se presentaban en este centro centinela del cono norte. Ambas historias fueron publicadas en El Pitazo.

Los allegados denunciaron que para que los pacientes tuvieran una atención respetuosa y se les cumpliera el tratamiento a las horas indicadas y al pie de la letra, las enfermeras cobraban alrededor de 60 dólares diarios.