Barquisimeto.- Familiares y reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, y la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara, pagan en dólares el suministro de agua a través de cisternas, debido a la falta del servicio en estos penales, según denuncias recabadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
De acuerdo con el observatorio, las cisternas son adquiridas por los presos y suelen costar entre 40 y 50 dólares, mientras que en la calle tienen un valor de 20 y 30 dólares.
Sin embargo, los presos que quieran obtener al menos un tobo de agua deben cancelar 100.000 bolívares. El pago lo hacen a través de plataformas bancarias como pago móvil, cuyos datos reciben por medio de una llamada o un mensaje de texto.
OVP explicó que en estos casos cuando el preso paga por su agua, será él mismo quien se encargue de administrarla porque esta es utilizada para su consumo, aseo personal y lavar la ropa.
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“Cabe destacar que la entrada de cisternas no es constante, pues no todos tienen la posibilidad de pagar por este servicio que les debería garantizar el Ministerio de Servicios Penitenciarios”, resaltó el organismo.
En ese sentido, la población de estos recintos puede permanecer hasta 15 días sin el vital líquido. Entre los dos penales y los anexos de mujeres son más de 5 mil presos afectados.
Otra de las denuncias graves que hicieron al Observatorio es que los presos de la cárcel de Uribana están pagando por sus alimentos. “A diario les dan una panqueca, bien sea de desayuno o cena; mientras que de almuerzo reciben arroz sin ningún tipo de acompañante o un caldo de pasta”, detallan.
Según los testimonios, los funcionarios que trabajan en el economato venden un tobo con comida, que puede alcanzar para unas 25 personas, con un costo de entre 1.500.000 a 1.800.000 bolívares. Asimismo, les brindan la opción de cancelar 300.000 bolívares por una tasa con comida y el menú suele ser arroz con cerdo o pollo, y pasta con granos.
Aunado al hacinamiento y la desidia en estos internados judiciales, los presos presuntamente también tienen que pagar una “causa” de 200.000 bolívares porque de lo contrario serían confinados en un galpón, donde no tienen acceso a baños y en ocasiones no les suministran alimentos.
Los familiares aseguraron que estas denuncias han sido expuestas ante las autoridades en diversas ocasiones, pero han sido completamente ignoradas.
Carolina Girón, directora del OVP, resaltó que estas denuncias son bastante graves, por lo que instó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a investigar a profundidad las acusaciones y velar por los derechos humanos de los reclusos severamente afectados por esta situación.
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