Entre el 10 y 23 de julio se registraron 27 asesinatos, de parte de fuerzas de seguridad del Estado, de personas que fueron señaladas miembros de la banda de la Cota 905, según lo publicado en el informe anual de la organización Monitor de Víctimas llamado Pandemia, escasez de gasolina y militarización: El cóctel que estimuló la violencia.
Estas muertes ocurrieron durante diferentes operativos policiales realizados mayormente en Caracas, y también en los estados Miranda y Vargas.
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, señaló en reiteradas ocasiones a través de su cuenta en Twitter que las muertes fueron ocasionadas luego de que los solicitados mostraran resistencia a la autoridad al iniciar enfrentamientos armados.
Sin embargo, Monitor de Víctimas y El Pitazo colectaron testimonios de familiares de varios de los fallecidos, quienes aseguran que funcionarios irrumpieron en sus viviendas para ejecutar a las personas buscadas.
Según lo detallado por la organización, 15 de los solicitados por autoridades murieron en Miranda; 8 en Caracas; 3 en La Guaira y 1 en Carabobo. Se conoció que 8 de las 27 personas tenían edades comprendidas entre 18 y 30 años.
Entre los testimonios colectados por El Pitazo destaca el de la madre de Ángel y José Herrera, quienes murieron a manos de la policía dentro de un apartamento del urbanismo Argelia Laya en la avenida Victoria de Caracas. «Estaban durmiendo cuando entraron a matarlos, estaban desarmados. De paso, uno de ellos no tenía nada que ver con la banda. No merecían morir así», declaró María Herrera, el 13 de julio.
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