Michelle Stefhany Peñalver es estudiante de Comunicación Social de la Universidad de los Andes, del Núcleo Táchira. A comienzos de 2018 emigró de Venezuela, pero hace dos meses regresó a su natal San Cristóbal, pues se le había vencido su visa Au Pair, que se le da a los ciudadanos que son acogidos por familias residentes de los Estados Unidos a cambio de trabajo.
Michelle aprovechó su regreso para terminar su tesis, último requisito que le falta para recibirse como licenciada. Sin embargo, la situación del país pudo más y decidió irse nuevamente de Venezuela a Bucaramanga, Colombia, ciudad en la que se ha establecido su familia.
La joven de 25 años, el domingo 15 de septiembre se encontraba con su abuela en la oficina de migración del Saime, ubicada en San Antonio del Táchira, cuando un funcionario de la Guardia Nacional le dijo que tenía una alerta y se encontraba solicitada por la Dirección de Contrainteligencia. Familiares, que pidieron la omisión de su identidad, cuentan que minutos después llegó un grupo de efectivos de este cuerpo militar, la montaron en una patrulla y se la llevaron. No dejaron que su abuela la acompañara.
Los militares la llevaron nuevamente a San Cristóbal, específicamente, a un motel ubicado en el sector Las Lomas, que lleva el mismo nombre y ahora sirve como sede de la Dgcim en el Táchira.
Después de tener más de 24 horas en este sitio, la joven fue presuntamente trasladada a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Boleíta, ubicada en Caracas, así lo informó su madre, Jenny López, la mañana de este martes 17 de septiembre. Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, indicó que la organización también maneja la misma información, lo que hizo que un grupo de sus abogados se acercaran también este martes a la sede militar, pero los uniformados apostados en la puerta les indicaron que se presentaran nuevamente el 18 de septiembre, que allí le darían detalles.
La detienen por ser hija de un Coronel que participó en la intentona del 30A
De acuerdo con familiares de Michelle, el motivo que generó su detención es el ser hija del Coronel de la Guardia Nacional y ex juez militar Ramón Alí Peñalver Vásquez, un hombre que presuntamente participó en el alzamiento cívico-militar del 30 de abril encabezado por el presidente encargado Juan Guaido y el líder opositor Leopoldo López.
Con Michelle ya van cinco ciudadanos venezolanos que han sido detenidos por organismos policiales o militares por ser familiares o mantener una relación sentimental con alguien a quien el gobierno se la tiene jurada, según afirmó Himiob. El abogado indica que el Estado apresa a familiares con el fin de crear una especie de extorsión o para sacarles información, a través de la intimidación.
Uno de estos casos es el del médico José Alberto Marulanda Bedoya, quien fue apresado por uniformados de la Dgcim, el domingo 20 de mayo -día en que se celebraron las elecciones presidenciales-, en un restaurante en El Hatillo mientras desayunaba. Fue llevado a la sede del Sebin, en Boleíta, municipio Sucre. Meses después fue trasladado a la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra actualmente.
Abogados del Foro Penal explicaron que funcionarios del Dgcim no detuvieron al traumatólogo por un crimen cometido, una mala praxis en la que se viera envuelto o manifestar públicamente en contra del Gobierno, sino por mantener una relación sentimental con una oficial de la Armada Nacional, quien, según participó en reuniones para llevar a cabo un levantamiento militar que tenía como fin la separación del poder de Nicolás Maduro.
Otra historia similar la vivió el joven Juan Pedro Lares, hijo del alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares, quien fue detenido la tarde del 30 de julio de 2017, mientras estaba por finalizar la jornada de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Grupos armados y funcionarios policiales llegaron a su vivienda con el fin de llevarse a su padre tras amenazas que habían sido impuestas por el exgobernador del estado andino Alexis Ramírez por su presunta complicidad con la colocación de barricadas en el municipio. Sin embargo, Omar Lares logró huir; también su esposa y su hijo de 13 años, pero Juan Pedro, su primogénito de 23 años, quedó atrapado en el cerco y fue retenido. El joven permaneció un año en un calabozo en la sede del Sebin en El Helicoide.
En la lista también se encuentra el empresario Carlos Eduardo Marrón Colmenares, dueño del portal Dólar Pro, quien detenido en modo de presión para capturar a otro; y Arnaldo José Cabas Sanabria, hijo menor del presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica, Winston Cabas, a quién se le ordenó investigar por alertar nuevos apagones y hacer comentarios del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Funcionarios del Sebin allanaron la vivienda del ingeniero y no lo encontraron, por ello se llevaron a su hijo quien permaneció detenido durante 24 horas.
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