El presidente Nicolás Maduro anunció este martes que seguirá tomando medidas «estructurales y radicales» en la frontera con Colombia, en una jornada en la que se oficializó ampliar a toda la zona fronteriza del estado Táchira el estado de excepción.
Maduro hizo la advertencia desde China, donde se encuentra realizando una visita oficial, durante su programa de televisión transmitido desde el país asiático en el que insistió que tiene la «obligación constitucional» de tomar medidas en la zona limítrofe con Colombia «para construir una nueva frontera».
El gobernante también insistió en que quiere hablar con su par colombiano, Juan Manuel Santos, para reiterarle las condiciones que ha puesto para levantar el cierre de la frontera que opera desde el pasado 19 de agosto en el Táchira y el estado de excepción.
Destacó que, en primer lugar, Colombia tiene que tomar medidas para prohibir «expresamente» lo que llama «ataque a la moneda venezolana» que se hace a través de casas de cambio en ciudades fronterizas colombianas «y en Bogotá».
Asimismo, repitió que otra de las condiciones es que Colombia se comprometa a tomar «acciones concretas para corregir el contrabando de extracción que viene desangrando la economía de la frontera» y golpea las cadenas de aprovisionamiento de productos en el país.
Maduro insistió en estas «propuestas» cuando se conoce de la publicación en Gaceta Oficial del decreto de expansión del estado de excepción a otros cuatro municipios de Táchira por medio del que se permite la revisión de viviendas, comercios y personas en la zona.
Además, este decreto se hace público un día después de que en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara que los cancilleres del continente aborden en su seno la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela.
Santos, por su parte, aseguró hoy que la Fiscalía de su país está «considerando seriamente» denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos «crímenes de lesa humanidad», a raíz de la deportación de centenares de colombianos.
El presidente colombiano también dijo que su Gobierno no acudirá a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para ventilar la crisis con Venezuela.
Según un informe difundido ayer realizado por funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país «por miedo».
Según el decreto difundido hoy, se realizarán «inspecciones» y «revisiones» a viviendas o lugares de reunión de personas naturales, establecimientos comerciales, recintos privados abiertos o no al público, con el objetivo de investigar «la perpetración de delitos».
La norma establece que las autoridades venezolanas «ejecutarán registros» para investigar «graves ilícitos administrativos» contra «las personas, su vida, integridad, libertad o patrimonio», así como delitos relacionados con la «Seguridad de la Nación», el «orden socioeconómico», la identidad y el «orden migratorio».
Todo lo anterior podrá realizarse «sin la necesidad de una orden judicial previa», aunque se aclara que en todo el procedimiento se respetará «de forma absoluta» la dignidad de las personas.
Con la ampliación de estas medidas ya son diez los municipios en estado de excepción en una zona intervenida que abarca unos 160 kilómetros de frontera completando así todo el territorio limítrofe de Táchira.
La medida del estado de excepción en parte del Táchira se tomó días después de que Maduro ordenara el cierre de la frontera, tras un ataque contra tres militares y un civil venezolanos en ese estado por parte de supuestos contrabandistas.
El Defensor del Pueblo, Tarek Wiliam Saab, dijo hoy que Colombia debería indemnizar a Venezuela «por todos los daños» que, asegura, le ha causado con «crímenes, contrabando de extracción, infiltración de paramilitares».
Asimismo, dijo que los repatriados eran indocumentados que residían en el sector La Invasión, a pocos metros de la frontera ahora cerrada, una explanada que fue allanada por las autoridades militares y policiales venezolanas.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció la llegada del último contingente para completar los 3.000 soldados que se desplegarán en los municipios fronterizos del estado Táchira.
También señaló que la OEA «es un organismo desprestigiado» y que «lo que ocurrió ayer era previsible en el sentido de que nadie puede meterse en los asuntos internos de otro país».
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