Mérida.– 203 organizaciones no gubernamentales de Venezuela y el mundo firmaron un comunicado en el que solicitan cumplimiento del debido proceso judicial y respeto de los derechos humanos en el caso de Vannesa Rosales, activista y defensora de los derechos de las mujeres, quien está privada de libertad desde el 12 de octubre de 2020 por brindar información y fármacos para abortar a una adolescente de 13 años que fue víctima de violación.
A Rosales se le imputan tres delitos: agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por tercero. Por su parte, el hombre que violó a la adolescente no ha sido detenido, pese a tener una orden de captura en su contra.
En el referido comunicado, difundido este viernes 8 de enero y liderado por la ONG feminista 100% Estrógeno, se denuncian violaciones al debido proceso judicial del caso. Este viernes 8 de enero las ONG firmantes del comunicado se unirán a un tuitazo para exigir un proceso justo y legal para Vannesa Rosales.
«En este proceso penal se han incumplido importantes garantías judiciales previstas en la legislación nacional y en tratados internacionales, dentro de las que se incluyen: la realización de la audiencia de flagrancia 4 días después a su detención, superando las 36 horas que establece la ley, amparados en un diferimiento presentado por el Ministerio Público, 48 horas posteriores a su aprehensión; la falta de acceso a la acusación formal que hizo el Ministerio Público, así como al expediente de Vannesa por parte de sus defensores, quienes sólo han podido verla en una oportunidad«, indica el comunicado.
Además, el documento señala que a la imputada no se le ha permitido reunirse con sus abogados defensores, así como tampoco se ha aprobado una solicitud de medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ni se ha recibido respuesta formal sobre un amparo constitucional interpuesto el 22 de diciembre de 2020. «Finalmente, el 17 de diciembre de 2020 los tribunales entraron en receso decembrino, deteniendo el correr de los lapsos procesales, quedando a tres días de vencerse el período máximo de prórroga para la realización de la audiencia preliminar», reseña el oficio.
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El aborto y los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela
El Pitazo conversó este 8 de enero con Yolima Arellano, abogada feminista y coordinadora en Mérida del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres. A través de su trabajo e investigaciones, Arellano señala que el Estado venezolano no garantiza el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantías indispensables para evitar embarazos no deseados.
«En reiteradas oportunidades el Comité para la Erradicación de todas las formas de violencia hacia la mujer (Cedaw) ha emitido observaciones y recomendaciones al Estado venezolano para que garantice los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, pero Venezuela no ha respondido. El gran problema en este país es que no hay políticas públicas para garantizar una educación sexual. Ni siquiera es posible acceder a métodos anticonceptivos seguros», dijo Arellano.
En 2014 el Cedaw mostró su preocupación por la penalización del aborto en Venezuela, que obliga a mujeres a practicarse abortos clandestinos que perjudican su salud y ponen en riesgo su vida. Dicho comité ha solicitado al Estado venezolano modificar su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, así como garantizar la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo y la atención post-aborto. Así mismo, el Cedaw ha pedido a las autoridades venezolanas que se eliminen las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a abortos.
Aunque existe un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Venezuela, la interrupción intencional de un embarazo es considerado un delito y está contemplado en el Código Penal venezolano.
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