El gobierno de Nicolás Maduro debe alertar a Ecuador sobre la transformación carcelaria que ocurre actualmente en Venezuela tras la reciente intervención de ocho cárceles para eliminar la figura del pranato, consideró el abogado, activista y coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, ante la eventual deportación de un número indeterminado de presos al país.
Esto, para que las autoridades tengan tiempo de reacomodar el sistema penitenciario, tal y como lo anunciaron luego de las intervenciones del año pasado, que culminaron con el traslado de 8.015 presos a diferentes centros penitenciarios del país.
La comunicación entre ambos países debe establecerse inmediatamente, según lo indicó Prado, luego de que el miércoles 10 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que deportaría a 1.500 presos que en su mayoría son venezolanos, colombianos y peruanos.
“Si Venezuela fuera más prudente, le contestaría a Ecuador que resuelven una crisis y están en un proceso de restablecimiento carcelario, pero nuestras autoridades están acostumbradas a hacer lo que les dé la gana”, opinó Prado al analizar un posible escenario de deportación.
Sucesos en 2023: de la intervención de las cárceles a la reapertura del caso Canserbero
El recién electo presidente de Ecuador consideró que esta medida redundará en la reducción del hacinamiento en prisiones, pero el coordinador del OVP recordó que se desató un hacinamiento de 221 %, tras el traslado de 8.015 presos de las cárceles intervenidas entre septiembre y diciembre de 2023.
“Si no hay un acuerdo entre ambas partes y se piensa solo en la fotografía para la política, esa cantidad de venezolanos viene a agravar más la situación carcelaria que hay en el país”, declaró el entrevistado y recordó los altos niveles de desnutrición, tuberculosis y retardo procesal que perjudican a la población penitenciaria.
Obtener datos detallados
Ante la anunciada deportación, otra de las consideraciones hechas por Prado es sobre la identidad y grado de peligrosidad de cada uno de los internos venezolanos objeto de la medida.
“Se debe enviar con anticipación el listado con el estatus jurídico, de manera que se sepa cuál es el grado de peligrosidad. Venezuela tiene que comparar esas informaciones con el banco de datos que tiene para descartar que se trate de un reincidente o fugado”, consideró Prado.
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