Charallave.- Dos funcionarios de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas, en el estado Miranda, fueron privados de libertad por su presunta responsabilidad en la muerte de Héctor Luis Huerta (27 años). Este hombre fue arrestado con un teléfono robado. Los uniformados lo llevaron hasta una zona solitaria y, presuntamente, le dieron un tiro para luego simular un enfrentamiento. La fiscalía presentó pruebas ante un tribunal de control.
El procedimiento donde murió Huerta se realizó el 18 de octubre de 2023 en la urbanización Ciudad Miranda de Charallave, en los Valles del Tuy. Ese día se viralizó una foto de dos individuos en una moto que asaltaron a un grupo de vecinos del conjunto residencial Matalinda. Una de las víctimas captó la imagen de los ladrones con su teléfono. Días anteriores, también habían sido denunciados por otras personas.
Los policías de Cristóbal Rojas se desplegaron en busca de los atracadores. La información del cuerpo de seguridad local y las investigaciones de la fiscalía coinciden en que los oficiales vieron a Huerta en una actitud sospechosa y le dieron la voz en alto.
Sobre lo sucedido después, las instituciones manejan versiones encontradas. Según la policía, Huerta se les enfrentó y murió en la balacera; no obstante, el Ministerio Público (MP) indica que fue arrestado con un celular robado y los oficiales le propinaron un tiro en el tórax, en una zona poco transitada. Luego, lo trasladaron al hospital Ramón Figuera, donde ingresó sin signos vitales.
Los funcionarios, identificados como Surimar Virginia Pérez Cáceres (40) y Kensor Gustavo Gallardo Alvarenga (36), fueron detenidos en la coordinación policial donde laboran, el 19 de octubre, por uniformados del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
En la audiencia de presentación, la Fiscalía 24° de la jurisdicción imputó a la oficial Pérez Cáceres como autora en el delito de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible, acto arbitrario y agavillamiento.
El Ministerio Público también acusó al oficial Gallardo Alvarenga. De acuerdo con las indagatorias incurrió en los delitos de cooperador inmediato de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía, por motivos fútiles, porte ilícito de arma de fuego, simulación de hecho punible, acto arbitrario, trato inhumano y degradante y agavillamiento.
Una vez evaluados los elementos expuestos por los fiscales del caso, el Tribunal 5° de Control de Miranda dictó la medida privativa de libertad y ordenó la reclusión de Pérez Cáceres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, y la de Gallardo Alvarenga en el Centro Penitenciario Metropolitano Yare III, situado en los Valles del Tuy.
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