Caracas.- Han pasado 18 años de la llamada masacre de Vista Hermosa, donde 7 privados de libertad murieron y otros 50 resultaron heridos de gravedad en el Internado Judicial del estado Bolívar.
En homenaje a las víctimas y sus familiares, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó, este 29 de enero, un informe denominado “Vista Hermosa: Una masacre llena de promesas sin cumplir”, donde recordaron las irregularidades que ha presentado el proceso y las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que no han sido atendidas en el país.
La organización no gubernamental, fundada en el año 2002, en conjunto con los familiares de las víctimas, quienes nunca bajaron los brazos ni perdieron la sed de justicia, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que responsabilizó a Venezuela por los hechos.
Corte IDH responsabiliza al Estado venezolano por masacre de Vista Hermosa
Carolina Girón, directora de esta organización no gubernamental, manifestó que el informe refleja cada golpe, cada disparo y cada maltrato. En el texto se relata cómo fue el proceso de investigación nacional e internacional del caso y expone los relatos de los familiares de los fallecidos en la masacre, de sobrevivientes y de aquellas personas que participaron en la investigación de este suceso, ocurrido el 10 de noviembre de 2003.
Girón asegura que lo sucedido en Vista Hermosa marcó hitos:
- Coadyuvó a una mala reforma del Código Orgánico Procesal para sacar a las ONG en representación de víctimas.
- Fue la primera vez que la corte, en un contexto de pandemia, recibió vía virtual la declaración de una víctima.
- Hubo una declaración de ejecución extrajudicial de parte de funcionarios del Estado.
Por su parte, Humberto Prado, fundador de OVP y actualmente director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (Olacp), comentó que al momento ‘‘que suceden los hechos, los familiares sienten dolor, reclaman y piden justicia. Poco a poco se van desencantando, porque la justicia es así, no una fotografía’’.
En ese sentido, recordó que la primera versión de las autoridades sobre Vista Hermosa fue que se trataba de un motín entre internos por el control del penal. Por lo que como organización se trasladaron hasta Bolívar y hablaron con los sobrevivientes, quienes aclararon que no se trató de un motín, sino de unas ejecuciones extrajudiciales a manos de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios penitenciarios, señaló Prado.
A través de una carta que los presos les entregaron pudieron revivir cómo los funcionarios de seguridad ‘‘ingresaron al penal con la excusa del conteo diario, pero finalmente dispararon a mansalva contra la población penitenciaria’’.
Las víctimas fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado representante de las víctimas y actualmente presidente del Instituto de DD. HH. Asociación Mundial de Juristas, dijo que el caso fue un desafío por lo difícil que resultó recabar evidencias y testimonios para que el Ministerio Público iniciara las investigaciones pertinentes.
“Un cúmulo de pruebas, recabadas de exhumaciones a los cadáveres de las víctimas, confirmó lo que denunciaba OVP”, comentó Gutiérrez, quien además recordó que durante la solicitud de órdenes de aprehensiones contra los responsables hubo violaciones graves en el proceso.
María Daniela Rivero, consultora en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional, contó que el caso fue presentado en 2019 y les tocó reconstruir los relatos y testimonios. Ya para 2020 concedieron una audiencia que fue interrumpida por la pandemia.
Sentencia de la Cidh
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ordenó que se diera pie al reinicio de la investigación correspondiente al Internado Judicial del estado Bolívar, para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de tales hechos. A su vez, instó al Estado venezolano a brindar tratamiento médico y psicológico a las 27 víctimas de manera gratuita.
Adicionalmente, deberán reformar la legislación para delimitar las causales que autorizan el ingreso de las autoridades militares a los centros penitenciarios.
El penal de Vista Hermosa, en la actualidad, tiene más de 3.000 privados de libertad en sus instalaciones, que continúan bajo la figura del pranato y manejan armas de alto calibre, además del tráfico de estupefacientes y la custodia externa del penal sigue en manos de la Guardia Nacional.
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