Caracas.- Un hombre identificado como Robert José Serrano Piñero, de 29 años, recluso desde hace tres años en el Internado Judicial Rodeo III, ubicado en el estado Miranda, falleció por desnutrición el domingo 2 de agosto.
Según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Damaris Serrano, madre del fallecido, recibió una llamada anónima en la que se le notificó el deceso, al acudir a la morgue de Bello Monte, en Caracas, se enteró del avanzado nivel de desnutrición en que estaba su hijo.
Para familiares, el cuerpo estaba casi irreconocible, sin embargo, un tatuaje con el nombre de su hija ubicado en el lado izquierdo de su pecho, ayudó a corroborar la identidad.
El OVP explicó que los parientes de Robert Serrano nunca fueron notificados sobre su agravado estado de salud, así como tampoco sobre su traslado al hospital Domingo Luciani de El Llanito.
Los familiares recibieron la notificación de la muerte del recluso el 3 de agosto, al respecto, la afligida madre detalló que el hombre tenía golpes en el rostro, pero desconoce qué le pudo suceder mientras estuvo en el penal.
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La mujer también corroboró las denuncias de los familiares de otros privados de libertad, quienes aseguran que en ese recinto penitenciario hay muchas fallas en cuanto a la distribución de alimentos y parte de su menú diario es arepa sin relleno, agua de pasta, agua salada o bollitos.
“No les dan comida tres veces al día y las raciones son pocas. Si nosotros llevamos comida no la reciben, estamos cansadas y los están matando de hambre”, manifestó un familiar que no quiso identificarse.
La directora del OVP, Carolina Girón informó que con la muerte de Robert, asciende a 14 el número de fallecidos en Rodeo III, todos por condición de salud.
“Es lamentable el incremento de fallecimientos dentro de las cárceles venezolanas y es aún más preocupante que casi todas las víctimas tienen signos evidentes de desnutrición severa. Eso es falta de voluntad política, no es la primera denuncia que hacemos sobre esta situación y hasta ahora no existe ni un pronunciamiento o una acción por parte del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo”, puntualizó Girón.
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